El derrame de petróleo en el río Iguazú, que cruza el sur de Brasil y desemboca en el Paraná, en la frontera con Argentina y Paraguay, realza la necesidad de que el Mercosur armonice sus leyes y políticas ambientales, alertaron activistas.
Extender la integración a esa área es urgente, según una declaración conjunta que las organizaciones no gubernamentales WWF- Brasil y la Fundación Vida Silvestre Argentina dirigen a los gobiernos de los cuatro países miembros del Mercosur (Mercado Común del Sur).
Las negociaciones de un acuerdo ambiental del bloque, iniciadas hace más de cuatro años, están paralizadas, aunque hay un Subgrupo de Trabajo dedicado al asunto, denunciaron las organizaciones.
El accidente ocurrido el 16 de julio en una refinería de la empresa estatal brasileña Petrobrás, con la ruptura de un oleoducto, dejó escapar cuatro millones de litros de crudo, gran parte del cual se vertió en el río Bariguí, afluyente del Iguazú.
Petrobrás y autoridades ambientales aseguran que la mancha petrolera no llegará a la frontera, ya que fue contenida por barreras colocadas en el río Iguazú. Solo quedan menos de 250.000 litros a ser retirados del río, según el Instituto Ambiental del estado de Paraná.
Pero el secretario de Turismo argentino, Hernán Lombardi, dijo temer que residuos de petróleo, como hidrocarbonetos, contaminen las aguas del fronterizo Parque Nacional de Iguazú, importante fuente de ingresos turísticos, más de 500 kilómetros río abajo.
Tanto Argentina como Paraguay manifestaron la intención de cobrar indemnizaciones a Brasil, en caso de pérdidas provocadas por el derrame.
El accidente, aunque con efectos directos contenidos en territorio brasileño, tuvo un carácter supranacional, desnudando la carencia de un marco común en materia ambiental, afirmó a IPS Alvaro Luchiesi, experto en comercio internacional del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Brasil.
La firma del Protocolo Ambiental del Mercosur es indispensable para desatar un proceso de armonización de las leyes de los países del bloque, que comparten gran cantidad de recursos hídricos, sostuvo. Además hay que abrir paso a la participación de la sociedad en las discusiones y decisiones, acotó.
Las negociaciones están bloqueadas por intereses discrepantes en varios asuntos, especialmente en biotecnología, según Luchiesi. En los últimos años nada se avanzó, pese a las dos o tres reuniones semestrales que realiza el Subgrupo de Trabajo, lamentó.
Brasil tiene leyes y procedimientos más rigurosos en la materia, en especial las relacionadas con manipulación genética de organismos vivos, lo que dificulta un entendimiento con Argentina, actualmente el segundo mayor productor de granos transgénicos, superado solo por Estados Unidos, observó el experto.
La vacilación brasileña en admitir el cultivo y el comercio de transgénicos en el país ha generado una intensa batalla judicial para la importación de maíz argentino.
Las organizaciones ambientalistas y de defensa del consumidor lograron embargar varias veces el desembarque de cargamentos en que se comprobó la presencia de granos genéticamente modificados.
La esperanza de Luchiesi es que, en este semestre en que Brasil preside el Mercosur y el nuevo gobierno argentino se adueña de las riendas del poder, se pueda "sacudir" el Subgrupo y efectuar "algún paso concreto que permita vislumbrar un acuerdo hasta el final del próximo año".
Los problemas ambientales comunes del Mercosur están vinculados especialmente al agua, con muchos ríos naciendo en Brasil y fluyendo hacia el territorio de sus socios, como el Iguazú y el receptor de sus aguas, el Paraná.
En el pasado, el aprovechamiento hidroeléctrico de algunos de esos ríos causó conflictos con Argentina. Es el caso de la central de Itaipú, en el río Paraná y compartido por Brasil y Paraguay.
La hidrovía Paraguay-Paraná, considerada clave para la integración del Mercosur, es objeto de intensa polémica entre defensores de su ampliación y ambientalistas, que temen daños para el Pantanal Matogrosense, importante ecosistema húmedo cuya mayor parte se ubica en Brasil pero se extiende a Bolivia y Paraguay.
Ahora los cuatro países tratan de definir un programa conjunto de investigación, protección ambiental y mejor aprovechamiento del Acuífero Guaraní, gigantesco reservatorio de aguas subterráneas que se extiende del centro-sur de Brasil al noreste de Argentina, pasando por Paraguay y Uruguay.
Otro ejemplo de problemas transfronterizos es la central termoelétrica a carbón de Candiota, en el sur de Brasil, a la que Uruguay atribuye la generación de lluvia ácida más allá de la frontera.
Leyes armónicas y políticas ambientales comunes también tendrán que observar sus reflejos económicos y sociales en los distintos países, observó Luchiesi, ejemplificando con la pesca que puede ser afectada por actividades agrícolas o industriales de otro país. (FIN/IPS/mo/mj/en/00
