El Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) pidió hoy a la justicia la detención de los científicos que avalaron la importación de maíz transgénico, por considerar que lo hicieron en forma ilegal.
Los miembros de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) cometieron el delito de "desobediencia civil", al emitir el viernes una resolución favorable a la importación de 13 variedades de maíz genéticamente modificado, arguyó el no gubernamental IDEC.
La CTNBio determinó que no existen riesgos para la salud humana y el ambiente si el grano es utilizado en la alimentación animal, luego de examinar durante tres días estudios hechos en Argentina, Canadá, Estados Unidos y Europa.
La decisión de esta Comisión, vinculada Ministerio de Ciencia y Tecnología, recomienda sin embargo inspeccionar los desembarcos de este tipo de maíz, que además debe ser transportado en condiciones que impidan su dispersión y procesado en su totalidad para evitar que sea utilizado como semilla.
Ante ello, la coordinadora del IDEC, Marilena Lazzarini, acusó a la Comisión científica de violar un fallo judicial que la había prohibido emitir una resolución al respecto sobre alimentos transgénicos, sin cumplir antes algunas exigencias legales.
El juez Antonio de Souza Prudente, de Brasilia, exigió el 26 de junio la definición de "normas de seguridad alimentaria, comercialización y consumo de alimentos transgénicos", como condición previa a cualquier parecer de la CTNBio.
También fijó un plazo de 90 días para el cumplimiento de esa tarea. Otra exigencia es un estudio sobre el impacto ambiental.
El IDEC solicitó formalmente este lunes al juez que haga cumplir su decisión, suspenda la resolución técnica del viernes y sancione a los miembros de la Comisión, incluyendo la prisión por el delito de desobediencia civil.
La presidente de CTNBio, Leila Oda, dijo no haber sido notificada del fallo judicial.
Sin embargo, El IDEC asegura haberle entregado una comunicación al respeto, además de sostener que Oda estuvo presente en el tribunal cuando se dio a conocer la sentencia del juez.
Oda aclaró que la evaluación de los técnicos no determina la importación, que depende de la decisión final del Ministerio de Agricultura.
La justicia embargó en las últimas semanas varios cargamentos de maíz argentino depositados en puertos brasileños, al hacer lugar a denuncias del IDEC y del grupo ambientalista internacional Greenpeace sobre la posible presencia de transgénicos.
La siembra y comercialización de granos genéticamente modificados están prohibidas en Brasil, por iniciativa de las dos organizaciones no gubernamentales que argumentan no haber estudios seguros sobre sus efectos en el ambiente y en la salud humana.
La CTNBio, sin embargo, ya había emitido otra resolución, descartando riesgos en la siembra de la soja Roundup Ready, de la empresa transnacional de origen estadounidense Monsanto, modificada para resistir a un herbicida de la misma firma.
La controversia puede intensificarse este año, debido a que Brasil necesita importar de dos a tres millones de toneladas de maíz para atender el aumento de la producción de pollos y cerdos.
Además, la cosecha local de ese grano fue dañada por una prolongada sequía en las regiones productoras.
Argentina, tradicional proveedora del mercado brasileño, liberó la siembra de transgénicos, lo cual generó las sospechas de que todas sus exportaciones pueden contener granos genéticamente modificados. Otra fuente es Estados Unidos, en situación similar.
Los empresarios de la avicultura y la suinocultura temen la falta de abastecimiento y por eso aplaudieron la decisión de CTNBio.
Por otro lado, recelan de la pérdida de mercados externos, principalmente en Europa, ante la divulgación de que sus animales podrían ser alimentados con maíz transgénico.
El movimiento europeo de rechazo a modificaciones genéticas en los alimentos es uno de los motivos de la hesitación del gobierno brasileño en autorizar la siembra comercial de transgénicos en el país. Europa es el principal mercado para la soja y las carnes brasileñas, de producción convencional.
De esa forma se suman razones comerciales, ambientales y sanitarias en contra de las opiniones técnicas de CTNBio. Las ventajas del grano modificado, aumento de productividad y reducción de costos, se contraponen al riesgo de perder exportaciones.
La indefinición se debe también al temor de reacciones en el mercado interno, que absorbe 85 por ciento de la producción avícola local.
El IDEC y Greenpeace denunciaron hace dos semanas que 11 alimentos industriales, vendidos normalmente en el país, contienen una pequeña parte de productos transgénicos. (FIN/IPS/mo/dm/en ip/00