Jueces españoles aplican las leyes en contra de las mujeres maltratadas, beneficiando a los hombres que golpean y violan, según lo sugieren varias sentencias.
Un juez de la noroccidental región de Galicia rebajó el viernes a la mitad los 15 años de prisión que pidió el fiscal para un hombre que violó a la hija de su amante, por no considerar particularmente degradante el acto de violación.
El juez considera probado que el violador, Francisco Garriga Villanueva, agredió sexualmente a la joven, de 19 años, cuando la madre de ella estaba ausente.
El agresor entró encapuchado al domicilio, sacó a la joven de debajo de la cama donde estaba escondida, la amenazó con un cuchillo, la amordazó, la ató de pies y manos y consumó la penetración vaginal y bucal.
Pero el juez interpretó como atenuante que el violador accediera a retirarle la mordaza y que le ofreciera un vaso de agua a la víctima cuando ésta empezó a tener arcadas después de ser penetrada bucalmente. Considerando esas atenuantes, redujo a la mitad la condena.
Otro caso sucedió en la ciudad de Barcelona, ubicada sobre la costa del mar Mediterráneo. Allí, el juez disminuyó también a la mitad la condena a un hombre que violó dos veces en el mismo día a su esposa, al considerar atenuante su condición de alcohólico.
Las asociaciones de mujeres recuerdan muchas otras situaciones, como una sentencia de noviembre de 1999, en la que un violador fue absuelto porque no le quitó en su totalidad los pantalones a la víctima.
El juez, de la norteña ciudad de Oviedo, consideró probado que hubo penetración y violencia. Pero, según explicó en la sentencia, al no bajar los pantalones debajo de los tobillos, al agresor le resultó "imposible eyacular o intentar eyacular".
Un tribunal de apelaciones de la provincia de Córdoba, en el sur, pidió en octubre de 1999 el indulto para un padre que violó a su hijo, por considerar que la armonía familiar es más importante que la agresión, probada en el juicio.
Una sentencia similar se produjo por esa fecha en la nororiental provincia de Zaragoza, donde quedó demostrado en el juicio que un padre violó de forma continuada a su hijo de 13 años y a su hija de seis, aunque fue condenado sólo a pagar una multa de 500.000 pesetas (unos 2.800 dólares).
El juez de Zaragoza arguyó en su sentencia que, a pesar de que la niña necesitó asistencia psicológica e intentó autolesionarse, "el dictamen pericial es de psicólogos y no de psiquiatras, por lo que no puede hablarse ni de lesiones ni de secuelas".
La actuación judicial en estos casos es y sigue siendo blanco de críticas y de demandas de cambio de la actitud de los jueces y de la legislación.
El presidente del gobierno, José María Aznar, del centroderechista Partido Popular, considera que la violencia contra las mujeres es uno de los males más escandalosos de la sociedad española.
Ya en noviembre, Aznar criticó el hecho de que las víctimas "no siempre tengan como aliada a la justicia en esta lucha sin cuartel contra la irracionalidad".
Desde el campo de la justicia, la portavoz de la organización progresista Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, advirtió que no se debe generalizar, porque la mayoría de las sentencias son rigurosas.
Comas apuntó a los legisladores, al añadir que "las leyes deben ser claras y precisas para reducir el margen de interpretación de los jueces".
Agregó que "en España se penan más gravemente los delitos contra la propiedad que los cometidos contra la libertad de las personas".
Un informe del Instituto Andaluz de la Mujer, hecho público el viernes, indica que en la meridional región autónoma de Andalucía los malos tratos contra las mujeres no son calificados de delitos, sino como simples faltas, por lo cual quienes resultan condenados sólo pueden serlo a pagar multas o a prisión menor de 20 días.
Pero no sólo los jueces interpretan las leyes y reglamentos en detrimento de las mujeres. El viernes se hizo público otro caso, ocurrido el miércoles, cuando en un hospital público se le negó asistencia médica a una mujer violada.
La víctima, tras la violación, se presentó en la comisaría para hacer la denuncia, pero al sufrir hemorragias y perder el conocimiento, los policías llamaron a una ambulancia y fue trasladada al hospital.
Al llegar allí y no presentar copia de la denuncia -que no alcanzó a completar, por su desmayo-se le negó la atención médica. La víctima debió volver a la comisaría, formalizar la denuncia y retornar al hospital para, finalmente, ser atendida. (FIN/IPS/af/ff/hd/00
