Entidades financieras públicas de países industrializados fomentan exportaciones e inversiones en el Sur en desarrollo que contribuirán a agravar las emisiones de gases invernadero causantes del recalentamiento planetario, según un estudio especializado.
Mientras los países industrializados negocian menos emisiones y procuran evitar que aumenten en países en desarrollo, sus acreedores de préstamos de exportación y agencias de seguros de inversiones generan el cambio climático, señaló el informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), de Estados Unidos.
Sobre todo, expresó el grupo de estudios de Washington, los fondos comerciales con respaldo público y los proyectos financieros dirigidos a países en desarrollo se concentran en generar energía mediante combustibles fósiles, desarrollar petróleo y gas, y promover rubros afines como petroquímicos y transportes.
Desde 1994 al primer trimestre de 1999, 60 por ciento del respaldo financiero de las agencias de seguros de inversiones en Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos, o 216.600 millones de dólares destinados a proyectos en países en desarrollo, fueron a sectores de producción intensiva de energía.
Esas instituciones financieras con recursos públicos fueron creadas para brindar garantías, créditos y seguros para que sus compañías compitan y negocien mejor en el exterior. Con eso, ayudan a subsidiar casi 10 por ciento del comercio mundial.
La mayoría de las agencias, como la Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior de Estados Unidos, o la alemana Hermes Kreditversicherung-AG, y la Corporación de Desarrollo de Exportaciones de Canadá, afirman que generan grandes beneficios económicos y sociales, apuntó Crescencia Maurer, investigadora del WRI.
"Sin embargo, desde una perspectiva climática, las agencias parecen causar más daños que beneficios", agregó Maurer, principal redactora del informe.
Solamente la energía generada por combustibles fósiles y el desarrollo de patróleo y gas, representa casi 40 por ciento de los fondos en proyectos y comercio destinados a las naciones en desarrollo, dijo Maurer.
Entre los principales destinatarios de ese tipo de financiación figuran algunos de los mayores emisores de gases invernadero entre los países en desarrollo, como Brasil, China, India, Indonesia y México, agregó el informe.
Esas inversiones no se equilibran con una financiación para energía renovable o tecnologías energéticas más eficientes. Las agencias apoyan sólo con 2.000 millones de dólares la financiaciones de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos de energía, según el informe.
La mayoría de los científicos cree que los llamados gases invernadero, producidos por la combustión de petróleo, gasolina, carbón y la mayor parte de las sustancias químicas con base de carbono, recalientan gradualmente la atmósfera terrestre y alteran su clima.
Si las tendencias de recalentamiento actuales continúan, el promedio de la temperatura mundial podría aumentar de uno a 3,5 grados centígrados en el 2050, según estudios especializados.
Esos impactos de cambio climático, como el aumento de la frecuencia y la severidad de las tormentas, sequías, olas de calor e inundaciones, tendrá graves repercusiones en países pobres y sin capacidad de enfrentar semejantes efectos.
"La financiación de las agencias de inversiones conspira contra el compromiso formal de los gobiernos industrializados de facilitar la transferencia de tecnologías ambientalmente sustentables a los países en desarrollo", dijo Nancy Kete, directora del programa de clima, energía y contaminación del WRI.
Larry Spinelli, vocero de OPIC, dijo a IPS que el estudio del WRI tiene "lagunas", dado que no hace distinción alguna entre las agencias. "Están pintando con un pincel muy ancho porque OPIC es diferente a las instituciones que mencionaron", acotó.
Al contrario de otras agencias, OPIC ha desarrollado normas ambientales. La agencia de seguros de inversiones no financia proyectos en China o México, dijo Spinelli.
Los impactos ambientales y sociales de las agencias recibieron poca atención pública porque poco se sabe de sus actividades. Los grupos ecológicos procuran que sus actividades se conozcan porque financian 100.000 millones de dólares anuales en proyectos sin ningún reparo en problemas ambientales o humanitarios.
El informe del WRI fue redactado en base a una investigación del grupo ambientalista Amigos de la Tierra y del Instituto para Estudios Políticos.
Ambas informaron que OPIC y el Banco de Exportación e Importación (Eximbank) financiaron proyectos para petróleo, gas natural y carbón en todo el mundo con 23.200 millones de dólares entre 1992 y 1996.
Durante la vigencia de esos proyectos, alrededor de 25.500 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cantidad equivalente a todas las emisiones globales de gas invernadero en 1996, serán liberadas en la atmósfera, dijo el informe.
El principal problema señalado por el informe es la falta de coherencia entre los diferentes ámbitos políticos nacionales a internacionales.
"En la mayoría de los países industrializados las políticas financieras y comerciales son apartadas de aquellas para la asistencia al desarrollo y la tutela ambiental", observó el WRI.
Ministerios de finanzas y las propias agencias han sostenido que los derechos humanos y la cuestión ambiental está fuera de su competencia. Ese argumento se contradice con el hecho de que muchas agencias bilaterales y bancos multinacionales adoptan normas y prácticas ecológicas desde hace 10 años.
El segundo problema que contribuye a la contradicción entre políticas climáticas e inversiones de las agencias es la falta de transparencia. Estas se oponen generalmente a dar claridad a sus actividades porque aducen la necesidad de proteger los negocios de sus clientes en forma confidencial.
Sin embargo, el informe cita dos documentos, uno del Instituto de Finanzas Internacionales y otro de la Agencia de Información de Energía, los cuales indicaron que la claridad en los sectores bancarios y energéticos contribuye a mejorar el proceso de decisión y no afecta los intereses privados.
Estrechamente vinculado al problema de la limitada transparencia está la falta de normas comunes sociales y ecológicas para las agencias que evitarían la puesta en marcha de proyectos destructivos en materia ambiental y humanitaria, un proceso que los activistas llaman "carrera al fondo". (FIN/IPS/tra-en/dk/da/ego/aq/en/00
