Las memorias de la noche lluviosa que hace seis meses provocó la peor catástrofe natural en la historia de Venezuela están pobladas de desaparecidos, protagonistas de una realidad inquietante: aún no se sabe cuánta gente murió arrastrada por los aludes de barro, agua y piedras.
"Tuvimos un tipo de evento que sepultó los indicios", comentó hoy el director de Defensa Civil venezolana, Angel Rangel, al confirmar a IPS que si bien se han adelantado estudios y censos, aún no existe un número oficial de personas calificadas como de "paradero desconocido".
Defensa Civil registra 346 personas legalmente fallecidas y de 4.800 registradas como desaparecidas por familiares o conocidos, pero en ambos casos no son estadísticas definitivas de la tragedia de diciembre, calificada por el gobierno de "latigazo de la naturaleza".
La tragedia fue particularmente devastadora para el estado costero de Vargas, unos 35 kilómetros al norte de esta capital, donde la geografía y la vida fueron violentadas por las lluvias extraordinarias atribuidas al fenómeno meteorológico de La Niña.
Las lluvias cayeron sobre Venezuela durante gran parte del mes de diciembre, pero se intensificaron en la noche del día 15, cuando los habitantes de este país terminaban de votar una nueva Constitución. Al amanecer del 16, ya era evidente la situación de catástrofe.
El principal representante del gobierno para las tareas de reconstrucción de Vargas, el ministro de Ciencia Carlos Genatios, comentó el viernes al matutino El Universal que una encuesta había determinado la existencia de 15.000 desaparecidos.
Pero la cifra no fue confirmada por organismos oficiales. "Es un rompecabezas que aún estamos armando", advirtió el director de la Defensa Civil, al plantear que el número definitivo "nunca se va a saber con exactitud".
La falta de información concreta sobre los desaparecidos y muertos es uno de los legados más tenebrosos de esta tragedia, que convirtió a la franja costera de Vargas en una zona plagada de ruinas y polvo, como si una guerra relámpago le hubiera pasado por encima.
Rangel contó que en busca de la información sobre víctimas su organismo ha realizado censos, evaluaciones con las juntas de vecinos, indagaciones en los registros de las empresas de servicios, pues no existía información demográfica confiable sobre los habitantes del estado costero.
Es un secreto a voces para quienes viven o visitan la zona afectada que gran parte de los desaparecidos permanecen enterrados bajo acumulaciones de lodo y piedras. En medio del drama de la tragedia en diciembre, el gobierno planteó la posibilidad de decretar algunos lugares como "camposanto".
Las lluvias convirtieron en torrentes las quebradas que bajan desde la cadena montañosa que separa a Vargas de Caracas, y el agua arrastró lodo y rocas. Los aludes arrasaron con casas, inundaron edificios, destruyeron elegantes clubes e invadieron el mar, provocando escenas dantescas que horrorizaron al país.
Un estudio de la Oficina Central de Estadística e Informática, cuyos resultados fueron facilitados por la oficina de la Autoridad Unica de Vargas dirigida por el ministro Genatios, estimó en base a proyecciones que la población de Vargas en el momento de la tragedia era de 308.000 habitantes.
Después de la catástrofe la oficina estadística estatal realizó un censo según el cual había casi 225.000 personas viviendo en la zona y otros 80.000 damnificados ubicados en otras regiones del país, con lo cual el total de población llegaba a 305.000 personas.
La diferencia de 3.000 personas, sin embargo, es considerada conservadora para estimar el número de víctimas, en especial porque el estado tuvo un crecimiento descontrolado de población, que, según los especialistas, agravó la magnitude de la tragedia.
Gran parte de las casas y edificios afectados por los aluviones estaban construidos en zonas donde teóricamente estaba prohibido habitar.
Desde el presidente Hugo Chávez hasta los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas han recalcado los efectos perniciosos del desorden en la ocupación territorial de la región.
Algunos familiares de personas desaparecidas que crearon organizaciones para unir sus esfuerzos de búsqueda han manifestado claramente su impaciencia por la falta de datos sobre las víctimas a seis meses del desastre natural.
"Es muy importante que el Estado publique un listado con el nombre de personas desaparecidas y muertas", advirtió este jueves Liliana Ortega, directora de la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic).
Ortega planteó a IPS que, de acuerdo con la Constitución y las leyes de este país sudamericano, "todos tenemos derecho a saber la verdad y tenemos derecho a la identidad", y sugirió que la falta de información puede afectar los derechos humanos de los familiares de las víctimas.
Cofavic, creada para buscar justicia en relación con las víctimas del Caracazo del 27 de febrero de 1989, cuando la represión de desórdenes populares dejó casi 300 muertos, planteó en enero ante la fiscalía general la necesidad de determinar la identidad de los desaparecidos por el desastre natural.
Ortega destacó que la organización incluso puso a disposición de las autoridades la ficha técnica de identificación de víctimas elaborada como resultado de la colaboración con un equipo de medicos forenses argentinos que apoyó a Cofavic en su búsqueda.
"Lamentablemente no hemos tenido una respuesta oficial", comentó.
Nuebtras, los seis meses transcurridos desde la tragedia han acumulado las impaciencias de los habitantes de Vargas, que suelen protagonizar protestas en demanda de mayor rapidez en la reconstrucción, cuyo costo total aún no ha sido precisado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó en enero que los daños a la infraestructura causados por la tragedia en 3.200 millones de dólares, la mayor parte en el estado de Vargas.
Sin embargo, los técnicos del organismo advirtieron que los costos de reconstrucción serían mayores.
Genatios explicó que los retrasos en la reconstrucción se relacionan con los esfuerzos por desarrollar medidas adecuadas de prevención de desastres y de ordenamiento territorial, pues las zonas arrasadas no volverán a ser edificadas. (FIN/IPS/lc/mj/en hd/00
