América Latina presentará un contradictorio balance de desarrollo social en la conferencia Copenhague+5 de la ONU, que se celebrará del 26 al 30 de este mes en Ginebra, pues si bien se redujo la pobreza, aumentó la brecha en cuanto a calidad del empleo y la distribución del ingreso.
Los logros y frustraciones de América Latina reflejan el impacto en el Sur en desarrollo de la globalización, aspecto que no estará ausente en Ginebra, donde se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Cumbre Social que se efectuó en 1995 en la capital de Dinamarca.
Esa cumbre, que congregó a más de 160 países, fue propuesta a la ONU (Organización de Naciones Unidas) por el ex presidente de Chile Patricio Aylwin (1990-1994) y su organización fue liderada por el entonces embajador ante el foro mundial, Juan Somavía, actual director de la Organización Internacional del Trabajo.
La idea motriz de la reunión de 1995 fue la necesidad de atender las desigualdades sociales y económicas, no sólo entre países ricos y pobres, sino también al interior de las propias naciones industrializadas, y propiciar la seguridad humana integral.
El proceso de globalización irrumpió con fuerza desde comienzos de los años 90, de la mano del desarrollo sin precedente de las telecomunicaciones y la informática, con efectos inmediatos en la transnacionalización de las economías a través de movimientos en gran escala de capitales al margen del control de los estados y de los organismos multilaterales.
Se multiplicaron las inversiones y los intercambios comerciales, mientras el avance tecnológico exigía cambios en la estructura del empleo y en la educación, pero, al mismo tiempo, se ampliaron fenómenos como las migraciones laborales, la desocupación y la marginalidad.
La cumbre de 1995 fue una toma de razón y una advertencia sobre los riesgos de la globalización en términos de su impacto sobre los seres humanos, y fue el propio proceso el que a fines de la década demostró que estos temores no eran errados.
La llamada crisis asiática de 1998-1999 fue, en rigor, la segunda y más intensa crisis de la globalización, después de que el sistema financiero mundial sorteara con relativo éxito el impacto en cadena, denominado "efecto tequila", con que amenazó el colapso financiero mexicano de fines de 1993.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló, en su informe especial para Copenhague+5, que el deterioro experimentado por varios países de la región en el bienio de la última crisis frenó la tendencia a la reducción de la pobreza e, incluso, la aumentó en algunas naciones.
Entre 1990 y 1997, 11 de 14 países analizados por Cepal redujeron sus tasas de pobreza, flagelo que afecta a 36 por ciento de los hogares latinoamericanos, con 220 millones de personas.
El logro fue importante, porque en 1990 la pobreza afectaba a 41 por ciento de los hogares. No obstante, el 36 por ciento alcanzado en 1997 superaba levemente el volumen relativo de la pobreza en 1980, de 35 por ciento de los hogares latinoamericanos.
El estudio de Cepal, titulado "La brecha de la equidad. Una segunda evaluación", puntualiza que en Argentina y Uruguay menos de 15 por ciento de los hogares es pobre, mientras que en Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá el índice fluctúa entre 15 y 30 por ciento.
A continuación vienen Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, con la pobreza instalada entre 31 y 50 por ciento de sus hogares, para cerrar la estadística con Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua, donde más de 50 por ciento de los hogares están por debajo de la línea de pobreza.
Chile disminuyó la pobreza urbana entre 1994 y 1998 de 23 a 18 por ciento, mientras Uruguay lo hizo de 12 a seis por ciento entre 1990 y 1994.
En el caso chileno, este logro se basó en un acelerado crecimiento económico que no implicó cambios en la distribución del ingreso, mientras los uruguayos, con menor crecimiento, lograron mejores índices de equidad.
Panamá aminoró la pobreza de 36 a 27 por ciento de los hogares entre 1991 y 1997, mientras Perú habría logrado una baja de 52 a 37 por ciento desde 1986 hasta 1997. Pero en este último país persiste una alta pobreza rural, que alcanza a 60 por ciento de los hogares.
Uruguay es el único país de América Latina y el Caribe que alcanzó efectivamente una mejor distribución de los ingresos, mientras Argentina, México, Panamá y Venezuela registraron importantes retrocesos en esta materia. A su vez, en Brasil, Chile, Costa Rica y Paraguay no hubo cambios distributivos.
La inequidad en los ingresos y la persistencia de la pobreza guardan relación con las posibilidades laborales de la población latinoamericana, tanto en términos de conseguir ocupación como de mejorar los niveles salariales con empleos de mejor calidad.
"La intensidad del proceso de reestructuración económica que vive América Latina y el Caribe desde hace ya más de una década ha definido a nuevos ganadores y perdedores.
Como resultado, se ha acentuado la ampliación de las diferencias de productividad entre las grandes empresas, líderes del proceso de modernización, y una amplia gama de áreas rezagadas, donde se concentra el grueso del empleo", señaló la Cepal.
Esta situación, "sienta las bases materiales de mayores desigualdades sociales, al acentuar las brechas internas de productividad e ingresos".
Al mismo tiempo, afecta el crecimiento, al limitar los enlaces entre los sectores productivos y la difusión del progreso técnico, lo cual repercute en la capacidad exportadora de la región, advirtió la Cepal.
De cada 100 nuevos empleos creados en la región entre 1990 y 1997, el sector informal aportó 69. Aumentó así la gravitación de la informalidad laboral, a la cual pertenece 47 por ciento de los ocupados urbanos latinoamericanos, con el respectivo impacto en la productividad y en las remuneraciones.
En 13 de 18 países de la región, los salarios mínimos reales son inferiores a los de 1980. La distancia entre los ingresos de profesionales y técnicos y los de asalariados de baja productividad aumentó 28 por ciento como promedio entre 1990 y 1997.
El problema no es exclusivo del sector informal. En nueve de 16 países estudiados, entre 30 y 60 por ciento de los asalariados del sector privado pertenece a los estratos de pobreza.
En Argentina, Chile y Venezuela, el porcentaje de pobres entre los asalariados es mayor que entre los trabajadores independientes no calificados.
El problema alcanza también a los funcionarios públicos. Entre 20 y 40 por ciento de ellos se encuentran bajo la línea de pobreza en Bolivia, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Venezuela.
En Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay, el índice es de 15 por ciento y de alrededor de cinco por ciento en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
La desigualdad en el acceso a la educación y la capacitación tiende a perpetuar la pobreza vinculada a los empleos de baja calidad.
La Cepal indica que los jóvenes de hogares pobres y con padres de bajo nivel educacional no estudian más de ocho años y deben ocuparse luego como operarios, obreros, trabajadores agrícolas o en el servicio doméstico.
En cambio, los jóvenes que alcanzan 12 o más años de estudio se desempeñan en su vida laboral mayoritariamente como profesionales, técnicos y en cargos directivos.
La pobreza determina un ingreso temprano al mundo laboral, con deserción escolar y limitaciones futuras para conseguir empleo de mejor calidad. Hacia 1997, indica la Cepal, 22 por ciento de los habitantes de la región entre 13 y 17 años de edad realizaban labores remuneradas. (FIN/IPS/ggr/dm/dv/00
