Muchos indicadores sociales de Brasil mejoraron en los últimos cinco años, pero el gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalan que podrían ser aun mejores, aunque discrepan acerca de las causas que impidieron un mayor avance.
Las autoridades afirman que la globalización de la economía y las crisis financieras internacionales fueron causas de que la desocupación aumentara y se mantuvieran importantes desigualdades en el período, porque impusieron la reestructuración de los sectores productivos e impidieron un mayor crecimiento.
Dirigentes de ONG sostienen, en cambio, que la política económica aplicada por el gobierno agravó la desigualdad y el desempleo, los principales problemas sociales brasileños.
El diagnóstico de las ONG fue planteado en la comisión que preparó el informe brasileño para "Copenhague + 5", la reunión especial de la Organización de las Naciones Unidas que evaluará en Ginebra, del 26 al 30 de junio, el avance hacia metas fijadas en 1995 en la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague.
El nombre oficial de "Copenhague + 5" es "Cumbre mundial de desarrollo social y más allá. Desarrollo social para todos en un mundo globalizado".
Vilmar Faria, un asesor especial de la Presidencia de Brasil y coordinador de la elaboración del informe, apuntó que muchos indicadores sociales mejoraron en los últimos cinco años y están en su mejor nivel de la historia, pese a las condiciones adversas.
Entre esos indicadores están los de mortalidad infantil, escolarización, alfabetización, promedio de ingresos familiares y consumo de productos básicos.
En los últimos años casi se alcanzó la universalización de la enseñanza primaria, que llegó a cubrir 96 por ciento de los niños de 7 a 14 años de edad.
En la enseñanza secundaria, los alumnos aumentaron 57 por ciento entre 1994 y 1999, y en la terciaria hubo un incremento de 28 por ciento entre 1994 a 1998, según datos del Ministerio de Educación.
La evolución de las estadísticas también muestra un buen desempeño en el combate al trabajo infantil.
La mejora de indicadores de educación y salud es reconocida por las ONG como "una señal de esperanza", junto con la capacitación de millones de trabajadores en un plan nacional de formación profesional, y los créditos destinados a financiar pequeños y micronegocios para generar empleo.
Millones de familias de áreas rurales y de otras muy pobres fueron beneficiadas con jubilaciones especiales, un programa que les asegura ingresos mínimos y becas para que sus hijos puedan ir a la escuela en vez de trabajar, destacó Faria.
En los primeros años del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, elegido en 1994, la reducción de una alta inflación que había afectado al país durante décadas permitió sacar de la pobreza a unos diez millones de brasileños, al frenar el deterioro del poder de compra de sus ingresos, recordó.
"La estabilidad económica y la austeridad fiscal son condiciones necesarias, aunque no suficientes, del desarrollo social", añadió.
El primero de los compromisos asumidos en la Declaración de Copenhague fue el de crear un ambiente económico favorable para el desarrollo social.
La globalización y las crisis externas dificultaron la búsqueda del pleno empleo y la erradicación de la pobreza absoluta, compromisos asumidos por los 186 países que firmaron la Declaración de Copenhague en 1995, afirmó Virginia Toniati, diplomática y secretaria de la comisión que preparó el informe.
Para las ONG, sin embargo, el principal obstáculo para un mayor desarrollo social es que el gobierno "subordina las políticas sociales a la economía", señaló Atila Roque, responsable del area internacional del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.
La prioridad de la política económica de las autoridades es el ajuste exigido para pagar la deuda pública, y eso causa exclusión, desempleo y mantenimiento de la concentración del ingreso, explicó.
"Nada es más estable en el país que la desigualdad social", sentenció Roque, también miembro de Social Watch, una red internacional que evalúa el avance hacia las metas fijadas en Copenhague y en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing hace también cinco años.
Al distribuir los recursos públicos, las inversiones no se adecuan a los objetivos sociales, y "la ejecución no corresponde a las necesidades", según Iara Pietricovsky, directora del Instituto de Estudios Socioeconómicos, con sede en Brasilia, que analiza en forma sistemática los presupuestos gubernamentales.
El gobierno no fue capaz de "innovar en la solución de los problemas mediante la articulación del desarrollo económico y el social", la redistribución del ingreso por vías tributarias y una reforma agraria más amplia y profunda, opinó Amelia Cohn, presidenta del Centro de Estudios de Cultura Contemporanea, con sede en Sao Paulo.
Las políticas de educación y asistencia social no se sostienen porque son compensatorias y están divorciadas de la política económica, aseguró.
Un ejemplo de esas contradicciones es que la reforma agraria asentó a unas 400.000 familias según datos oficiales, mientras muchas más eran expulsadas del campo por una economía agrícola concentradora, explicó.
Por esas razones, o por la herencia de un pasado que no se supera en pocos años, como afirma el gobierno, la desigualdad social sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de Brasil, coinciden autoridades y ONG dedicadas a cuestiones sociales y económicas, en general cercanas a la oposición. (FIN/IPS/mo/mp/dv/00
![[Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")