El Parlamento Centroamericano (Parlacen) afronta hoy una de sus peores crisis desde que fuera instalado en 1991, víctima de la indecisión de los gobiernos y blanco de críticas por haber engullido enormes presupuestos con pocos resultados, dijeron expertos.
La polémica sobre el Parlacen divide en la actualidad las opiniones en América Central, entre quienes pretenden enterrarlo para siempre y aquellos que están a favor de su supervivencia, pero claman por mejorarlo.
Este foro regional, con sede en Guatemala, ha recibido fuertes cuestionamientos de parte de analistas que entienden se ha convertido en un gran aparato burocrático sin poder, ya que sus resoluciones no son de acatamiento obligatorio.
Otros críticos apuntan a que no ha sido una institución integradora, pues Costa Rica decidió no formar parte de ella por renuencia y el argumento de que es una entidad que "gasta mucho y obtiene poco".
"El Parlacen ha sido víctima de la falta de voluntad política de los gobiernos de la región, que no han tenido una clara vocación integracionista", explicó a IPS Luis Guillermo Solís, de la no gubernamental Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem).
Solís sostiene que muchos de los diputados que han llegado al parlamento regional son políticos de importancia en sus países de origen, pero que a la hora de actuar en ese ámbito no han sido capaces de impulsar leyes y reformas integradoras.
El Parlacen es uno de los principales organismos regionales y está conformado por 20 representantes titulares, con sus respectivos suplentes, por cada uno de los países miembros, que hoy son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, además de Taiwán como miembro observador.
Para Solís es necesaria la existencia del Parlacen, pero antes es imprescindible que los gobernantes de América Central fijen cuál es la integración a la que aspiran, para así definir claramente las funciones del congreso regional.
El istmo vivió todo un terremoto político el 22 de junio, cuando el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, sugirió que era necesaria la disolución del Parlacén por ser "inoperante y tener un costo económico muy alto".
Los seguidores de la idea de Portillo sostienen que el congreso, con un presupuesto anual de 20 millones de dólares, resulta muy oneroso para las alicaídas economías centroamericanas y, además, se ha convertido en un refugio de impunidad para muchos políticos cuestionados.
En este sentido, algunos expertos señalan que el Parlacen se ha convertido en un villano que consume recursos y resguarda con su inmunidad a muchos ex presidentes y vicepresidentes (pasan a ser miembros natos una vez que dejan sus cargos) acusados de corrupción.
En este marco de discusión, esta semana surgieron propuestas para lograr la sobrevivencia del Parlacen, pero tras una reformulación del mismo.
El canciller de Costa Rica, Roberto Rojas, propuso que el congreso del istmo sea un "parlamento de parlamentos", es decir que se constituya con legisladores que ya formen parte de los legislativos nacionales de cada uno de los estados miembros.
Rojas sostuvo que esta fórmula procuraría que los funcionarios del foro se reúnan periódicamente, lo cual permitiría una mayor economía de recursos.
Otra iniciativa fue lanzada por el ex presidente de Honduras y actual presidente de la Comisión Política del Parlacen, José Azcona, quien pidió a los gobiernos aprobar el IV Protocolo de Integración, que le daría poder para que sus decisiones sean de acatamiento obligatorio.
El analista hondureño Jorge Ramón Hernández-Alcerro indicó a IPS que todo este panorama es un reflejo de la crisis que vive el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), pues muchas de sus instituciones no han dado la talla en 30 años que lleva el proceso de integración.
Los críticos del actual sistema de integración insisten en que las trabas y la descoordinación pno sólo del Parlacen sino de otras instituciones del área- se deben a la ausencia de una fuerza política que encabece los esfuerzos integracionistas.
En todo caso, la controversia ya ha provocado la opinión de terceros países que han manifestado su oposición a una disolución del congreso regional, porque sería una "mala señal democrática" a los ojos de Europa y de otros donantes internacionales.
"Creo que la decisión que se adopte, ya sea que se mantenga el Parlacen o que se sustituya por otro organismo, debe tener en cuenta que es necesario darle derechos y potestades a quien asuma esas funciones", dijo a IPS Dieter Konig, jefe de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica.
Konig opinó que el Parlamento Centroamericano no ha funcionado porque no recibió de los gobiernos potestades para hacer cumplir sus decisiones y "ningún congreso del mundo existe si no tiene derechos claros". (FIN/IPS/nms/dm/ip/00