Líderes campesinos del nordeste de Colombia confirmaron hoy su negativa a la creación de una zona desmilitarizada para el diálogo de paz entre el gobierno y el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los representantes de las comunidades de los municipios de Yondó, Cantagallo y San Pablo plantearon esta posición en entrevista con el ministro del Interior, Humberto de la Calle, el procurador Jaime Bernal y el Defensor del Pueblo (ombudsman), José Castro.
La coordinadora del movimiento "No al despeje", María Torres, informó al término de la reunión de este lunes que el grupo mantiene su postura de convocar a una consulta "para que sean los colombianos en su conjunto los que decidan sobre la creación de una zona desmilitarizada".
El ELN, segundo grupo insurgente de Colombia, pidió la desmilitarización de una área en el nordeste del país para realizar una Convención Nacional, en la que definirá con la sociedad civil una agenda de negociación de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.
El planteo de que se realice una consulta, hecha por los campesinos que bloquearon carreteras durante tres semanas en protesta por la desmilitarización, fue rechazado por De la Calle, quien, sin embargo, admitió que estudiará formas para que la ciudadanía "exprese sus opiniones por medio de portavoces".
El ministro confirmó la promesa del gobierno de no adoptar ninguna decisión sin consultar previamente a los campesinos de la zona afectada, lo cual posibilitó el levantamiento del bloqueo vial.
La falta de concertación produjo la reacción negativa de pobladores "que reciben presiones de las fuerzas de seguridad del Estado, del ELN y de los paramilitares de derecha", explicó a IPS Ligia Galvis, analista de la estatal Universidad Nacional.
Galvis dijo que la pregunta que muchos se hacen "es hasta qué punto la consulta reflejará la voluntad libre de las comunidades", pese a que ese mecanismo "es la expresión por excelencia de la democracia participativa".
Para la experta, "la expectativa ahora es saber quién va a orientar la consulta en una zona donde hay intereses muy marcados", como son los de paramilitares y de la guerrilla.
También habría que determinar la forma en que se organizará una consulta nacional, cuando el país está a las puertas de llevar a cabo un referendo para reformar el Congreso y en octubre deberán concretarse las elecciones para alcaldes y gobernadores.
Algunos analistas políticos sostienen que detrás de la oposición de gran parte de las comunidades a crear una zona desmilitarizada en esos tres municipios está la presión de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que han logrado a sangre y fuego dominar parte de ese territorio.
En cambio, otros expertos consideran que los campesinos temen se repita el llamado "síndrome del Caguán", principal cabecera municipal del área que el gobierno desmilitarizó a fines de 1998 para el diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país.
Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), divulgado la semana pasada en 180 países, las FARC utilizaron esa zona para dar muerte a varios campesinos acusados de colaborar con las AUC.
Además, las fuerzas armadas colombianas han acusado en varios foros a las FARC de utilizar la zona bajo su control para fortalecerse militarmente, planear sus ataque a otras localidades y realizar negocios con el narcotráfico.
Pablo Beltrán, tercero en importancia en la jefatura del ELN, se reunió el jueves con el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, y algunos alcalde del nordeste del país, para buscar un acuerdo que permita llevar a cabo el diálogo en esa zona.
En la reunión, Beltrán afirmó que la agrupación guerrillera está dispuesta a aceptar una contraloría internacional para garantizar que se cumplan los acuerdos en la zona desmilitarizada y que se respetará el ejercicio de las autoridades civiles.
Por su parte, Antonio García, segundo en el mando del ELN, dijo a la radioemisora Caracol que "es natural que existan inquietudes y preocupaciones" entre los habitantes del área de distensión propuesta.
No obstante, García se mostró optimista con los avances que se han dado en los contactos con el gobierno y confirmó que su agrupación comparte el deseo que tienen "los colombianos de buscar un clima diferente y una sociedad más equitativa para todos".
El acercamiento entre las partes se aceleró a partir del 7 de junio, cuando el gobierno le devolvió al ELN el reconocimiento político que le había quitado un año antes, tras los secuestros masivos que llevó a cabo para presionar por una zona de desmilitarización. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
