La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley del estado de Massachusetts que sanciona a las empresas que tienen relaciones comerciales con Birmania, en una victoria para las compañías multinacionales.
El caso, que demoró dos años en llegar a la Corte, tiene importantes implicaciones para organizaciones defensoras de los derechos humanos y del ambiente.
La sentencia, pronunciada el lunes, pone en cuestión el futuro de las leyes de "compra selectiva" utilizadas por gobiernos estaduales y locales en los últimos 25 años para forzar a las empresas a retirarse de la Sudáfrica del apartheid y, más recientemente, de Cuba, Nigeria y Suiza, entre otros países.
Al no determinar explícitamente si todas esas leyes violan las normas constitucionales sobre las facultades del presidente, la Corte provocó más debate.
El veredicto "invalida todas las sanciones de gobiernos estaduales y locales contra Birmania y les indica que no deben inmiscuirse en la política exterior", declaró Greg Costanias, abogado jefe del Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), una asociación de unas 600 empresas que entablaron la demanda.
Por otra parte, los partidarios de la ley de Massachusetts insistieron en que la decisión de la Corte no tiene tanto alcance.
"Se trata de una luz amarilla, no de una luz roja" para las leyes de compra selectiva, opinó Robert Stumberg, un profesor de derecho de la Universidad de Georgetown que ayudó al estado de Massachusetts a preparar su defensa.
Otros activistas anunciaron que en los próximos meses introducirán nuevas leyes destinadas a castigar a las empresas que hagan negocios con Birmania, gobernada por una dictadura militar.
El NFTC impugnó en 1998 una ley aprobada por el parlamento de Massachusetts en 1996 que agrega 10 por ciento a todas las ofertas de empresas que tengan negocios con Birmania en las licitaciones de ese estado.
Tales leyes de compra selectiva están destinadas a obligar a las compañías a elegir entre continuar haciendo negocios con regímenes represivos u obtener lucrativos contratos con gobiernos estaduales o locales.
Ese tipo de leyes fue utilizado exitosamente a fines de los años 70 y en los 80 para obligar a numerosas firmas multinacionales estadounidenses -incluidas Coca-Cola, IBM y General Motors- a retirarse de Sudáfrica.
El desvío de fondos resultante jugó un importante papel en el advenimiento del primer régimen democrático en ese país, en 1994.
Varios estados y ciudades, entre ellos Nueva York, Los Angeles, Minneapolis y San Francisco aprobaron leyes similares contra empresas que hagan negocios con Birmania, donde la junta militar reprime a la oposición democrática encabezada por Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Como resultado, algunas de las compañías más reconocidas de Estados Unidos, incluso varias de la vestimenta, se retiraron de Birmania.
Las multinacionales naturalmente se oponen a estas iniciativas porque limitan su libertad de hacer negocios donde les plazca.
Sin embargo, hasta la acción judicial del NFTC, las compañías se rehusaban a impugnar las leyes de compra selectiva por temor a la publicidad negativa que resultaría del reclamo para entablar negocios con gobiernos abusivos.
El NFTC contó con el respaldo de la Unión Europea y Japón, cuyas empresas también fueron afectadas por la ley de Massachusetts.
Con el argumento de que Massachusetts violó una prohibición multilateral a la utilización de criterios no económicos en las licitaciones de gobiernos subnacionales, los demandantes también impugnaron la ley ante la Organización Mundial del Comercio.
La administración de Bill Clinton, profundamente dividida sobre la cuestión, permaneció al margen del caso hasta el pasado febrero, cuando presentó su propio escrito a la justicia arguyendo que Massachusetts había violado la Constitución al "infringir la facultad exclusiva del gobierno de conducir los asuntos exteriores".
Por su parte, Massachusetts arguyó que los estados "deberían ser libres… para aplicar criterios morales en sus decisiones sobre gastos… Nada en la Constitución exige a los estados comerciar con dictadores".
La decisión de la Corte, adoptada por unanimidad, establece que una ley del Congreso federal dirigida contra países específicos, como Birmania, impide cualquier acción de gobiernos estaduales o locales contra esos mismos países.
"Dado que las leyes estaduales coliden con la delegación específica del Congreso al presidente (sobre sanciones) y con la decisión de desarrollar una estrategia multilateral según la ley federal, su aplicación es inconstitucional", determinó la Corte.
Pero los activistas no se dan por vencidos, y consideran como posible respuesta la exigencia a las empresas que se presentan a licitaciones de gobiernos estaduales o locales de revelar en qué países tienen negocios.
Otra respuesta posible es el uso de fondos de pensiones y agencias de inversiones para presionar a grupos de accionistas a decidir desvíos de fondos o medidas similares, y también persuadir a los gobiernos locales y estaduales de pedir al Congreso que les otorgue explícitamente autoridad para aprobar leyes de compra selectiva.
"En los próximos seis meses, planeamos introducir nuevas leyes por Birmania Libre en varias ciudades clave y en el estado de Nueva Inglaterra", anunció Simon Billenness, coordinador del grupo New England Burma Roundtable.
"Nuestro mensaje a las grandes empresas es claro: si hacen negocios en Birmania, sus negocios se perjudicarán en Nueva Inglaterra", advirtió. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/mlm/hd-if/00
