Los derechos de unos 250.000 miembros de la etnia rohingya que huyeron hace casi 10 años desde Birmania hacia Bangladesh siguen amenazados en ambos países, denunció la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington.
En Birmania, adonde la mayoría de los refugiados fueron repatriados, los rohingyas son privados de sus derechos de ciudadanos y "están sujetos a restricciones en su libertad de movimiento, impuestos arbitrarios y extorsiones por funcionarios locales", dice el informe de HRW publicado este martes.
Y en Bangladesh, unos 22.000 rohingyas que permanecen en campamentos de refugiados y otros 100.000 que llegaron desde 1992 viven "en circunstancias precarias", sin documentación y con posibilidades de ser repatriados por la fuerza.
"Birmania debe mejorar el tratamiento a los rohingya, que sufren abusos y son tratados como extranjeros en su propio país", urgió Gary Risser, investigador sobre refugiados de HRW/Asia.
"Es por eso que siguen llegando a Bangladesh y temen volver", agregó.
HRW exhortó el martes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a esforzarse por proteger a los rohingya, en especial en el estado birmano de Arakan, donde vive la mayor parte de esta minoría musulmana.
ACNUR, que se estableció en Arakan en 1994 cuando comenzó a repatriar a los rohingyas, comenzó a delegar la responsabilidad por el bienestar de los refugiados al Programa Integrado de las Naciones Unidas, que agrupa a varias agencias del foro mundial preocupadas por el desarrollo de Birmania.
Pero la reducción de la presencia de ACNUR en Arakan aumentará la vulnerabilidad de los repatriados a los abusos, advierte el informe de HRW, titulado "Refugiados birmanos en Bangladesh: Sin solución duradera".
Aunque las agencias del Programa Integrado expresaron interés en la protección de los derechos humanos, "carecen del mandato y de la experiencia necesarios para garantizar una protección adecuada de los rohingya", agrega el documento.
Los rohingya musulmanes alguna vez formaron parte del reino Mrauk-U, en Arakan, que fue dividido entre los reinos budistas de Birmania al este y los mogules musulmanes al oeste.
Aunque Mrauk-U tuvo reyes budistas, los musulmanes jugaron un papel muy importante en la corte.
En 1784, el rey birmano Bodawpaya conquistó e incorporó la región de Arakan, provocando un éxodo de musulmanes, incluidos los rohingyas, hacia la sureña ciudad de Chittagong, en la moderna Bangladesh, donde muchos se establecieron.
Bajo el régimen de Gran Bretaña, que administró Birmania como parte de India hasta la invasión japonesa de 1942, la frontera fue abierta y la migración en ambas direcciones se hizo frecuente.
Luego de la independencia de Birmania, en 1948, la tensión entre el nuevo gobierno y los rohingya creció, en particular después que un grupo de musulmanes arakaneses pidieron la integración de Maungdaw y Buthidaung a lo que era entonces Pakistán oriental.
Como resultado, Rangún negó a los rohingya la ciudadanía y los excluyó del servicio militar y del servicio civil.
En 1950, algunos rohingyas lanzaron una insurgencia armada que solo acabó cuatro años después. Cuando los militares tomaron el poder en 1962, la represión de la etnia aumentó, y para 1978 más de 200.000 habían huido a Bangladesh, que trató de repatriar la mayor cantidad posible.
El mayor flujo de emigración tuvo lugar en 1991-92, cuando más de 250.000 rohingyas huyeron de los trabajos forzados, las violaciones y la persecución religiosa por parte del gobernante Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden.
Cuando Bangladesh anunció la repatriación de los refugiados, la situación de éstos llamó la atención de la comunidad internacional.
ACNUR aseguró que los derechos de los refugiados en Bangladesh serían protegidos adecuadamente, que todas las repatriaciones serían voluntarias y que los refugiados que decidieran volver estarían a salvo de persecuciones o represalias.
Todos los rohingya menos 22.000 finalmente regresaron a Birmania, y en junio de 1999 ACNUR anunció que reduciría gradualmente su programa de asistencia en ambos países.
Pero poco ha cambiado en Birmania, donde los rohingya todavía carecen de sus derechos básicos, según HRW.
Por ejemplo, los aldeanos rohingya deben obtener un permiso de viaje de las autoridades locales para cruzar los límites de su municipio, y sus hijos no pueden asistir a escuelas públicas más allá del nivel primario.
Además, los rohingya deben pagar impuestos de viaje más altos que el resto de los birmanos y están sujetos a extorsiones y robos por parte de batallones del ejército, de acuerdo con el informe.
Las autoridades locales también obligan a los rohingya, incluso a niños de tan solo siete años, a realizar trabajos forzados.
Mientras, muchos rohingya refugiados en Bangladesh padecen abusos físicos por parte de los administradores de campamentos, pese a cierta mejora de las condiciones desde que un levantamiento de los refugiados congeló el proceso de repatriación en 1997.
La situación de otros 100.000 rohingya que huyeron a Bangladesh desde 1992 no es mucho mejor. Casi ninguno tiene documentación formal que le brinde cierto tipo de asistencia o protección, y su disposición a trabajar por salarios muy bajos generó un sentimiento contrario a ellos y algunos choques.
Además, estos rohingya son especialmente vulnerables al tráfico humano.
"Las personas que tienen un temor fundado de persecución en Birmania deberían recibir protección internacional en Bangladesh", instó Risser.
"Dado el actual clima en Birmania, no debería haber deportaciones sumarias de rohingya", agregó.
Por ese motivo, exhortó HRW, ACNUR debe intensificar y no reducir sus operaciones en ambos países, pero especialmente en Birmania.
"Mientras los rohingya de Arakan sigan siendo blanco de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, continuarán las emigraciones. La limitación de los recursos no debe ser un pretexto para barrer el problema debajo de la alfombra", dijo HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/mlm/hd-pr/00
