Un barco cargado de maíz transgénico fue atacado en el nordeste de Brasil por 1.500 agricultures y sindicalistas que protestaban contra la competencia de ese grano de bajo costo.
El ataque al buque Antillanca, con 11.600 toneladas de maíz de Argentina en que se comprobó la presencia de granos genéticamente modificados, tuvo lugar el miércoles y no provocó daños al producto ni enfrentamientos con la policía.
La manifestación contra la embarcación, que se encuentra en el puerto de Recife, capital del estado de Pernambuco, contó con el apoyo de sindicalistas de la Central Unica de Trabajadores y militantes de partidos de izquierda y otras organizaciones sociales.
Esta protesta forma parte de las que encabeza el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en todo el país, en el llamado "alzamiento del campo", para reclamar una nueva política agrícola del gobierno.
Sus líderes condenaron la importación del maíz argentino, más barato por ser transgénico, en desmedro de la producción local y agravando con la competencia desigual la situación de los agricultores brasileños, en especial en el nordeste, la región más pobre del país.
Los campesinos fortalecen así una lucha hasta ahora sostenida por organizaciones ambientalistas y de defensa de consumidores, cuyas acciones en la justicia traban la siembra comercial transgénicos y dificultando su importación.
Los avicultores locales lograron liberar un cargamento anterior de 38.000 toneladas procedente también de Argentina, tras una batalla judicial de dos meses.
Para ello arguyeron que la importación era indispensable para no paralizar la producción de carne de pollo en la región, y contaron con el aval de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que evalúa los riesgos de los organismos genéticamente modificados.
La comisión aprobó la importación del maíz, con la condición de que se destine en forma exclusiva a la industria de alimentos para animales y los debidos cuidados para evitar que se utilice como semilla, con un rígido control hasta su procesamiento.
Pero del cargamento del buque Antillanca, con una carga de 18.900 toneladas, se comprobó la presencia de transgénicos en 11.600 toneladas, por lo cual la justicia autorizó su desembarque, aunque sin especificación del destino final.
Los avicultores decidieron, ante las presiones, suspender el pedido de otras 75.000 toneladas de maíz argentino, hasta una mejor definición oficial sobre su importación. Una cosecha recién concluida en la región permite por ahora el abastecimiento en el mercado local, explicó la Asociación Avícola de Pernambuco.
Uno de las acciones del MST fue el bloqueo de una carretera en el sur de Brasil y de un puente en la frontera con Argentina, en protesta contra la importación de productos que compiten con la agricultura nacional.
Centenares de campesinos impidieron también el acceso a una sede de la empresa estadounidense Monsanto, conocida productora de semillas transgénicas involucrada en una fuerte polémica nacional e internacional.
La política agrícola del gobierno favorece a las firmas transnacionales como la Monsanto y perjudica la agricultura local, por lo cual debe ser modificada, señaló Joao Pedro Stédile, líder del MST.
El problema es que eso solo será posible con cambios en toda la política económica actual, agregó.
El no gubernamental Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor encabezó las acciones judiciales que impiden hasta ahora el cultivo comercial en el país de la soja Roundup Ready de la empresa Monsanto, arguyendo la falta de estudios sobre impactos ambientales y en la salud humana.
El ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, apoyó la iniciativa de esa organización, exigiendo más estudios sobre las consecuencias de productos con genes alterados.
Sin embargo, hace una semana firmó, junto con otros cinco ministros, una nota defendiendo el aprovechamiento de la tecnología de los productos transgénicos en el país.
Sarney Filho trató de matizar su posición, afirmando que las innovaciones tienen que cumplir las leyes nacionales y ser evaluadas en cada caso específico.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Marcus Pratini de Moraes, asumió una firme defensa del avance tecnológico, indicando que Brasil no puede abrir mano de su aporte a la productividad y previendo que la próxima cosecha del país ya incluirá transgénicos.
Entre los funcionarios y agricultores, sin embargo, existe el temor de pérdida de compradores en Europa, el principal mercado para los productos agrícolas brasileños.
El gobierno del estado de Río Grande del Sur prohibió la siembra de productos modificados en su territorio.
El MST, que lucha por una reforma agraria más amplia en Brasil, adhirió a esa posición y amenazó con incendiar siembras transgénicas, aún ilegales en el país, pero supuestamente desarrolladas con semillas ingresadas de contrabando desde Argentina. (FIN/IPS/mo/dm/en ip/00
