El gobierno de Brasil definió como prioridad disminuir la violencia urbana mediante un programa de 124 medidas, y los datos del fenómeno justifican tanto la decisión como el escepticismo con que fue recibida por muchos.
En 1998 ocurrieron 41.802 homicidios en el país, y la cifra fue 3,7 veces mayor que la registrada 19 años antes, según la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, un organismo del Ministerio de Justicia al cual se encomendó coordinar un ambicioso programa de combate al crimen.
Entre 1979 y 1998 hubo 515.986 asesinatos, y los homicidios pasaron de 9,44 a 25,84 por cien mil habitantes, pero en la actualidad se registran 50 por cien mil habitantes en varias regiones metropolitanas.
La muerte en Rio de Janeiro de la maestra Geisa Firmo Gonçalves, el 12 de junio, conmovió más a la opinión pública que esas estadísticas, y llevó al gobierno a acelerar la definición del Programa Nacional de Seguridad Pública, anunciado por el presidente Fernando Henrique Cardoso el martes.
La maestra, de 20 años de edad, enseñaba artesanía en un barrio pobre, y fue una de las diez personas mantenidas como rehenes durante cuatro horas, dentro de un autobús y tras un asalto, por Sandro do Nascimento, quien estaba armado con una pistola y fue cercado por la policía.
El secuestro fue transmitido en directo por emisoras de televisión al país y al mundo, y el público pudo ver cómo un policía falló al disparar a quemarropa contra Do Nascimento, quién reaccionó disparando contra la rehén, a la cual tenía sujeta.
El secuestrador murió luego asfixiado, en el vehículo en el cual policías lo llevaban detenido.
La conmoción nacional provocada por el incidente y la evidencia de la ineptitud policial determinaron que el gobierno concluyera con rapidez su programa de seguridad, cuya aprobación había sido postergada por tres meses debido a indefiniciones y discrepancias entre ministros.
La historia del secuestrador ilustra el modo en que que las grandes ciudades brasileñas se han convertido en fábricas de violencia.
En 1993, Do Nascimento tenía 14 años de edad y era uno de los 72 niños de la calle que solían dormir en los alrededores de una iglesia del centro de Rio de Janeiro y fueron atacados por un "grupo de exterminio", compuesto en su mayor parte por policías, que asesinó a ocho de ellos.
De los 64 sobrevivientes de aquel episodio, conocido como masacre de Candelaria, 39 habían muerto asesinados luego, y Do Nascimento fue el número 40, indicó la abogada Cristina Leonardo, del Centro Brasileño de Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes, una organización no gubernamental.
La mayoría de esos 40 asesinatos se debieron a que las víctimas estaban involucradas en el narcotráfico o en asaltos, y otros diez sobrevivientes de aquella masacre están en prisión por las mismas causas.
Entre los asesinados había testigos en el juicio contra los autores de la masacre de Candelaria, algunos de los cuales ya fueron hallados culpables en primera instancia.
Solo cinco de los sobrevivientes lograron dejar las calles y tener una vida familiar que se puede considerar normal, apuntó Yvonne Bezerra de Mello, una artista plástica que trató de proteger al grupo de niños de Candelaria y admite que fracasó en su intento de evitar que fueran atraídos por el crimen.
La artista afirma que ese fracaso se debió en gran medida a omisiones del Estado.
Graves síntomas de la extensión del crimen organizado en el país fueron revelados por la comisión parlamentaria que investiga desde hace un año el narcotráfico y ha identificado a numerosos políticos, policías y empresarios involucrados en esa actividad delictiva.
Por lo menos cinco de los testigos cuyas declaraciones permitieron desbaratar redes del crimen organizado fueron asesinados para silenciarlos, según el diputado Pompeo de Mattos, miembro de la comisión.
Otro homicidio y dos suicidios de testigos son considerados sospechosos por los integrantes de la comisión, apuntó.
Las medidas de corto y mediano plazo con las cuales el gobierno busca contener la criminalidad se concentran en la represión.
Algunas de ellas son la prohibición inmediata de la venta de armas, el aporte de recursos a gobiernos estaduales para que mejoren sus fuerzas policiales, y una mayor presencia militar en las fronteras para evitar el tráfico de drogas y armas.
El Ministerio de Justicia coordinará la ejecución del programa. Eso implica que modificará su actual tarea como institución defensora de derechos, para adquirir características policiales, y tendrá a su mando una Policía Federal que aumentará el numero de sus efectivos, sus recursos y sus funciones.
El nuevo ministro de Justicia, José Gregori, ex responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del mismo ministerio, justificó ese cambio con el argumento de que en la actualidad no hay nada más importante que combatir la violencia.
El presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Jaime Chemello, sostuvo que el programa anunciado por el gobierno es "insuficiente" porque no contempla las principales causas sociales de la criminalidad, como el desempleo y el hambre.
Esa opinión fue compartida por muchos opositores al gobierno, y otros críticos señalaron que una falla en la formulación del programa es que no establece la participación de los gobiernos estaduales, responsables directos de la seguridad pública. (FIN/IPS/mo/mp/ip/00
