La legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó hoy una controvertida ley de salud reproductiva que apunta a prevenir los embarazos indeseados y sobre todo la muerte en casos de aborto, una práctica ilegal en Argentina a la que se someten unas 1.300 mujeres por día.
Con fuerte resistencia de un grupo de religiosos, padres, adolescentes y jóvenes de colegios y universidades católicas, la legislatura acogió en la madrugada de este viernes con 39 votos a favor y 13 en contra el proyecto que permitirá a las mujeres, sin límites de edad, acceder a información sobre salud reproductiva.
Los puntos más resistidos del proyecto -que ahora se intentará imponer también en el Congreso nacional- fueron la posibilidad de que las adolescentes consulten y reciban anticonceptivos sin el permiso de sus padres, y que se incorpore a la lista de métodos permitidos el dispositivo intrauterino, rechazado por la Iglesia Católica.
La aprobación se produjo en el mismo mes en que numerosas mujeres argentinas se movilizaron a Nueva York para participar de la Asamblea especial de la Organización de las Naciones Unidas en la que se analizaron los avances y retrocesos en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995-
Argentina había votado tradicionalmente junto a los países más reacios a la planificación familiar -entre ellos, el Vaticano-, pero con el gobierno de Fernando de la Rúa, instalado en diciembre, adoptó una postura menos militante en contra de los derechos de salud reproductiva.
La ley votada faculta a las mujeres -aunque sean adolescentes, y sobre todo las que no tienen recursos económicos- a obtener información en los hospitales públicos de la capital, someterse a exámenes y recibir los anticonceptivos recomendados para su edad.
La norma, que era promovida por las organizaciones no gubernamentales de mujeres y de salud desde hacía muchos años, fue celebrada por esos grupos y también por numerosos médicos – ginecólogos y obstetras- que han señalado la necesidad de prevenir los embarazos adolescentes y el aborto, a cualquier edad.
Cuarenta y ocho por ciento de las mujeres de América Latina no utilizan métodos anticonceptivos, según un informe del Centro Latinoamericano Salud y Mujer. Los embarazos no deseados son en la región más de 37 por ciento de los que se producen por año, de acuerdo con la misma fuente.
En Argentina, según estadísticas del Ministerio de Salud, 16 por ciento de los nacimientos corresponden a mujeres entre 10 y 19 años, y el Banco Mundial comprobó que 40 por ciento de los adolescentes no usan ningún método anticonceptivo, pese a ser sexualmente activos.
En cuanto a los abortos, una práctica prohibida por ley, se producen cerca de 500.000 por año. En los sectores de mayores recursos, la interrupción del embarazo tiene un alto costo y se realiza en condiciones de asepsia, pero entre los más pobres, los métodos a veces llevan a las pacientes a la muerte.
La legisladora Juliana Marino, una de las promotoras de la norma aprobada este viernes, comentó que en Argentina, "los más pobres son los que tienen más hijos, y también los que más recurren al aborto en las peores condiciones".
Marino aclaró que la ley no es proclive al aborto y ni siquiera contempla la posibilidad de dotar a la población de métodos anticonceptivos "abortivos", como afirmaron los manifestantes católicos congregados fuera de la legislatura y que incluso intentaron entrar allí por la fuerza.
El médico obstetra Roberto Nicholson, de la Sociedad Argentina de Fertilidad y Esterilidad, comentó que desde 1965, los dispositivos intrauterinos (más conocidos por sus siglas DIU), no son abortivos, porque no actúan sobre el óvulo fecundado, sino que impiden el movimiento de los espermatozoides.
Su colega Juan Sebastiani, del Hospital Italiano, consideró este viernes como "un día diferente", porque los médicos de la capital podrán en adelante dar información y material concreto a las parejas que quieran planificar el número de hijos.
"Debemos aspirar a ser un país donde cada hijo sea fruto del deseo de sus padres", opinó Sebastiani, y se lamentó por la cantidad de niñas y adolescentes que llegan a las guardias hospitalarias en grave condición tras intentar el aborto en condiciones inadecuadas o por estar a punto de parir sin haberse sometido a controles previos.
La médica sanitarista Mabel Bianco, directora de la Fundación de Investigaciones sobre la Mujer y directora del Programa Nacional de Sida, dijo que los opositores a la ley deben entender que "no todas las familias son entornos seguros" y es allí, dijo, donde el Estado debe hacerse presente.
Bianco se refirió así a los jóvenes y adolescentes que padecen la violencia y el abuso doméstico, a quienes son sometidos a explotación sexual, y a otros que simplemente no tienen la posibilidad de dialogar con padres o adultos que los asesoren para el cuidado de su cuerpo y su salud.
"Esta no es una ley de natalidad ni de política demográfica", aclaró una de las legisladoras, Clori Yelicic, en uno de los momentos más celebrados por la tribuna de mujeres de ONG.
"Es una ley que apunta a revertir desigualdades, injusticias, y el sufrimiento de muchas mujeres principalmente pobres", afirmó Yelicic. (FIN/IPS/mv/ff/he/00
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