ECUADOR: Nueva crisis militar en gestación

El malestar se propaga a varios cuarteles del ejército de Ecuador a causa de las sanciones impuestas a 76 militares por la rebelión del 21 de enero, que determinó la caída del presidente Jamil Mahuad, y por el anuncio del posible arresto de otros 204.

Las sanciones de tres, cinco y nueve días de arresto por insubordinación decretadas por el comando del ejército despertó el rechazo de la oficialidad hacia los mandos superiores y pone en peligro la unidad de las fuerzas armadas.

Los militares sancionados con cinco y nueve días de arresto no podrán participar en el curso denominado Juegos de Guerra, último paso para concluir los estudios en la Academia del Ejército, lo cual les impedirá obtener ascensos.

Esos militares serían asignados a unidades del ejército para realizar actividades administrativas hasta que cumplan los 20 años de la carrera y puedan retirarse sin ascender.

En tanto, los efectivos que sufrieron tres días de arresto tienen más posibilidades de continuar en la carrera militar, porque podrán participar en el curso Juegos de Guerra. Sin embargo, la sanción que constará en sus hojas de servicio influirá en forma negativa ante eventuales ascensos.

Los arrestados, que en su mayoría tienen 17 años de servicio en el ejército, fueron ubicados en tres cuarteles ubicados en las cercanías de Quito.

Un alto oficial activo del ejército, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró a IPS que el malestar llega a muchas unidades que no se verían representados por los mandos de la fuerza terrestre y estarían en contra de que las fuerzas armadas sean dirigidas por la marina como en la actualidad.

"Parece que la idea sería destruir a la fuerza terrestre y fortalecer, sobre todo, a la marina, un arma más vinculada a las elites de Guayaquil. No se entiende como los jefes del ejército pueden permitir eso y, además, no se dan cuenta que están jugando con fuego", señaló el informante.

Oficiales consultados en cuarteles cercanos a Quito lamentaron que estas sanciones puedan ser el comienzo de un "duro enfrentamiento interno", que no se sabe a dónde puede conducir.

"Parece que los mandos están más preocupados por sus automóviles que en la unidad militar", señalaron.

Los oficiales que acompañaron en enero al movimiento indígena de Ecuador en la rebelión contra el gobierno de Mahuad estarían siendo sancionados como parte de una "reorientación" del ejército impuesta por Estados Unidos, aseguraron fuentes militares.

Tras cumplir varios días de detención en distintos cuarteles a causa de la insurrección, los oficiales ahora sancionados fueron liberados luego de la amnistía aprobada por el Congreso el día 1, y se presentaron ante el comandante del ejército, Norton Narváez.

Luego de esa reunión, los mandos del ejército pusieron a disposición del Ministerio de Defensa por 90 días a los 18 oficiales más comprometidos con la rebelión, con la previsión de pasarlos a disponibilidad por seis meses, medida previa a la baja.

Ocho de estos 18 militares militares pidieron el pase a retiro, mientras que los 10 restantes iniciaron una apelación que debe ser estudiada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Según los coroneles se esperaba que allí terminaran los enfrentamientos y se iniciara una reconciliación de las fuerzas armadas, pero el arresto de otros 280 oficiales volvió a abrir las heridas.

Los líderes de la rebelión de enero se mostraron preocupados y señalaron que la actitud de los mandos provocará problemas que pueden lamentar en el futuro.

El coronel Lucio Gutiérrez, líder de los insurrectos y uno de los que pidió el retiro, dijo que las órdenes de arresto han generado intranquilidad en la fuerza terrestre.

"El 21 de enero, antes de entregar el poder para concretar la sucesión presidencial, los generales se comprometieron en el Palacio de Gobierno a no sancionar. Pero rompieron su palabra… y en definitiva, la amnistía fue solo para los generales y civiles", arguyó.

Gutiérrez reveló que el 12 de enero hubo generales que "ordenaron la detención de Jamil Mahuad y del actual presidente, Gustavo Noboa".

Advirtió que, "si se continúa con la persecución a los oficiales jóvenes, nos veremos obligados a decir una serie de cosas que la opinión pública no conoce… ".

El coronel Jorge Brito, otro de los que pidió el retiro para evitar las sanciones, señaló que, tras el receso parlamentario que termina a fin de mes, solicitará ser recibido por el Congreso para exponer la situación y exigir que se cumpla la amnistía.

"Hubo un compromiso de no sancionar a nadie y lo que estamos viendo es que las palabras del alto mando militar no tienen ninguna credibilidad", dijo.

Agregó que "la amnistía sirvió sólo a los generales que, incluso, fueron condecorados, pero no pasa lo mismo con los oficiales que perdieron su carrera y son sancionados", arguyó Brito

También indicó que en un momento oportuno se conocerán los detalles de todo lo que se movió en las sombras el 21 de enero, y aseguró que "estamos muy cerca de que llegue ese día".

La alta fuente militar consultada por IPS aseguró que la represalia contra los coroneles responde más a presiones de Estados Unidos que a la intención real de castigarlos por la rebelión.

"Está muy claro que los mandos no temen un cisma en el interior de las fuerzas armadas, como se puede producir, porque así empiezan a cumplir el objetivo de reestructuración impuesto por Washington", señaló.

El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Charles Wilhelm, aseguró que, tras el convenio que les permite utilizar la base militar y el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, uno de los objetivos de Washington es "reorientar" las fuerzas armadas de Ecuador.

"Parte de esa reorientación es modificar la formación de los militares ecuatorianos por una como la de los ejércitos del Cono Sur de América o de Colombia, dentro de una doctrina represiva", comentó la fuente.

El ex general retirado y alcalde electo de Quito, Paco Moncayo, se mostró contrario a que se modifique la educación de los militares ecuatorianos.

"Si quieren unos monstruos encerrados y fuera del contacto de la realidad para luego soltarlos y reprimir al pueblo cuando reclame por justicia, van a hacerle el mayor daño al país y a la institución militar", afirmó Moncayo.

La modificación del tipo de educación que se imparte a los militares es apoyada por León Febres Cordero, actual alcalde de Guayaquil y líder del derechista Partido Social Cristiano, quien aseguró que lo militares no están para pensar como sociólogos sino para actuar.

Para el ministro Defensa, Hugo Unda, las fuerzas armadas "están desangrándose", pues un numeroso grupo de sus miembros se ha retirado o ha sido castigado tras la rebelión de enero.

"Las fuerzas armadas son la única institución afectada, sin ser un problema militar. Es un problema político en el que desgraciadamente se vieron involucradas", expresó.

Respecto de la formación militar, Unda cree que el apoyo que brinda la institución al desarrollo del país debe estar regulado.

Agregó que uno de los factores a ser considerados en el cambio de formación militar es el de inculcarles más responsabilidad con el Estado, para que los oficiales "sepan diferenciar entre las obligaciones y las vinculaciones de carácter emocional".

Unda también aseguró estar preocupado por la tendencia política que se marca en los institutos y academias militares en la actualidad.

"Comparto la idea de las libertades académicas, pero lo malo está cuando las tendencias ideológicas se dirigen en una sola dirección", concluyó. (FIN/IPS/kl/dm/ip/00