Organizaciones ecologistas aprobaron una propuesta del Grupo de los Ocho, formado por los siete países más industrializados y Rusia, de imponer normas ambientales comunes a sus agencias de créditos para exportación.
Esas agencias son las mayores instituciones financieras solventadas por los contribuyentes, y cada año ofrecen unos 100.000 millones de dólares en préstamos y garantías de exportaciones e inversiones, principalmente dirigidas a países en desarrollo.
Dicha suma es cuatro veces mayor a los fondos ofrecidos por el grupo del Banco Mundial.
Las agencias de créditos para exportación no tienen reglas ambientales y varias veces fueron acusadas de financiar inversiones perjudiciales para los ecosistemas, al igual que instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial.
Una propuesta formulada en 1999 por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para imponer normas ambientales a esas agencias fracasó debido a demoras y acusaciones de falta de transparencia e interferencia por algunas naciones.
"La mayoría de las agencias de créditos para exportación operan sin reglas ambientales y casi en total secreto", afirmó Bruce Rich, del grupo ecologista Defensa Internacional del Ambiente.
"Ellas son responsables de proyecto como la represa de las Tres Gargantas en China y la de Ilisu en Turquía, que otras instituciones se negaron a financiar por los problemas ambientales que causarán", agregó.
El Grupo de los Ocho (G-8) se reunió el pasado fin de semana en la isla japonesa de Okinawa. Por iniciativa del presidente estadounidense Bill Clinton, los miembros acordaron utilizar el foro para promover la protección del ambiente mundial por primera vez.
"Los líderes acordaron que el G-8 redoblaría sus esfuerzos y adoptaría pautas ambientales comunes para sus agencias de créditos para exportación antes de la cumbre de 2001", dice una declaración publicada esta semana por la Casa Blanca.
Estados Unidos está fortaleciendo sus normas ambientales para sus propias agencias, como el Export-Import Bank, para imponer responsabilidades sobre la emisión de gases de invernadero y una mayor transparencia en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos.
Se prevé que Francia y Alemania se resistirán a la iniciativa del G-8, ya que han sido acusados de obstruir el proceso de la OCDE por sus antecedentes de financiación de represas, reactores nucleares y explotaciones forestales destructivos para el ambiente.
En la cumbre del G-8, Alemania se opuso a la propuesta de Estados Unidos de un fuerte compromiso con las normas ambientales en la declaración final.
Un informe publicado en mayo por el Instituto de Recursos Mundiales señaló que la financiación de las agencias de créditos para exportación agrava el cambio climático, porque 40 por ciento de los fondos se destinan a la generación de energía en base a combustibles fósiles y a proyectos con uso intensivo de energía.
Cerca de 220.000 millones de los 376.000 millones de dólares de los fondos proporcionados por esas agencias en Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos se destinaron a proyectos de energía intensiva en países en desarrollo entre 1994 y el primer trimestre de 1999.
John Sohn, analista de política internacional de la organización ecologista Amigos de la Tierra, señaló que los ambientalistas quisieran que las agencias de créditos para exportación adoptaran normas que les impidiera invertir en ecosistemas de importancia mundial.
También deberían adoptar procedimientos de consulta local con las comunidades afectadas en las áreas de los proyectos, realizar estudios de impacto ambiental y fijarse objetivos para reducir su inversión en combustibles fósiles y sustituirla por fuentes limpias de energía.
La propuesta del G-8 "es definitivamente un anuncio muy importante", destacó Sohn, y agregó que los miembros del grupo "tienen un año para cumplir sus compromisos". (FIN/IPS/tra-en/gm/da/mlm/en/00
