Gary Graham será ejecutado este jueves en Estados Unidos a menos que opositores de la pena capital persuadan al gobernador de Texas y aspirante a candidato presidencial George W. Bush de aplazar su muerte.
Con ese fin se realizaron manifestaciones de protesta en varias ciudades estadounidenses este martes, incluso Nueva York, Washington DC, Houston, San Francisco y Los Angeles.
En Nueva York, seis manifestantes fueron detenidos en las oficinas del décimo piso de la sede estatal del Partido Republicano, al cual pertenece Bush, mientras unas 600 personas marchaban por el centro de la ciudad con carteles que rezaban "No permitan que Bush ejecute a un inocente".
Graham, también conocido como Shaka Sankofa, fue condenado a muerte por el asesinato en 1981 de un hombre en un estacionamiento de Houston cuando tenía 17 años. El preso pasó los últimos 20 años en la cárcel esperando la ejecución.
Los abogados defensores sostienen que el juicio tuvo graves fallas ya que Graham fue condenado en base al testimonio de un solo testigo que lo habría visto fugazmente a una distancia de 12 metros.
Ninguna evidencia forense (sangre, huellas dactilares, cabello o fibras) lo vinculan al crimen, y la defensa de su primer abogado, Ronald Mock, fue mínima. Este no llamó a ningún testigo ni entrevistó a otros que dijeron que Graham no había sido el autor del crimen.
Mock, quien informó al diario The New York Times que tiene más clientes condenados a muerte que cualquier otro abogado de Estados Unidos, recibió reprimendas y suspensiones del Colegio de Abogados de Texas en varias ocasiones.
Graham, un afroestadounidense, confesó que cometió varios robos y ataques violentos, pero niega que haya matado a tiros a la víctima, Bobby Lambert.
Su caso adquiere un nuevo cariz a raíz de los últimos estudios e investigaciones periodísticas que revelaron altos porcentajes de error en los casos de pena capital, así como un fuerte sesggo contra acusados negros y de origen latinoamericano en muchos lugares.
El día 12, investigadores de la Facultad de Derecho de Columbia, en Nueva York, divulgaron un análisis integral de todos los casos de pena capital en Estados Unidos entre 1973 y 1995 y hallaron que estaban "persistente y sistemáticamente cargados de errores".
Según el estudio, tribunales superiores anularon 68 por ciento de los fallos de pena de muerte de cortes inferiores debido a "graves errores": abogados defensores incompetentes, la supresión de parte de la policía y los fiscales de evidencia que favorece al acusado y errores de instrucción a los jurados.
Tras un nuevo juicio, que con frecuencia exigió muchos años de apelaciones, siete por ciento fueron hallados culpables y 82 por ciento recibieron penas inferiores a la capital.
Aunque el estudio de la Facultad de Derecho de Columbia no indagó en la raza como factor influyente en la pena capital, otros revelaron importantes disparidades a la hora de la sentencia.
Según la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), 40 por ciento de los ejecutados en las últimas tres décadas fueron negros, y de las 232 penas capitales ejecutadas desde 1977, sólo una se refirió a un blanco condenado por matar a un negro.
En enero, el gobernador republicano de Illinois, George Ryan, declaró la suspensión de todas las ejecuciones en su estado después que nueva evidencia, incluso análisis de ADN, exoneró a 13 condenados a muerte en su estado.
Una investigación del diario Chicago Tribune halló en diciembre que "la pena capital en Illinois es un sistema tan cargado con evidencias erróneas, tácticas jurídicas inescrupulosas e incompetencia legal que se reniega de la justicia".
En al menos 35 ocasiones, un acusado negro fue sentenciado a morir por un jurado integrado exclusivamente por blancos, y al menos 33 veces, los condenados a la pena capital fueron representados por un abogado que luego fue suspendido o impedido de practicar la abogacía.
El gobernador Ryan, que antes apoyaba la pena capital, señaló que duda que alguien sea ejecutado mientras él esté en el gobierno en Illinois.
El caso de Graham se convirtió en todo un símbolo de un sistema de ejecuciones que sigue adelante a pesar de que surgen serias dudas sobre la culpabilidad del acusado.
"En los últimos 24 años, 85 inocentes fueron liberados tras haber sido condenados a muerte, y 20 estados anularon al menos una condena a muerte desde 1976. ¿Cuántos inocentes murieron o son amenazados con la ejecución en este país?", preguntaba un comunicado de prensa de ACLU sobre Graham.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional también defiende a Graham.
"La ejecución de Graham está pendiente en una época en que la naturaleza propensa al error de la pena de muerte en Estados Unidos se hizo evidentemente clara. Su caso es un ejemplo típico de las fallas fatales que anidan en el sistema de justicia", declaró Amnistía Internacional la semana pasada.
La organización también precisó que Graham era menor de edad cuando fue condenado.
"Estados Unidos lidera el puñado de países que aún violan la prohibición internacional contra la aplicación de la pena de muerte a aquellos procesados por crímenes cometidos cuando eran menores de 18 años", según Amnistía.
Luego de haber agotado todas las apelaciones estatales y federales sin éxito, los abogados de Graham procuran por todos los medios que el gobernador Bush, que desde 1995 permitió la ejecución de 130 presos, suspenda la aplicación de la condena.
Incluso si Bush accede a hacerlo, la dirección de libertad condicional de Texas podría impedir la orden del gobernador porque Graham ya recibió un aplazamiento de un gobernador anterior.
Si la sentencia se lleva a cabo este jueves, Graham será el preso número 23 en ser ejecutado por inyección letal en Texas y el número 48 en Estados Unidos, sólo este año. (FIN/IPS/tra-en/ks/da/aq/hd/00
