La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó hoy un controvertido pedido de intervención del fuero militar en la causa sobre desaparición de niños durante la última dictadura (1976-1983), delito por el que ya fueron procesados nueve ex altos jefes castrenses.
En la causa se investiga el secuestro de al menos 194 niños — algunos de ellos nacidos durante el cautiverio ilegal de sus padres—, el cambio de su identidad y la falsificación de sus documentos, delitos por los que los militares no fueron juzgados y que, por tanto, no están cubiertos por amnistías ni indultos.
Hasta el momento son nueve los ex altos militares procesados y con prisión preventiva, aunque solo dos de ellos están en la cárcel.
Los restantes, por ser mayores de 70 años, consiguieron el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos el ex jefe de Ejército y ex presidente Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera.
Los ex comandantes fueron condenados por graves violaciones de los derechos humanos en los años 80, pero seis años más tarde fueron indultados.
No obstante, los delitos que ahora se procesan no estaban incluidos en aquel juicio, y la Fiscalía procura demostrar que hubo un plan sistemático para apropiarse de hijos de los prisioneros políticos.
La nueva resolución de la Corte Suprema de Justicia se conoció horas después de una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó en una misiva al Estado su preocupación por la posibilidad de que la causa sea derivada de la justicia civil al fuero militar.
El juez Eduardo Moliné O'Connor, quien decide en nombre de la Corte Suprema durante el asueto invernal, consideró este jueves que la cuestión de competencia planteada por la justicia militar "no debe suspender el trámite de las actuaciones de la justicia federal" civil. Es decir que la causa debería seguir su curso.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reclamaba la causa por apropiación de menores desde principios de este año a fin de sacarla de la justicia ordinaria, y la Corte Suprema pareció aceptar este pedido el día 17, al reclamar a la justicia federal que le remita el expediente.
La solicitud de la Corte Suprema fue hecha por el secretario del tribunal al comenzar la feria judicial y, según trascendió más tarde, no todos los miembros estaban de acuerdo con dar curso al pedido del fuero castrense.
Ante esta situación, el juez federal a cargo, Adolfo Bagnasco, se negó a suspender sus actuaciones y dijo que sólo un magistrado de la corte —y no un secretario— podría reclamárselo. Su comportamiento fue avalado este jueves por la resolución de un miembro de la Corte.
Mientras, organizaciones de derechos humanos se habían pronunciado contra la intervención de la Corte Suprema y habían señalado que el presidente Fernando de la Rúa, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, debía ordenar al Consejo Supremo castrense abstenerse de realizar ese pedido.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo no condenó la acción del tribunal militar y se mantuvo al margen de la polémica, más allá de las declaraciones de respeto a los procedimientos judiciales vertidas por algunos ministros, hasta que la CIDH le dirigió este miércoles la carta expresando su preocupación.
La carta, firmada por el secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Jorge Taiana, señala que "los tribunales militares no ofrecen garantías de imparcialidad e independencia" para juzgar delitos cometidos por la dictadura, y reclama al Estado información detallada sobre el proceso en un plazo de 30 días.
En la misma misiva, la CIDH cuestiona los intentos de sustraer de la justicia civil federal los procesos para llegar a la verdad sobre el destino de los desaparecidos, otro asunto en que el Estado se comprometió a respetar la actuación de la justicia y en el que ahora se registran interferencias.
En este caso, la Corte Suprema pidió este mes a la Cámara Federal de Bahía Blanca que envíe a la Cámara de Casación Penal todo el expediente de los juicios por la verdad, ante el planteo de un militar que se negó a colaborar con el proceso y quedó detenido provisoriamente.
Esta medida también fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y mencionada con preocupación por la CIDH en la carta. Sobre todo porque la cúpula del Ejército manifiesta un explícito apoyo a los militares detenidos por negarse a colaborar con información.
La CIDH ya había tenido un entredicho con la Corte Suprema a mediados de los años 90, cuando el máximo tribunal argentino le negó a una mujer el derecho a reclamar la verdad sobre el destino de su hija, secuestrada en 1977 y aún desaparecida.
El caso fue llevado por organizaciones de derechos humanos ante la CIDH, la que, a su vez, logró sellar con el Estado un acuerdo para que se haga lugar a los reclamos de familiares que, tras aceptar la amnistía y el perdón para los responsables de los delitos, reclaman conocer la verdad sobre esos hechos.
Pero este acuerdo corre riesgo de ser avasallado por la Corte Suprema desde que este mes reclamó a la Cámara Federal de Bahía Blanca, uno de los juzgados que investigan el secuestro de niños, que remita la larga causa a la Cámara de Casación Penal, un trámite que pone en riesgo el proceso.
Los miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca denunciaron entonces un intento de la Corte Suprema de quitar las causas de los fueros federales para unificarlas ante la Cámara de Casación.
Luego de unificar las distintas causas, se daría a todas ellas una solución política para terminar con el "desfile de militares" ante los juzgados, afirmaron los jueces. (FIN/IPS/mv/mj/hd/00
