El ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, Raul Jungmann, anunció hoy la anulación del registro de propiedad de 1.899 grandes predios rurales, que suman 62,7 millones de hectáreas y equivalen a 7,4 por ciento del territorio del país.
"Es el comienzo de la muerte definitiva del latifundio" brasileño, dijo Jungmann a través de un mensaje divulgado por cadena de radio y televisión.
La medida se adoptó en el marco del proceso de reordenamiento de propiedades agropecuarias, para luchar contra ilegalidades en la tenencia de tierras, y luego de que un estudio descubrió indicios de irregularidades en 3.065 grandes propiedades, de unas 10.000 hectáreas cada una.
El Ministerio suspendió sus registros en diciembre e impidió a los supuestos dueños de negociar los predios, ceder su posesión u ofrecerlos como garantía para obtención de préstamos bancarios.
También se le dio un plazo de seis meses a los propietarios bajo sospecha para que presentaran documentos probatorios de la adquisición legal de las tierras.
Jungmann formalizó este lunes, cuando se cumplió el plazo, la cancelación definitiva del registro de las 1.899 propiedades rurales, presuntamente apropiadas por medio de fraudes.
Sólo poco más de un tercio de los convocados pudo comprobar la legalidad de la posesión.
El ministro señaló que una "gran batalla jurídica" será el paso siguiente para confirmar la medida que recupera para el Estado una cantidad de tierras que equivale a cinco veces el área obtenida en los últimos cinco años para fines de reforma agraria o 23 por ciento más que todo el territorio de España.
También explicó que tales predios quedan indisponibles para venta, repartición, herencia y como garantía para obtención de créditos, tanto en instituciones públicas como en bancos privados.
"El libro blanco de la ocupación de tierras en Brasil", distribuido por el Ministerio de Desarrollo Agrario, informa las irregularidades de tierras en los estados brasileños con mayores problemas y desnuda los mecanismos de apropiación fraudulenta.
Un caso típico es un área de nueve millones de hectáreas, distribuida por 83 municipios del estado de Pará, en el norte de Brasil, y registrada a nombre de Carlos Medeiros, quien la recibió en "cesión onerosa de derechos hereditarios".
Son tierras que Medeiros habría heredado de dos ciudadanos portugueses ya fallecidos y que él vendió a decenas de personas y empresas. Sin embargo, se probó que habían sido tierras públicas, pertenecientes al Estado nacional o al de Pará.
Las investigaciones concluyeron que Carlos Medeiros nunca existió y siquiera sus supuestos abogados pudieron localizarlo. El propietario ficticio fue el medio elegido para la apropiación ilegal de las tierras.
En los estados amazónicos del norte y oeste de Brasil se concentran la mayoría de las propiedades irregulares.
Son zonas de explotación agrícola reciente estimuladas por el propio gobierno brasileño, en especial en los años 70, cuando la dictadura militar trató de impulsar la ocupación poblacional de la Amazonia.
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con este golpe a los latifundistas, pretende "limpiar" el pasado de fraudes que dominó la tenencia de tierras y disponer de extensas áreas para nuevos asentamientos de la reforma agraria y fortalecer así la agricultura familiar y la preservación ambiental, dijo Jungmann.
Para evitar la repetición de esas irregularidades en el futuro, se presentó en el Congreso Nacional un proyecto que altera las normas de registro inmobiliario de predios rurales y tributación.
Las nuevas reglas impedirán la apropiación ilegal, con un catastro único nacional, amplía las informaciones y los datos de identificación de cada propiedad y endurece las sanciones en busca de ejercer mayor control de la situación de propiedades rurales en el país.
El ministro Jungmann indicó en rueda de prensa con los corresponsales extranjeros que el programa de reforma agraria, que asentó 372.866 familias de 1995 a 1999, seguirá este año con la ubicación de por lo menos 90.000 familias.
El programa tiene una importancia social al inicio, permitiendo a las familias beneficiadas escapar de la pobreza y practicar una agricultura de subsistencia.
Con la educación de los hijos, un componente esencial del proceso, las familias ganarán condiciones tecnológicas y de productividad que les permitirán competir en el mercado interno y externo, estimó el ministro.
Mejorar la calidad de vida de los campesinos en Brasil sigue siendo un objetivo importante, porque el país aún posee 23 por ciento de su población, que equivale a 34 millones de personas, viviendo en el medio rural.
La mitad de ellos es económicamente activa y 13 millones se dedican a la agricultura familiar, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario. (FIN/IPS/mo/dm/if ip dv/00
