La última ronda de negociaciones para poner en práctica al Tribunal Penal Internacional (TPI) está en curso en la sede de la ONU en Nueva York, mientras Estados Unidos procura quedar fuera de la competencia de la corte.
Washington pretende modificar las normas del TPI para que sus militares que cumplen servicio en el exterior no comparezcan ante la corte acusados de crímenes de guerra o genocidio sin el permiso de Estados Unidos.
La mayoría de los países son contrarios a cambiar el estatuto del TPI. Y un experto jurídico sobre asuntos militares señala que Estados Unidos puede lograr su objetivo cambiando la ley estadounidense, no los estatutos del tribunal.
El TPI se creó por el Estatuto de Roma, en julio de 1998, que otorga competencia a la corte sobre el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La corte sólo tendrá competencia sobre personas, no sobre gobiernos, y sólo después de que el caso ya no esté ante tribunales nacionales. No podrá actuar en forma retroactiva, sino que sólo tratará con hechos que ocurran después de que comience a funcionar.
Para entrar en vigor necesita 60 ratificaciones. Hasta el momento, sólo 12 países lo han hecho. El viernes, Francia se convirtió en el primer miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en ratificarlo.
La reunión que comenzó el lunes y concluirá dentro de tres semanas tiene el fin de completar dos de los artículos de los Estatutos de Roma: "elementos de crímenes" y "reglas de procedimientos y evidencia".
Estados Unidos pretende cambiar una oración en el artículo sobre las reglas de procedimiento. Delegados y organizaciones no gubernamentales contrarias al plan estadounidense sostienen que el cambio permitiría a Washington desviar denuncias contra sus civiles y soldados al Consejo de Seguridad, donde el país utilizaría su facultad de veto para evitar toda condena.
Pero Estados Unidos rechaza esta interpretación. El delegado de Washington, embajador David Scheffer, propone que, mientras su país no ratifique el TPI, ningún militar estadounidense deberá comparecer ante la corte.
El estatuto actual "conforma a los intereses de todos los estados soberanos. El gobierno de Estados Unidos sigue adelante con propuestas que no son útiles", comentó Michael Posner, de la organización Comité de Abogados sobre Derechos Humanos.
"El sistema de justicia militar de Estados Unidos… tiene la capacidad y, por lo general, la voluntad de investigar a su personal por crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra", sostuvo.
Pequeños cambios a las leyes de Estados Unidos, y no a los estatutos de Roma, apaciguarían los temores de Washington, según Robinson Everett, juez del Tribunal de Apelaciones Militares de Estados Unidos y profesor de la Universidad de Duke.
"Quizá la amenaza que representa el estatuto para los militares estadounidenses sea menos ominosa de lo que muchos supusieron", señaló en un ensayo que se publicará en un libro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias.
El problema se centra en el artículo del TPI que señala que un caso es "inadmisible cuando se está investigando o procesando por un estado al que le compete, a menos que el estado no esté dispuesto o no pueda" hacerlo.
En otras palabras, si un estado procesa a un presunto criminal de guerra, el TPI no se encargará del asunto. A eso se le llama regla de complementareidad.
"La capacidad de Estados Unidos para impedir el proceso de militares estadounidenses por parte del TPI se reforzará en gran medida si los tribunales estadounidenses tienen competencia para juzgar a sus militares por todo crimen que caiga en jurisdicción" del tribunal, argumenta Everett.
"El Congreso debe revisar cuidadosamente la legislación existente de Estados Unidos relativa a la jurisdicción de las cortes estadounidenses -civiles o militares- para tratar toda conducta que pueda competer al TPI", agregó.
Si algunos actos pueden competer al TPI y no a Estados Unidos, habría que modificar las leyes estadounidenses para abarcar esos actos, sugirió. De esta manera se aplicaría la regla de complementareidad y la competencia estadounidense superaría a la del TPI.
"Eso lo hemos sabido desde hace tiempo", dijo Scheffer, por lo que Estados Unidos analiza cómo equiparar las leyes nacionales a los crímenes que abarcan los estatutos de Roma.
"Pero sería incorrecto decir que (esta propuesta) responde por completo al riesgo que tendrían nuestras Fuerzas Armadas", dijo, ya que no quedarían cubiertos todos los militares que operan fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/jw/da/aq/hd/00
