El gobierno de Chile comenzó a ejecutar el acuerdo sobre derechos humanos al enviar al parlamento el proyecto que establece la protección del secreto profesional para quienes entreguen informes sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El presidente Ricardo Lagos remitió el proyecto el martes, inciando así la aplicación del acuerdo firmado el día 13 por las fuerzas armadas, abogados y personalidades religiosas, científicas y culturales en la mesa de diálogo.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), que rechaza el convenio, intentó infructuosamente que el gobierno desistiera de presentar este proyecto o al menos atrasara su envío a la Cámara de Diputados en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Con esta ley se pretende liberar temporalmente a miembros activos y retirados de las fuerzas armadas y de la policía de Carabineros de sus dependencias jerárquicas e institucionales y garantizarles reserva si entregan antecedentes que permitan ubicar los restos de unas 1.200 personas desaparecidas en los primeros años de la dictadura.
Del mismo modo, la normativa impedirá que se apliquen las sanciones que prevé el Código de Justicia Militar para los uniformados que en conocimiento de un delito no hayan dado cuenta a sus superiores.
La norma regiría por seis meses, con una probable renovación por un semestre más, según los plazos previstos en el acuerdo de la llamada mesa de diálogo para que las fuerzas de seguridad recopilen y reconstruyan los informes sobre desapariciones que, según afirman, poseen ahora de manera muy incompleta y fragmentada.
La AFDD rechazó el acuerdo porque a su juicio ofrece la búsqueda de la verdad sobre el destino de los desaparecidos, pero niega la justicia, lo cual significa "refrendar el terrorismo de Estado" y la impunidad de los violadores de los derechos humanos.
Para los familiares de los desaparecidos el secreto profesional es en este caso "una figura ilícita", en la cual se involucraría ahora al parlamento para que sancione una ley ad hoc.
La ley significará "la protección de aquellos que cometieron crímenes amparados por el Estado y que hoy obtienen un protagonismo al quedar bajo su arbitrio la entrega de información, sobrepasando la autoridad de las instituciones del Estado", dijo la AFDD.
Para Viviana Díaz, presidenta de la agrupación, el objetivo final es que las desapariciones forzadas, tipificadas judicialmente como secuestros, sean declaradas homicidios por la justicia, con lo cual los tribunales absolverían a los culpables, aplicándoles la ley de amnistía de 1978.
La visión de la AFDD fue refutada por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien fue hasta Valparaíso junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Alvaro García, para ingresar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
"Nosotros no nos involucramos de manera alguna en los tribunales de justicia, sino que este es un mecanismo que facilita la entrega de información, de manera de avanzar por el proceso de reconciliación", dijo Insulza.
"El contenido del proyecto es otorgar la reserva necesaria para que las personas que conocen antecedentes puedan entregar la información a los encargados, quienes no podrán revelar el nombre o datos que identifiquen a quienes los otorgaron", señaló Insulza.
"Les hemos hecho ver (a los familiares de las víctimas) que el proyecto de ley (sobre el secreto profesional) no toca la ley de amnistía, no es una ley de punto final y lo único que hace es facilitar la recolección de información sobre los detenidos desaparecidos", recalcó a su vez el ministro García.
El titular de la Secretaría General de la Presidencia se mostró confiado en la rápida aprobación del proyecto, para lo cual se dialogó previamente con las bancadas parlamentarias de los partidos oficialistas y opositores con representación parlamentaria.
El Partido Comunista, que representa la más dura oposición al acuerdo, no tiene diputados ni senadores.
Según García, la aprobación de la ley será "la muestra de unidad nacional que el país necesita" e implicará "una contribución importante en el avance de la verdad y la operación de la justicia, lo cual cerrará las heridas de las violaciones a los derechos humanos".
La ley estipulará los mecanismos para la recolección de las informaciones sobre personas desaparecidas, para cuyos efectos las fuerzas armadas asumieron el compromiso de prestar toda su colaboración, al igual que la Iglesia Católica.
Los abogados de derechos humanos que participaron en el diálogo ofrecieron entregar a las instituciones castrenses la información recopilada en las denuncias sobre desapariciones forzadas que hicieron ante los tribunales durante la dictadura.
La abogada Pamela Pereira, una de las protagonistas fundamentales de la mesa de diálogo, señaló que, según los antecedentes disponibles, la policía de Carabineros es responsable de unas 500 desapariciones, el Ejército de más de 120, la Armada de unos 10 y la Fuerza Aérea de una cantidad aún menor.
Otros 300 casos corresponden a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de los primeros años de la dictadura, cuyos efectivos provenían sobre todo del Ejército y que además tuvo numerosos agentes civiles. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/00
