Mujeres colombianas que intentan superar su exclusión de las grandes decisiones del país pedirán en San Vicente del Caguán, sede del diálogo entre el gobierno y las rebeldes FARC, su participación activa en la mesa de negociaciones.
Sindicalistas, campesinas, docentes, defensoras de los derechos humanos, amas de casa, indígenas y madres de policías y soldados retenidos por la guerrilla forman parte del grupo de 200 mujeres que pretende ganar espacio en el proceso de negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Las delegadas del Movimiento Social de Mujeres, que agrupa a 96 organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el área social, dijeron a IPS que pretenden que se les reconozca que pueden hacer aportes importantes al diálogo de paz.
La audiencia hace parte de la convocatoria hecha a sectores sociales por el Consejo Nacional de Paz (consultor del gobierno), la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), el gobierno y las FARC, la mayor organización guerrillera del país.
En San Vicente del Cagüán, las mujeres discutirán y formularán hoy propuestas sobre el desempleo, el desarrollo económico, la violencia y la persistencia de formas de discriminación, dijo a IPS Ana Bernal, directora de Redepaz, que reúne a una treintena de ONG que propueven la solución negociada del conflicto armado.
Las mujeres no quieren seguir siendo excluidas de las decisiones importantes que se toman en el país, "sobre todo cuando se habla de temas como el conflicto social y político" que las afecta directamente, subrayó Bernal.
Cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Interno indican que el 53 por ciento de los cerca de dos millones de personas que debieron abandonar sus hogares son mujeres y de éstas, 32 por ciento han asumido el papel de jefes de hogar porque sus compañeros han sido asesinados.
Luz Aponte, quien participará en representación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDDH), dijo a IPS que pedirá a la guerrilla y al gobierno que busquen un acuerdo humanitario que proteja a la población civil que es la principal afectada por el conflicto armado.
Las principales víctimas de la violencia política en Colombia siguen siendo los civiles, según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de derechos humanos en 1999, difundido en 180 países el 14 de este mes.
El informe indica que el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 3.500 víctimas de actos violentos, por lo menos 1.000 secuestrados por acciones de guerrilleros o paramilitares de derecha y cerca de 250.000 desplazados.
Florence Thomas, del grupo Mujer y Sociedad, dijo que la cita de San Vicente del Cagüán es una oportunidad para que las mujeres propongan soluciones al conflicto armado y la recurrente violencia política.
No obstante, afirmó que el diálogo con sólo dos actores del conflicto -el gobierno y las FARC- es "un espacio demasiado limitado para la gran mayoría de mujeres que tienen una convivencia obligada con los distintos agentes generadores de violencia".
El grupo Mujer y Sociedad pedirá hoy que mientras las guerras subsistan se discuta en las mesas de negociación desde el primer momento la necesidad de que todos los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Mujer y Sociedad pedirá el cumplimiento de las normas del DIH que prohiben y sancionan los casos de violación y todo tipo de violencia sexual contra la mujer en situación de conflicto armado.
Otras mujeres reiterarán que en Colombia persisten condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres en diversos campos, y que se ven agravadas por el conflicto armado interno.
El desempleo femenino es de 21 por ciento, dos puntos por encima del índice general, y la participación de la mujer en cargos públicos no supera el 15 por ciento. (FIN/IPS/yf/ag/ip hd/00
