Organizaciones humanitarias y sindicales y partidos de oposición de España rechazaron la vía represiva contra la prostitución que quiere imponer el gobierno del centroderechista Partido Popular (PP) y que reclaman comerciantes minoristas.
Las autoridades municipales, el Defensor del Menor y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, todos del PP, se han pronunciado a favor de aplicar medidas que van desde expulsar a las prostitutas de determinados sitios públicos hasta aplicarles leyes penales.
Concha García, portavoz de Hetaira, una organización no gubernamental de asistencia a las prostitutas, calificó el jueves de hipócrita la posición de quienes pretenden prohibir la prostitución callejera.
El Defensor del Menor y la Municipalidad arguyeron que las prostitutas que se ofrecen con escasa ropa en las calles y en el parque de recreo la Casa de Campo pueden ser vistas por menores de edad, y por lo tanto cometen el delito de "exhibición obscena ante menores", penado con entre tres y diez meses de cárcel.
Sin embargo, el fiscal jefe de los Tribunales de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, declaró que no acusará a las prostitutas, porque ellas "no se exhiben, sino que ejercen con el uniforme de su profesión".
"La prostitución es un oficio lícito que no está castigado en el Código Penal y yo prefiero que siga siendo así. Quien intente que se penalice, que abra el debate en el parlamento, pero que no lo haga por la puerta de atrás", añadió.
García advirtió de que esas mujeres "no buscan niños, sino atraer a sus clientes potenciales", y acusó de hipócritas a quienes se escandalizan por ver a una mujer en biquini, cuando en series de la televisión que los niños ven junto a sus padres se muestran cosas mucho peores y más agresivas.
Unas 400 mujeres se ubican todos los días a la vera de los caminos en la Casa de Campo, por los cuales transitan automóviles, y ofrecen sus servicios sexuales a cambio de honorarios que varían según la hora y según se trate de días festivos o hábiles.
La edad y la apariencia de las prostitutas también inciden en el precio de esos servicios.
Es habitual ver a prostitutas en busca de clientes en otros sitios de Madrid como la céntrica plaza Puerta del Sol, la plaza del Cuzco y las cercanías de las estaciones de ferrocarril y autobuses.
La Confederación de Empresarios del Comercio Minorista se dirigió el miércoles al gobierno nacional del PP, presidido por José María Aznar, para afirmar que la prostitución "afea la ciudad", que el centro de Madrid "es el espejo de España" y que las prostitutas deben ser obligadas a ejercer en otros sitios.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Patrocinio de las Heras, criticó a los políticos del PP y opinó que el gobierno municipal desvía hacia lo punitivo un asunto social.
"Este problema no se resuelve con medidas policiales: hay que abordarlo desde su vertiente social", enfatizó.
Esa posición es compartida por la coalición Izquierda Unida, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales (ONG), que coincidieron en que lo importante es perseguir y penalizar la explotación de prostitutas por parte del crimen organizado y de proxenetas.
Las posiciones de las autoridades de la Municipalidad, la Comunidad Autónoma y el gobierno nacional varía entre la reglamentación y la prohibición de la actividad de las prostitutas, pero coinciden en el apoyo a su erradicación de la Casa de Campo y del centro de Madrid.
Según cifras del gobierno madrileño, la mayoría de las prostitutas que se ofrecen en la vía pública son inmigrantes, y 90 por ciento de las españolas son adictas a drogas ilegales.
La mayoría de las inmigrantes, latinoamericanas, asiáticas, africanas y del Este europeo llegaron a España con el auxilio de organizaciones criminales que pagaron su viaje y les consiguieron visas y documentos, tras engañarlas con la promesa de un trabajo distinto, por lo general en el sector de servicios.
Una vez en España, alejadas de sus familias y sin dinero ni auxilio legal, esas mujeres fueron obligadas a prostituirse, por lo general en discotecas y otros locales de recreación. Gran parte de las que ejercen la prostitución en las calle han escapado de esas organizaciones criminales.
Hetaira y otras organizaciones similares trabajan por los derechos legales y sociales de las prostitutas y alegan que sólo a ellas les corresponde decidir si continúan en su actividad.
Si deciden continuar, Hetaira sostiene que no deben ser perseguidas por las autoridades, que es preciso evitar que caigan en manos de proxenetas u organizaciones criminales, y que deben recibir asistencia social como las demás trabajadoras.
Si deciden dejar la prostitución, la ONG afirma que se les debe brindar todo el apoyo social y económico necesario para que lo hagan.
La cuestión será analizada la semana próxima en un seminario internacional que se llevará a cabo en MAdrid, y en el cual se tratará también el problema del turismo sexual en países de Asia, Africa, América Latina y el Caribe, que se asocia con la explotación sexual de menores de edad con fines comerciales.
Participarán en ese seminario autoridades públicas, investigadores sociales y representantes de ONG. (FIN/IPS/td/mp/hd ip/00)
