El Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernante en México, mueve su maquinaria con apuro y sin cuidar las formas para cerrar el paso al candidato opositor, que podría despojarle por primera vez en 71 años de la Presidencia el 2 de julio.
El PRI está ahora "en pie de guerra", reconocieron sus dirigentes.
Ante la arremetida, una gestión del candidato presidencial Manuel Camacho, del pequeño partido Centro Democrático, logró que los aspirantes opositores a presidente con mayores posibilidades aunaran esfuerzas.
Vicente Fox, del Partido Accion Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), suscribieron la noche del jueves con Camacho una "alianza antifraude".
El compromiso de los tres es defender el proceso electoral y combatir las acciones "del régimen contrarias a la equidad y al ejercicio libre del voto". Si hay fraude, estaremos juntos, advirtieron.
Los opositores no cuestionan el profesionalismo del Instiuto Federal Electoral (IFE), que por primera vez es independiente del gobierno para el caso de elecciones presidenciales, pero sí los mecanismos que estaría usando el PRI para frenar a la oposición.
El opositor Fox, candidato de una alianza entre el conservador PAN y el Partido Verde Ecologista y al que apoyan políticos de diverso signo, lidera algunas encuestas y en otras mantiene un empate técnico con el postulante del PRI, Francisco Labastida.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron en los últimos días una supuesta operación conjunta del gobierno y el PRI para "comprar" electores, exigir el apoyo de burócratas, amenazar con represalias a los beneficiados por programas sociales y promover la idea de que habrá un caos si gana la oposición.
Además, la publicidad del gobierno en los medios de comunicación se incrementó, superando con creces la de los candidatos, y estudios realizados por el Instrituto Federal Electoral (IFE), señalaron que el PRI es el partido que más cobertura recibe de la radio y televisión.
El presidente Ernesto Zedillo se sumó a la ola y declaró que su apuesta electoral es por Labastida, criticó las campañas de los opositores y se negó a retirar la difusión de su obra en los medios de comunicación, tal como lo pidió el IFE, aduciendo que no existe una norma que lo obligue a ello.
"Sí, los programas federales (…) son recursos y programas de gobiernos priistas y los vamos a utilizar para ganar la Presidencia", dijo hace poco Manuel Bartlett, uno de los operadores de la actual campaña del PRI y ex secretario (ministro) de Gobernación (Interior).
"Ahora estamos en pie de guerra", advirtió.
La actitud del PRI, que podría ser penada en algunos casos por el IFE, pues es ilegal usar recursos del Estado para apoyar a un candidato o partido, puso en alerta a la oposición.
Mientras, la organización no gubernamental Alianza Cívica, con amplia experiencia en la observación de elecciones en México y otros países, pidió al presidente que muestre "con hechos" su determinación para garantizar un proceso electoral limpio.
Las elecciones del 2 de julio se consideran las más competidas y transparentes que tendrá México desde 1929, cuando el PRI se instaló en el poder.
El candidato del partido de gobierno advirtió a inicios de mes que, si no gana con un amplio margen, México entrará en una etapa de turbulencia.
El opositor Fox, en tanto, insinuó que no reconocería un triunfo del PRI si es por menos de 10 puntos porcentuales, y Cárdenas habló de encabezar una insurección cívica si existen evidencias de fraude.
Eric Olson, director del proyecto México de la no gubernamental Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, denunció que el gobierno utiliza sus recursos para asegurarse de que el PRI gane, y difunde la idea de que los pobres no gozarán de programas sociales si otro partido llega al poder.
Una denuncia parecida formuló Sidney Weindtraub, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. El gobierno de Zedillo aumenta el gasto público para favorecer al PRI, sostuvo.
Una encuesta de la organización local Alianza Cívica revela que 40 por ciento de la población piensa que diversos programas de corte social del gobierno, entre ellos Progresa, el principal de los destinados a combatir la pobreza, pertenecen al PRI.
Además, 24 por ciento de la población pobre de México no sabe si su voto es libre y secreto y piensa que se puede saber por quien votó, indica el estudio.
Cuatro por ciento de la población afirma que ha recibido visitas de funcionarios del gobierno que les han dicho que deben votar por el PRI si desean continuar recibiendo beneficios de algunos programas sociales.
El IFE considera que es imposible que el 2 de julio, cuando también se elegirán diputados, senadores y autoridades locales, haya fraude, pues en materia de padrones, sistemas de control, cómputo y papeletas existen múltiples candados.
Si bien un fraude técnico parece es imposible, la transparencia y equidad de la elección sí estan en entredicho con las viejas y nuevas estrategias del PRI para presionar a la población. (FIN/IPS/dc/mj/ip/00
