La abultada deuda externa de Argentina impacta con fuerza en los más diversos sectores de la sociedad, pero el tema casi no figura en la agenda pública del gobierno ni entre las preocupaciones principales de los argentinos.
Las últimas cifras oficiales divulgadas revelaron que la deuda pública externa ascendió de 50.000 millones de dólares a comienzos de los años 90 a 140.000 millones en la actualidad, pese a las amortizaciones anuales de capital y pagos de intereses.
A esa deuda estatal se le suman unos 60.000 millones de dólares de responsabilidad de privados, lo cual hace que el total alcance a 200.000 millones, una cifra alta comparada con los casi 300.000 millones de dólares del producto interno bruto y a los 18.000 millones de exportaciones anuales.
Sin embargo, la atención de los argentinos este año se centró en el alto desempleo, que en seis meses creció de 13,8 a 15,4 por ciento, en la necesidad de abatir el déficit fiscal con reducción del gasto público, rebaja salarial de los empleados del Estado incluida, y en la urgencia de implementar planes de ayuda social.
En ese marco, la cuestión de la deuda externa perdió terreno en el debate público y, pese a ser uno de los renglones más abultados del presupuesto nacional, no parece formar parte de las preocupaciones centrales del gobierno, empresarios, sindicalistas y hasta de la sociedad civil.
Los problemas más importantes para la sociedad argentina son el desempleo, la corrupción, la delincuencia, la educación, la salud, las jubilaciones, el funcionamiento de la justicia, las drogas y los bajos salarios, según la última encuesta mensual del privado Centro Nueva Mayoría.
Las obligaciones financieras externas de este país, que representan un condicionamiento básico para el desempeño de la economía y, como tal, tiene implicancias en el desarrollo de la sociedad, no aparecen en esa lista ordenada según el interés manifestado por los consultados.
Argentina ya desembolsó este año casi 5.000 millones de dólares sólo en concepto de intereses de la deuda y para el segundo semestre le resta abonar otro tanto, además de la cancelación de bonos para reducir el monto del capital, lo cual sumarán unos 20.000 millones.
El último aumento de las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos agravó el problema, ya que aumentó de 8.500 a 10.000 millones el monto de los servicios externos de este año.
La diferencia que se debió pagar por ello es mayor que lo obtenido por el controvertido ajuste de salarios en la administración pública.
Legisladores vinculados a la Iglesia Católica y sindicalistas están intentando en las últimas semanas volver a poner en debate el tema de la deuda externa, y hacen hincapié en los adeudos contraídos durante la dictadura militar (1976-1983) que llaman su componente ilegítimo.
La pretensión del grupo se enmarca en el denominado Jubileo del 2000, iniciativa impulsada por el papa Juan Pablo II para la condonación y reestructura de la deuda de los países del Sur en desarrollo, con el fin de reducir la brecha social.
Pero, a juicio de algunos economistas, el planteo de estos políticos y sindicalistas se queda en la superficie y hasta podría resultar perjudicial, sobre todo si se concentra exclusivamente en la consigna de suspender los pagos.
El economista Claudio Lozano, de la central sindical Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), explicó a IPS que, pensar en la deuda externa sólo como un mecanismo de transferencia de recursos al exterior que se debe frenar, es minimizar el problema.
Para Lozano, experto en el tema, existen tres niveles de análisis para este fenómeno: uno es el mecanismo de transferencia de recursos al exterior, otro es la injerencia de los organismos financieros multilaterales en la definición de la política económica interna y, por último, la acumulación de capitales.
Esa concentración de activos por parte de grupos empresariales está indisolublemente ligada al endeudamiento externo y a la fuga de capitales. "Si no se altera esta lógica, el problema no se resuelve sólo con dejar de pagar", comentó.
Lozano y colegas de la Universidad de Quilmes y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sostienen que el proceso comenzó en la década del 80 con empresas argentinas que se endeudaban en el exterior para luego invertir esos capitales en el país.
La tesis de esos expertos sostiene que esa inversión no fue productiva, sino especulativa.
Las empresas accedían a préstamos externos con intereses bajos y colocaban ese capital en Argentina a tasas mucho más elevadas. La renta, a su vez, la colocaban en el exterior, donde obtenían una nueva diferencia a su favor, explican.
Este mecanismo de acumulación de capital se interrumpió en forma parcial en la primera mitad de la década del 90, con la reestructura de la economía argentina que permitió eliminar la hiperinflación, la refinanciación de la deuda externa, las privatizaciones y la apertura económica.
En ese lapso, las empresas nacionales intervinieron en la subasta de empresas del Estado, en la cual también participaron inversionistas externos que aprovecharon la oferta de capitalización de la deuda externa del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) con la entrega de activos públicos a cambio del rescate de títulos.
Sin embargo, la lógica de valorización financiera volvió a primar poco después y, al finalizar los años 90, la deuda se había incrementado casi en el mismo monto, pese a que el Estado desembolsó en ese período más de 70.000 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones.
"La transferencia de recursos a los acreedores externos en la última década constituyó un fenómeno importante, pero de menor relevancia relativa comparado con la notable rentabilidad financiera conseguida por los grupos económicos", dice el economista Eduardo Basualdo, de Flacso, en su libro "Acerca de la naturaleza de la deuda externa".
Por eso, Lozano, Basualdo y otros expertos entienden que el problema de la deuda externa argentina sólo se puede abordar si se incorpora al debate la necesidad de regular el poder de este sector tan concentrado de empresas nacionales y externas, y frenar este mecanismo de valorización financiera de su capital.
"No se visualiza claramente la relación que hay entre la deuda externa y el aumento de la pobreza y el desempleo, pero tampoco abundan los sectores que quieran que esta relación se perciba porque el gobierno necesita de los capitales de esos consorcios a los que debería cuestionar ", sostuvo Lozano.
El experto agregó que difícilmente un gobierno, como el de Fernando de la Rúa, que asumió en diciembre, que manifiesta dificultades para recaudar impuestos o para regular el capital, podría plantarse ante el sistema financiero internacional con un programa unilateral de refinanciación de deudas.
En este sentido, Lozano consideró necesario reforzar el poder del Estado para controlar la acumulación de capital en sectores reducidos de la sociedad y, luego, plantear una estrategia común con otros países endeudados de la región, como sus socios en el Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay).
"Esta estrategia tiene un largo camino por delante, pero podría ser viable si se acompaña con la reestructura interna de la concentración de capital, mientras que el planteo de no pagar la deuda directamente es un camino sin tránsito posible porque implica confrontar con el sistema financiero mundial", advirtió. (FIN/IPS/mv/dm/if ip/00
