La defensa del ex dictador Augusto Pinochet apeló en Chile el fallo que lo despoja de su inmunidad parlamentaria, mientras se postergaba la anunciada firma de un documento de consenso en la mesa de diálogo cívico-militar sobre derechos humanos.
El recurso presentado el viernes por Pinochet ante la Corte Suprema de Justicia pretende revertir el fallo emitido el lunes por la Corte de Apelaciones de Santiago, que por 13 votos contra nueve determinó que el general retirado de 84 años debe ser sometido a proceso penal por delitos contra los derechos humanos.
Según Gustavo Collao, representante legal del ex dictador y senador vitalicio, la apelación ante el máximo tribunal argumenta la "total inocencia" de Pinochet, ya que no existiría "indicio alguno" de su presunta responsabilidad en los crímenes cometidos por la llamada "caravana de la muerte".
La anunciada apelación por parte del ex gobernante de facto debía coincidir el viernes con la firma de un documento de consenso en la mesa de diálogo sobre derechos humanos, instalada el 30 de agosto de 1999 con la participación de abogados de víctimas de la represión y representantes de las Fuerzas Armadas.
Luego de nueve meses de intensas negociaciones y debates, se informó que la mesa había llegado a un consenso que plasmaría en un documento, que sería firmado en una sesión plenaria de sus integrantes, entre los cuales se incluyen también personalidades científicas, culturales y religiosas.
Sin embargo, la sesión plenaria fue suspendida y el día se dedicó a nuevas reuniones reservadas de trabajo, que incluyó una entrevista paralela del ministro de Defensa, Mario Fernández, con los altos oficiales que representan en la mesa de diálogo al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros.
Se anunció finalmente que la sesión se realizaría este lunes, una vez que la comisión redactora afinara los últimos detalles del documento de consenso, sin que se informara sobre las razones de fondo del aplazamiento.
Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa sostuvieron que los representantes militares "tendrían" la autorización de sus respectivos comandantes en jefe para suscribir el documento.
Según trascendió, el texto concilia las posiciones de los abogados de derechos humanos y las Fuerzas Armadas para proponer fórmulas de esclarecimiento del destino de unas 1.500 personas desaparecidas durante el régimen dictatorial (1973-1990).
Estas fórmulas, que serían en algunos casos materia de legislaciones especiales, descartan la aprobación de una "ley de punto final" para los casos pendientes de violaciones de derechos humanos, pero, al mismo, resguardan los "intereses permanentes" de las Fuerzas Armadas, según las versiones.
El presidente Ricardo Lagos señaló que someterá a consultas de todos los partidos políticos las eventuales propuestas de leyes que haga la mesa de diálogo, creada hace nueve meses, cuando Pinochet permanecía arrestado en Londres.
Si bien el caso del ex dictador es hoy una materia judicial, mientras la mesa de diálogo es en lo esencial una negociación política, se estima que un acuerdo en esta última instancia podría influir sobre la suerte de Pinochet.
El ex jefe del Ejército y del régimen militar es acusado como "autor inductor" del secuestro en octubre de 1973 de 19 prisioneros políticos, que habrían sido fusilados en tres ciudades de Chile por la "caravana de la muerte", pero cuyos restos jamás aparecieron.
La "caravana" fue una misión especial del Ejército organizada por Pinochet para "agilizar" los juicios a militantes de izquierda detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El proceso sobre estos crímenes, a cargo del juez Juan Guzmán, ilustra el principal foco de conflicto pendiente en materia de derechos humanos.
Mientras los familiares de los detenidos-desaparecidos reclaman que se esclarezca la forma en que habrían sido asesinados y que se les entreguen sus restos, las Fuerzas Armadas y el propio Pinochet sostienen que carecen de informes al respecto.
El ex dictador fue despojado de su inmunidad como senador vitalicio sólo por el caso de la "caravana de la muerte", pero se han presentado en su contra un total de 120 querellas penales por otras desapariciones y crímenes represivos.
La defensa de Pinochet intentará que la Corte Suprema de Justicia revoque su desafuero con el argumento de que no se le puede atribuir responsabilidad política en los 19 secuestros, porque en esa fecha no ejercía la Presidencia del país, sino sólo era jefe de la junta militar de gobierno.
El alegato plantea que, si le cabe alguna responsabilidad al ex dictador como jefe de Estado, sería sólo de tipo administrativo y que, por tanto, no podría ser objeto de un proceso penal sin un anterior juicio político en el parlamento.
Este planteamiento fue ya rechazado por la mayoría de la Corte de Apelaciones de Santiago, que basó la responsabilidad de Pinochet en el liderazgo que asumió desde el inicio de la dictadura y en el hecho de que los integrantes de la "caravana de la muerte" eran sus subordinados en el Ejército.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Alvarez, anticipó que el máximo tribunal tratará de dar una tramitación rápida a la apelación de Pinochet, para emitir un fallo definitivo a fines de este mes o en los primeros días de julio. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/00
