La Corte de Apelaciones de Santiago oficializó hoy el fallo que ordena abrir una causa penal contra el ex dictador Augusto Pinochet, por delitos contra los derechos humanos cometidos en Chile en los comienzos de su gobierno.
La defensa del ex dictador y general retirado de 84 años cuenta ahora con un plazo de cinco días para apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia y solicitar al máximo tribunal que restituya a Pinochet su inmunidad como senador vitalicio.
La decisión del tribunal provocó júbilo en la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y fue calificado de histórico por abogados de derechos humanos, pese a que su contenido se conoció a través de trascendidos hace dos semanas.
Trece de los jueces que integran el pleno de la Corte de Apelaciones estimaron, en un fallo de mayoría, que existen fundadas presunciones para que Pinochet pueda ser acusado como autor intelectual de 19 secuestros cometidos en 1973 por una misión militar especial conocida como "caravana de la muerte".
Los nueve jueces que, en el voto de minoría, estuvieron a favor de mantener la inmunidad a Pinochet argumentaron que no existen pruebas que sustenten las sospechas de su responsabilidad en esos delitos, ni tampoco garantías de un debido proceso, debido a su presuntamente deteriorado estado de salud.
"En definitiva, las razones que ha dado la minoría (de jueces contra el fallo) no eluden la existencia de los hechos", señaló el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los querellantes en la causa contra la "caravana de la muerte" que el magistrado Juan Guzmán abrió en 1998.
En el dictamen de la mayoría se detalla que la misión militar designada por Pinochet para "agilizar" juicios contra izquierdistas detenidos, tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, sustrajo en forma ilegal en octubre de centros de detención de tres ciudades de Chile a 19 detenidos.
El hecho de que esas 19 personas continúen desaparecidas hasta hoy configura el delito de secuestro calificado, según el cual Guzmán ordenó procesar en 1999 al general Sergio Arellano y a sus colaboradores en la misión, haciendo extensivo el cargo a Pinochet desde marzo de este año.
El magistrado, que instruye 104 querellas contra el ex gobernante de facto, pidió su desafuero o cese de inmunidad legislativa sólo por el caso de la "caravana de la muerte", en el cual lleva avanzada la investigación.
Lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia respecto de la inmunidad de Pinochet será clave con relación al futuro judicial del ex dictador, quien estuvo detenido durante 503 días en Londres, entre octubre de 1998 y marzo de este año.
Pinochet fue arrestado en Londres a solicitud del juez español Baltasar Garzón y la justicia británica abrió el juicio para extraditarlo a Madrid, el cual fue interrumpido por el ministro del Interior, Jack Straw, quien liberó al ex dictador por razones de clemencia.
Los motivos de salud, en que se fundamentó la decisión humanitaria de Straw, no están previstos en la ley chilena, pero la defensa de Pinochet podría alegar ante la Corte Suprema que su salud física y mental no le permite responder en un eventual juicio.
El ejército, que tuvo como su comandante en jefe a Pinochet desde agosto de 1973 hasta marzo de 1998, declinó comentar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en tanto el gobierno de Ricardo Lagos insistió en que se respete la independencia de la Justicia.
"Este es un proceso judicial y, por lo tanto, lo único que esperamos es que los distintos sectores del país acaten las decisiones de la Justicia, sin perjuicio de las observaciones o esperanzas que puedan manifestarse con relación al fallo definitivo", dijo el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Huepe.
El diputado socialista y abogado de derechos humanos Juan Bustos calificó de "histórico" el fallo de la Corte de Apelaciones, coincidiendo con Gutiérrez, quien señaló que este dictamen "demuestra la efectividad de los poderes del Estado".
"Los fundamentos (del fallo) son la existencia de hechos que demuestran que Pinochet tuvo alguna responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor en los delitos de la llamada caravana de la muerte", dijo el abogado acusador.
Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, expresó su esperanza en que la Corte Suprema de Justicia ratificará el dictamen de la Corte de Apelaciones y permitirá el juzgamiento del ex dictador.
"Los antecedentes son demasiado contundentes, los crímenes se cometieron en nuestro país, nuestros familiares quedaron en la más completa indefensión y hoy, después de 26 años, se empieza a hacer justicia para ellos", declaró Díaz.
El diputado Alberto Cardemil, presidente del derechista Partido Renovación Nacional (PRN) y ex viceministro de la dictadura, dijo que el fallo "no ha prestigiado" a la Corte de Apelaciones, pero llamó a respetar los dictámenes de la Justicia.
La oposición derechista, conformada por el PRN y la Unión Demócrata Independiente (UDI), aparece dispuesta a negociar reformas constitucionales a cambio de una "ley de punto final" para los casos pendientes de derechos humanos que beneficie a Pinochet y otros militares, pero Lagos declaró inviable ese planteamiento.
Los seguidores del ex dictador, agrupados en la fundación que lleva su nombre y el Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet, preparan actos de apoyo al veterano general y de rechazo a lo que llaman "la venganza marxista" contra el ejército.
Estas organizaciones están convocando para el miércoles a un acto de desagravio a Pinochet, con ocasión del Día de la Infantería, arma a la cual perteneció el ex dictador, quien, entre sus numerosos títulos honoríficos, recibió también el de "primer infante de la patria". (FIN/IPS/ggr/dm/ip hd/00
