Un empresario argentino secuestrado en los años 70 se manifestó hoy consternado por la decisión judicial de liberar al ex agente de inteligencia militar Leandro Sánchez Reisse, miembro de una banda que mediante actividades ilegales recaudaba fondos para dictaduras de América Latina.
El financista Fernando Combal fue secuestrado en 1979 cuando viajaba en un taxi, permaneció cautivo 18 horas, fue torturado con choques de electricidad y su familia debió pagar un millón de dólares para recobrar su libertad.
Sánchez Reisse era uno de los acusados por el secuestro —otro fue Rubén Bufano—, y, una vez extraditado desde España en 1995, la fiscalía pidió 12 años de prisión para él por considerarselo autor intelectual del delito. Pero la justicia lo absolvió este jueves al considerarlo "libre de culpa y cargo".
"No advierto que las probanzas de cargo acumuladas permitan arribar, con el grado de certeza necesario, a un juicio de condena", sentenció el juez en una instancia que pone fin a un expediente de unos 30 volúmenes.
Combal se declaró "muy consternado" por la absolución, recordó que su secuestro estaba probado y acusó al juez del caso, Eduardo Niklison, de arrogarse la facultad de perdonar, que corresponde a la víctima, y no juzgar, como correspondería a su función.
Nikilson determinó en su fallo que solo los protagonistas conocen la verdad, la cual permanecerá en la memoria de los involucrados, una mención ambigua que podría sugerir que el magistrado apoya la tesis de la defensa de Sánchez Reisse acerca de un "autosecuestro".
El empresario recordó que intenta hace 21 años el esclarecimiento de su caso, similar al de otras víctimas de secuestros extorsivos durante la dictadura militar (1976-1983), cuando esta práctica ilegal era frecuente como forma de recaudar fondos para el financiamiento de la represión.
Hasta el momento no hay responsables detenidos en este caso, pero Combal remarcó que la fiscalía ya apeló la decisión judicial y será la Cámara del Crimen (tribunal penal de apelaciones) la que deberá ahora pronunciarse sobre el supuesto delito.
El periodista Juan Gasparini, autor del libro "La pista Suiza", calculó este viernes en cerca de 40 millones de dólares el monto total obtenido mediante secuestros, destinado también a respaldar operaciones contra la guerrilla izquierdista en países como Honduras, Nicaragua, Bolivia o Chile.
Sánchez Reisse es contador y se lo señaló como administrador de un grupo de recaudadores dependiente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, bajo cuya órbita operaba también en los años 70 el Grupo de Tareas Exteriores que realizaba inteligencia en comunidades de exiliados políticos.
El ex agente había sido detenido en los años 80 en Ginebra cuando intentaba cobrar un rescate de 1,5 millones de dólares de otro empresario, el uruguayo cautivo en Argentina Carlos Koldobsky.
La justicia en la ciudad suiza lo puso en prisión hasta que en 1985, aprovechando su libertad condicional, huyó a Estados Unidos.
A pesar de estar amparado por supuestos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), Sánchez Reisse fue detenido nuevamente poco después.
Allí declaró ante la comisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Senado que sus superiores eran el ex mayor Raúl Guglielminetti y el ex titular del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason, acusado por gravísimas violaciones de derechos humanos.
Sánchez confesó entonces que el Grupo de Tareas Exteriores también se había especializado en el blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico para utilizarlos en el combate contra la guerrilla en América Central.
Mediante dos empresas fantasmas en Miami, los represores argentinos "lavaron" 30 millones de dólares del narcotráfico, según el testimonio del contador ante el Senado, y ese dinero, girado a Suiza, Lichtenstein, Bahamas e Islas Caymán, finalizó en manos de la "contra" nicaragüense (oposición al gobierno sandinista).
Las vinculaciones con el narcotráfico eran conocidas por la CIA, según declaró Sánchez, y mencionó a otro agente de su país, Juan Martín Ciga Correa, quien tiene pedido de captura de la justicia argentina por el asesinato en 1974 del ex comandante del Ejército chileno Carlos Prats, en este país.
Una vez extraditado desde Estados Unidos, la justicia argentina lo dejó en libertad. Pero otro magistrado revisó la condena y volvió a pedir su captura. Bajo la nueva solicitud, el ex agente fue detenido en España en 1995 y extraditado desde allí poco tiempo después.
Una vez en Argentina permaneció prisionero en un edificio de la Gendarmería que alberga a detenidos que fueron funcionarios o jueces —una cárcel identificada popularmente como reclusión para presos VIP (por las siglas en inglés de "personas muy importantes)— hasta este jueves, cuando el juez Nicklison lo puso de nuevo en libertad. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/00