El primer caso de supuesta corrupción de la República Bolivariana de Venezuela llevó hoy al principal parlamentario oficialista al banquillo de los acusados, en un juicio oral televisado en vivo y en directo.
El caso, ventilado en una audiencia con el plenario del Tribunal Supremo, acaparó la atención de la opinión pública que tuvo la oportunidad de presenciar el enfrentamiento entre dos figuras del proceso de cambios impulsado por el presidente Hugo Chávez, portador de un fuerte discurso anticorrupción.
"Las nacientes instituciones de la nueva República están siendo puestas a prueba", comentó el presidente este viernes, en una entrevista televisada. Chávez ha asegurado que no intervendrá en este proceso, pese a la prominencia del acusado.
En el banquillo de los acusados se sentó el octogenario político Luis Miquilena, presidente de la Comisión Legislativa de transición que hace las veces de parlamento y principal dirigente del Movimiento V República (MVR), el partido del presidente.
Miquilena, quien en este gobierno también fue ministro del Interior y presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva carta fundamental, fue acusado ante la Fiscalía de tráfico de influencias en beneficio de una empresa de la cual había sido copropietario y de una aseguradora de uno de sus ex socios.
Desde la acusación habló el fiscal general Javier Elechiguerra, quien en el pasado fue defensor personal de Chávez, a cargo de velar por los intereses del Estado en el primer año del actual gobierno, iniciado en febrero de 1999.
La audiencia televisada colocó a los telespectadores venezolanos frente a jueces vestidos de toga y una sala repleta, mientras cada parte presentaba sus alegatos. Además, fue el segundo proceso de gran trascendencia para el país transmitido en vivo y en directo en ocho días.
El 25 de mayo, los venezolanos contemplaron atónitos cómo el Tribunal Supremo decretó la suspensión de las elecciones más grandes convocadas en la historia de este país, cuando faltaban apenas tres días para la votación.
El máximo tribunal, en una sentencia leída ante las cámaras, consideró que existían fallas técnicas y falta de información. La sentencia evitó un fiasco en la votación, pero también planteó el desafío de una nueva convocatoria a comicios, esta vez bien organizados.
Las elecciones renovarán las autoridades para adaptar la institucionalidad a la Constitución vigente desde el 30 de junio, cuyo proceso de redacción fue impulsado por Chávez para sustentar un proceso de cambios que califica de "revolución pacífica y democrática".
La Constitución consagra el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela, nuevo nombre de este país.
La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que determine si existen méritos para investigar a Miquilena, quien tiene inmunidad, y sustentó ese requerimiento con detalles sobre supuestas irregularidades incurridas por la máxima figura del actual parlamento.
"La justicia no se negocia, la justicia está por encima de todo", advirtió el fiscal, ataviado de toga, en la audiencia televisada.
"El pueblo venezolano necesita que se sepa lo que está pasando aquí", dijo Elechiguerra para justificar el carácter público de la sesión.
El fiscal, que comenzó su argumento con citas a Dostoievsky, planteó la necesidad de defender "el funcionamiento de las instituciones" y la "cultura democrática".
La acción de la Fiscalía expuso ante la opinión pública heridas fundamentales en la relación entre las dos personalidades. Miquilena negó haber incurrido en delitos de corrupción, y manifestó sospechas en torno de las verdaderas intenciones de Elechiguerra.
La defensa apareció en televisión advirtiendo que "esta causa no ha debido ocupar la atención del alto tribunal" pues tiene "vicios profundos".
Miquilena llegó hasta el puesto reservado para los acusados en el Tribunal Supremo en medio de aplausos de sus partidarios, mientras en las afueras del edificio manifestantes oficialistas enarbolaban pancartas que lo calificaban de "honesto".
El Tribunal Supremo tiene un plazo de cinco días para decidir, pero cualquiera sea el veredicto la presentación de este caso y de otros dos por parte de la Fiscalía, y otras decenas de denuncias recibidas en el ministerio público, han enturbiado el historial de la nueva república propuesta por Chávez.
El presidente en sus discursos fustiga sin clemencia a los 40 años de democracia anteriores a su llegada al gobierno, que considera minados por una corrupción a la cual culpa de la fuerte crisis venezolana. (FIN/IPS/lc/mj/ip/00
