La lucha contra las drogas es, después de la represión a la insurgencia política en la década del 80, el nuevo argumento que esgrime Estados Unidos para intervenir en América Central, según una importante organización de derechos humanos de la región.
"Si en los años 80 la justificación del intervencionismo de Estados Unidos era el combate a las insurrecciones (políticas), hoy lo es la lucha contra el narcotráfico", aseguró a IPS Celia Medrano, coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
Medrano hizo estas declaraciones en momentos en que el parlamento de El Salvador debate la ratificación de un convenio que permitirá a militares estadounidenses utilizar el aeropuerto internacional de San Salvador en la lucha contra el tráfico de drogas.
Las apreciaciones de Codehuca fueron rechazadas por el ministro de Seguridad de El Salvador, Francisco Bertrand, quien las calificó de "exageradas".
Codehuca, que agrupa a más de una decena de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos centroamericanos, rechaza el convenio porque lo considera lesivo para la soberanía salvadoreña.
"Estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el narcotráfico, pero no de esa manera", arguyó Medrano.
La especialista destacó que la ayuda de Estados Unidos debería estar dirigida a fortalecer las instituciones centroamericanas y apoyar la depuración de los cuerpos policiales y las elites políticas que pudieran estar penetradas por carteles internacionales.
"Nuestro gran temor es que después de que se apruebe el convenio, Estados Unidos aprovechen la situación para militarizar el área que rodea el aeropuerto de Comalapa en San Salvador", destacó Medrano.
El acuerdo ya fue firmado entre representantes de Washington y el Ministerio de Seguridad salvadoreño, pero aún falta que sea ratificado por el parlamento del país centroamericano.
Bertrand dijo a IPS que el acuerdo para la utilización del aeropuerto de Comalapa no implica "el establecimiento de una base militar".
"No estoy de acuerdo con la idea de una nueva modalidad de intervención. Esa es una versión contaminada, muy exagerada", destacó el ministro.
Bertrand aseguró a IPS que el convenio permitirá a aviones estadounidenses de control aéreo combatir el tráfico de drogas.
El ministro negó que el acuerdo lesione la soberanía de El Salvador pues, puntualizó, se trata de un acuerdo bilateral.
El convenio entre Estados Unidos y El Salvador permitiría, además del ingreso de naves estadounidenses, el abastecimiento de combustible y el descanso de los tripulantes.
Washington, que también niega la posibilidad de una violación de soberanía, utilizaría aviones P-3, que no son consideradas de combate pues no poseen armamento sino radares y equipo de rastreo de aviones y embarcaciones marítimas utilizados por los carteles de las drogas.
La ratificación permitiría instalar en el aeropuerto de Comalapa un "centro de monitoreo de la narcoactividad", en que participaría personal militar y aeronaves de Estados Unidos.
El convenio dice que "El Salvador pondrá a disposición del gobierno de Estados Unidos, sin costo, para su uso, las instalaciones, los terrenos, las servidumbres y los derechos de vía convenidos que sean necesarios, incluyendo construcciones en el Aeropuerto Internacional El Salvador o en otras instalaciones gubernamentales".
También se destaca que los oficiales de Estados Unidos estarían autorizados a usar sus uniformes y portar armas mientras estén en servicio y que además sus vehículos estarían exentos de inspección, matrícula o registro de las autoridades de El Salvador.
"Este tipo de tratado viola las constituciones y las soberanías de los países de la región", explicó a IPS Ana Ester Posada, coordinadora del área de protección y prevención de Codehuca.
Costa Rica firmó y ratificó un acuerdo de patrullaje conjunto que permite a naves estadounidenses surcar su espacio aéreo para combatir el narcotráfico.
Además, las fuerzas armadas de Honduras y de Estados Unidos iniciaron el día 14 una serie de maniobras militares en territorio hondureño destinadas durante dos semanas a la lucha antinarcóticos y al rescate acuático.
Los supervisores de estas maniobras son el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Daniel López, y el embajador de Estados Unidos Frank Almaguer.
El Salvador asiste ahora a un debate sobre un posible aumento de la presencia militar de Estados Unidos a raíz del convenio antidrogas cuya ratificación estudia el parlamento. (FIN/IPS/nms/mj/ip/00
