El Senado de Estados Unidos aprobó hoy 934 millones de dólares a la lucha contra las drogas en América del Sur, la mayor parte destinada al Plan Colombia de asistencia militar y económica a ese país.
El paquete, que integra los 14.400 millones de dólares de ayuda a ese país aprobados para 2001, podría aumentar tras las negociaciones previstas entre el Senado y la Cámara de Representantes, que había aprobado en marzo 1.700 millones de asistencia antidrogas para Colombia y otros países andinos.
La votación supone un respaldo para el Plan Colombia, programa de 7.500 millones de dólares propuesto el año pasado por el gobierno de Andrés Pastrana para poner fin a la prolongada guerra civil, reducir la producción y el tráfico de drogas, fomentar la deprimida economía nacional y mejorar su sistema de justicia.
Por 89 votos contra 22, el Senado rechazó la propuesta de Paul Wellstone, senador demócrata de Minnesota, de retirar 225 millones de dólares de la ayuda para las operaciones del ejército colombiano en el sur del país y dirigirlos a programas de tratamiento y prevención de la drogadicción en Estados Unidos.
"El efecto práctico de la estrategia ahora en consideración es una escalada del conflicto militar. Más dinero para las armas no es la respuesta a los problemas de Colombia", argumentó Wellstone, quien mencionó informes de derechos humanos sobre la actividad de paramilitares apoyados por el ejército colombiano.
Pero los senadores que apoyaron el paquete argumentaron que cualquier enmienda solo contribuiría a fortalecer a las guerrillas de extrema izquierda acusadas por las autoridades estadounidenses de lucrar con el narcotráfico.
"Hay muy pocos 'chicos buenos' en esta historia. No podemos cruzarnos de brazos y dejar que esas drogas fluyan dentro de Estados Unidos", dijo el senador demócrata de Illinois Richard Durbin.
Colombia recibió de Estados Unidos el año pasado más asistencia que cualquier país del mundo fuera de Medio Oriente.
Hace dos años, cuando Pastrana sucedió al cuestionado Ernesto Samper, el gobierno de Bill Clinton dio un virtual apoyo incondicional a las iniciativas de paz de Pastrana.
Pero la preocupación de Washington fue en aumento desde principios de 1999, a raíz de una serie de grandes derrotas militares del ejército colombiano a manos de la guerrilla, que controla entre 30 y 40 por ciento del territorio nacional.
Según informes de los organismos de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos, la producción de cocaína y heroína colombiana aumentó hasta cantidades sin precedentes, lo cual profundizó la inquietud del gobierno.
Más de 80 por ciento de la cocaína y más de 65 por ciento de la heroína que se consume en Estados Unidos se origina en Colombia, según Washington.
La producción de narcóticos habría aumentado más en el sur de Colombia, donde el control del gobierno es menor.
En este contexto, y junto a la presión del opositor Partido Republicano para que Clinton dejara de apoyar la política de paz de Pastrana, Washington endureció su enfoque el año pasado.
El resultado fueron intensas consultas con el gobierno de Pastrana que produjeron el Plan Colombia, de tres años de duración y 1.500 millones de dólares, en teoría financiados por Washington.
A fines del año pasado, Clinton propuso una iniciativa de 1.300 millones de dólares y dos años de duración concentrada principalmente en la "ofensiva en el sur", una estrategia basada en el principio de que, para poder reducir la producción de drogas en Colombia, el ejército debe tener los medios para recuperar el control de la zona a la guerrilla.
Para lograrlo, el paquete del ejército propuso, entre otras cosas, enviar 63 helicópteros, 30 Blackhawk y 33 Huey, para el ejército y la policía, entrenar a tres batallones antinarcóticos del ejército, además de uno que entrenó el año pasado, y equipar una base de la Fuerza Aérea en Ecuador con fines de vigilancia, a un costo total de 954 millones de dólares.
La Cámara de Representantes aprobó el paquete y le agregó 100 millones de dólares, en parte para brindar más ayuda a los países vecinos. También fijó en 500 el límite de militares estadounidenses que pueden enviarse a Colombia en total, más de 2,5 veces la cantidad actual.
Pero el paquete encontró mayor resistencia en el Senado de un grupo de legisladores preocupados porque la escalada de la ayuda militar de Estados Unidos en Colombia degenere en una situación similar a la de Vietnam, y otro preocupado por la colaboración entre las Fuerzas Armadas colombianos y grupos paramilitares de ultraderecha.
Organizaciones de derechos humanos y la propia cancillería estadounidense documentaron los vínculos entre altos oficiales y los paramilitares responsables de algunas de las peores masacres perpetradas en Colombia en los últimos años.
En la última década, Washington retuvo la ayuda destinada al ejército colombiano, entregándosela a la policía, debido a los malos antecedentes de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y a sus vínculos con el narcotráfico.
En el último año, el gobierno de Pastrana destituyó a más de una docena de oficiales por esta razón. No obstante, Amnistía Internacional, entre otros grupos de derechos humanos, se opone al paquete de ayuda actual porque no cree que los militares colombianos hayan cambiado de actitud.
El paquete que fuera aprobado este miércoles por el Senado deberá adaptarse a la versión, mucho más amplia, de la Cámara de Representantes.
Entre otras condiciones, el proyecto del Senado incluye un límite de 250 militares enviados a Colombia, que los oficiales acusados de violar los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles y que los elementos vinculados al narcotráfico o acusados de violar los derechos humanos sean expulsados de todas las unidades militares entrenadas por Estados Unidos.
En la versión del Senado, 20 por ciento del total, o 205 millones de dólares, se destinarían a países vecinos, incluso Bolivia (120 millones), Perú (42 millones) y Ecuador (25 millones). Así mismo, la propuesta otorga una mayor proporción a la policía, la justicia y organismos de derechos humanos que la de la Cámara Baja.
El Senado tampoco aprobó la entrega de los 30 helicópteros Blackhawk que, aunque mejores que los Hueys, cuestan unos 400 millones de dólares y son más caros de mantener. En su lugar, aprobó la entrega de 60 Hueys adaptados. (FIN/IPS/tra-en/jl/mj-aq/ip/00
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