La lucha contra las drogas ilegales en Estados Unidos apunta en forma desproporcionada a los afroamericanos, según un informe divulgado por Human Rights Watch (HRW), la mayor organización humanitaria del país.
Entre los presos en cárceles estaduales (no federales) por delitos vinculados con las drogas, 62,7 por ciento son afroestadounidenses y sólo 36,7 por ciento son blancos, aunque la cantidad de consumidores de drogas blancos es cinco veces mayor que la de negros, señaló HRW.
En algunos estados estadounidenses, los negros son 90 por ciento de los enviados a la cárcel por delitos vinculados con las drogas, apuntó la organización en su informe de 28 páginas divulgado el miércoles, titulado "Castigo y prejuicio: Desigualdades raciales en la guerra contra las drogas".
Si se ajustan los porcentajes de condena en relación con la proporción de cada grupo étnico en la sociedad, la probabilidad de recibir una sentencia de prisión por cargos vinculados con las drogas es 14 veces más altas para un negro que para un blanco, enfatizó.
"Esta desigualdad es un escándalo nacional. Las personas que cometen delitos relacionados con las drogas son tratadas en forma radicalmente distinta por el sistema de justicia según sean blancas o negras", declaró Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
"Esto no sólo es una profunda injusticia para los afroamericanos, sino que corroe el ideal estadounidense de justicia imparcial para todos", agregó.
En el informe, basado en los registros de 37 de los 50 estados que integran el país, se señaló que las desigualdades raciales más importantes se concentran en las regiones centrooocidental y nororiental.
En los estados de Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Ohio, Virginia Occidental y Wisconsin, ubicados en esas regiones, la cantidad de negros enviados a prisión por delitos vinculados con las drogas es entre 27 y 57 veces mayor que la de blancos.
HRW destacó que el racismo sigue siendo un factor de gran importancia en el sistema de justicia penal, el cual sufre, con independencia de las cuestiones étnicas, "una crisis de encarcelamiento excesivo en escala aun mayor".
Uno de cada 20 afroestadounidenses mayores de 18 años está en prisiones estatales o federales, mientras sólo uno de cada 180 blancos de la misma edad está en igual situación. En cinco de los estados, la proporción de negros encarcelados se acerca a uno de cada 13.
Desde 1980, cuando la legislación contra las drogas se hizo mucho más severa, aproximadamente 1,5 millones de personas fueron encarceladas por delitos no violentos vinculados con las drogas, y esto implicó cuadriplicar la población carcelaria nacional.
En los años 90, más de 100.000 personas fueron encarceladas cada año por esos delitos.
Incluso el general Barry McCaffrey, jefe de la Oficina Nacional de Lucha Contra las Drogas de la Casa Blanca, se ha quejado de que la lucha antidrogas creó un vasto "gulag de la droga" (los gulag eran campos de trabajos forzados en la ex Unión Soviética).
"La cárcel debería ser el último recurso para proteger a la sociedad de individuos peligrosos, pero se encarcelan más personas por delitos no violentos viculados con las drogas que por el total de delitos violentos", destacó HRW.
Es frecuente que los condenados por delitos vinculados con las drogas reciban "sentencias de prisión de enorme duración", en especial debido a leyes que exigen los jueces imponer sentencias severas para determinados delitos, con independencia de las circunstancias específicas de cada caso, explicó.
Muchos jueces del país se han quejado de ese tipo de leyes, defendidas por políticos y fiscales cuyas campañas electorales se basan en promesas de "mano dura con la delincuencia".
Es discutible que esas leyes hayan contribuido a disminuir el consumo y la disponibilidad de drogas, según la mayoría de los expertos en justicia penal.
Pocos de los condenados a prisión por delitos vinculados con las drogas se transforman en traficantes en gran escala cuando quedan en libertad, ya que la mayoría de ellos son vendedores callejeros fáciles de reemplazar por las organizaciones criminales.
Por otra parte, el consumo de drogas ilegales por parte de los adultos no ha variado en forma apreciable en la última década, según los últimos estudios gubernamentales e independientes.
Por lo tanto, el mayor efecto de las leyes más severas contra las drogas es su impacto destructivo de vasto alcance sobre las comunidades afroestadounidenses, a las cuales priva de capital humano y social, opinó HRW.
"Los barrios pobres en los cuales la mayoría de la población pertenece a minorías étnicas son los principales frentes de batalla de la guerra contra las drogas", se indicó en el informe, que menciona detenciones callejeras masivas, inducción al delito y otras actividades policiales concentradas en esos barrios.
Uno de los factores que ha contribuido a la desproporción del número de arrestos de afroestadounidenses por delitos vinculados con las drogas es la discutida práctica policial de detener, interrogar e investigar a personas en las calles porque su apariencia se considera sospechosa.
Además, la aprobación de legislación antidroga más severa tiende a concentrarse en las grandes áreas urbanas, donde la proporción de afroamericanos en la población es mayor.
La mayor parte de los analistas piensan que el endurecimiento de las penas contra delitos no violentos vinculados con las drogas habría cesado hace mucho tiempo si los blancos fueran encarcelados en la misma proporción que los negros.
"Los políticos han cosechado los beneficios electorales de las políticas de 'mano dura' con mayor facilidad porque los afroestadounidenses, el grupo que más sufre con esas políticas, carece de peso político suficiente" comentó HRW.
Los expertos opinan que los afroestadounidenses tienen menor peso político porque se abstienen de votar más que los blancos. Además, las condenas recibidas por los negros a menudo implican la pérdida de los derechos electorales.
Las actitudes racistas también desempeñan un papel clave. En una encuesta en la cual se pidió a los entrevistados que imaginaran al consumidor de drogas típico, 95 por ciento de los consultados pensó en un afroamericano.
El informe de HRW se suma a otros que han señalado desigualdades vinculadas con factores étnicos en el sistema penal de Estados Unidos, que también sonm evidentes en relación con las sentencias por crímenes violentos y las condenas a muerte.
En la actualidad, los afroestadounidenses sentenciados a la pena capital son 43 por ciento del total, una proporción casi cuatro veces mayor que la de su presencia en la población.
El Departamento de Justicia lanzó el año pasado una investigación del vínculo entre factores étnicos y condena a muerte, a partir de evidencias de que los grupos étnicos del acusado y de la víctima son un factor clave en esos casos.
En 1999, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color estudió 155 casos de asesinato ocurridos desde 1976, en los cuales la víctima y el condenado a muerte como homicida pertenecían a grupos étnicos distintos.
Sólo en 11 de esos casos el condenado era blanco y la víctima negra. En los restantes 144, un acusado negro fue condenado por asesinar a una persona blanca y ejecutado. (FIN/IPS/tra- eng/jl/da/mp/hd ip/00)
