Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron un acuerdo humanitario entre las partes enfrentadas en guerra para acabar con las graves violaciones de derechos humanos expuestas por Amnistía Internacional en su informe anual.
Amnistía Internacional advirtió en su informe, titulado "El olvido está lleno de memoria" y difundido el miércoles, que Colombia presenta el peor panorama en materia de derechos humanos entre los países de América Larina.
La violencia de guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y miembros de las Fuerzas Armadas no sólo aumentó, sino que se amplió a nuevas zonas, pese que el gobierno negocia la paz con una organización insurgente y considera el comienzo del diálogo con otro grupo, se consignó en el informe, divulgado en 180 países.
Ana Bernal, directora de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), conformada por cerca de 30 ONG, avaló el informe de Amnsitía Internacional y atribuyó la crítica situación que vive Colombia en materia de derechos humanos a la falta de una política de Estado para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bernal dijo a IPS que el conflicto armado "ha profundizado las violaciones a los derechos humanos", dado que los civiles son las principales víctimas de los combatientes.
La activista exhortó a las organizaciones armadas y al gobierno a aceptar un acuerdo humanitario "que proteja a los civiles de los ataques indiscriminados" que sufren.
Por su parte, portavoces del gobierno destacaron "el importante" reconocimiento de Amnistía Internacional "de la mejoría del comportamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía" en materia de derechos humanos.
Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández, indicó que no conoce el informe, aunque cree que "debe ser un refrito (copia) actualizado de las mismas cosas" ya denunciadas por Amnistía.
"Más de 3,500 personas fueron objeto (en 1999) de actos violentos cometidas por motivos políticos, varias decenas desaparecieron y más de 250.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares", señaló Amnistía Internacional en el capítulo relativo a Colombia.
Las partes en conflicto, afirma el informe, "intensificaron sus acciones y se expandieron a nuevas áreas" en los departamentos de Norte de Santander (nordeste), Antioquia (noroeste), Córdoba y Bolívar (norte), Valle del Cauca (oeste) y Putumayo y Casanare (sudeste).
Hubo "poca o ninguna reacción por parte de las autoridades" ante la extensión de la violencia a nuevas zonas. El documento es especialmente crítico ante el gobierno de Andrés Pastrana, del que afirma que no ha cumplido su compromiso de crear un grupo de élite de las Fuerzas Armadas para combatir a los paramilitares.
En 1999 se tuvieron "nuevos indicios" de colaboración entre miembros de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares de derecha, aseguró Amnistía Internacional.
Los paramilitares han sido responsabilizados en otros informes de organizaciones de derechos humanos de cerca de 80 por ciento de las masacres (asesinato de más de cuatro personas en un mismo sitio y tiempo) perpetradas en 1999.
Amnistía se refirió al asesinato de activistas de derechos humanos, como fue el caso del periodista Jaime Garzón y de las masacres de La Gabarra y Tibú (noroeste), de comienzos de 1999, en que murieron más de 30 personas a manos de presuntos paramilitares de derecha.
Así mismo, el informe afirma que la guerrilla izquierdista cometió serias violaciones a los normas del derecho internacional humanitario, como los "ataques indiscriminados a objetivos militares que causaron bajas de civiles"
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero que negocia la paz con el gobierno, "asesinaron a seis personas a las que acusaron de ser paramilitares" y a otras 13 pertenecientes a una secta gnóstica.
Esos crímenes fueron cometidos, según Amnistía, en la llamada "zona de distensión", el área desmilitarizada en que se realiza la negociación de paz.
La situación de los derechos humanos en Colombia también fue criticada este añp por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por la ONG Human Rigths Watch, de Nueva York. (FIN/IPS/yf/ff/hd/00
