El aumento de las inversiones en explotación forestal por empresas multinacionales de Asia acelera la destrucción de bosques tropicales de Africa, el Caribe y el Pacífico, afirmaron dos organizaciones ambientalistas.
Un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), de Washington, revela cómo las inversiones antes procedentes de Japón, Europa y América del Norte provienen ahora de firmas asiáticas, en especial de Malasia, Indonesia, Corea del Sur y Hong Kong.
El estudio, publicado este mes, fue financiado por la Comisión Europea.
La nueva tendencia, destaca el informe, provocó un aumento de las actividades forestales destructivas, la violación de los derechos de las comunidades indígenas y en ocasiones corrupción en gran escala.
Los hallazgos alarmaron tanto a los autores que éstos recomendaron una suspensión de la extracción de madera en 11 países.
Esos países son Camerún, Gabón, Congo-Brazzaville, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y República Democrática de Congo en Africa central; Belice, Guyana y Suriname en la cuenca del Caribe, y Papúa-Nueva Guinea e Islas Salomón en el Pacífico Sur.
"Como la explotación tiene lugar en países con escasa o ninguna regulación de la administración forestal, a menudo es muy descuidada y tiene graves daños colaterales en los bosques circundantes", señala el informe.
Además de las compañías madereras, también son blancos de crítica el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña.
El informe exhorta al Banco Mundial y a la Unión Europea a respaldar únicamente la extracción de madera en bosques administrados de manera sustentable.
En cambio, "la mayoría de las nuevas inversiones se concentran en actividades de corto plazo, y los beneficios económicos para el país exportador suelen ser muy bajos", lamentó Jean-Paul Jeanrenaud, director del programa forestal de WWF.
El informe iba a ser publicado en 1997, pero "fue pospuesto para actualizarlo tras la crisis financiera de Asia y para minimizar la posibilidad de demandas judiciales de algunas de las empresas transnacionales más poderosas del mundo, cuyas prácticas son criticadas", explicó WWF.
La principal diferencia entre ambas versiones del informe es que la última no nombra específicamente a ninguna compañía, mientras la primera -obtenida por IPS- sí lo hacía.
Pero Nigel Sizer, uno de los principales autores del informe, sostuvo que la versión original era exacta y puso copias a disposición de la prensa.
La falta de exactitud no fue el motivo de la postergación, explicó, y agregó que, aunque la última versión omite los nombres de las compañías, contiene las mismas recomendaciones y conclusiones.
"Los grupos que trabajan con temas tan sensibles, ya sean ONG, instituciones de crédito o gobiernos, deben entender plenamente las implicaciones del trabajo que hacen y sus posibles consecuencias", dijo Sizer a IPS.
Ambas versiones del informe señalan que más de 80 por ciento de las nuevas inversiones de firmas madereras asiáticas en Africa, el Caribe y el Pacífico proceden de Malasia.
La versión original critica particularmente a una empresa malasia, Rimbunan Hijau, que "es una de las más cuestionables en términos de responsabilidad ambiental y social".
Aunque el informe destaca el aumento de las inversiones procedentes de Asia, también recuerda que las empresas europeas continúan jugando un papel dominante en la explotación forestal en Africa.
Existen importantes diferencias entre las anteriores inversiones y las nuevas, llamadas "Sur-Sur", destaca el estudio.
Las inversiones de Asia "crecen muy rápido, muchos proyectos son de muy gran escala, cubren una mayor variedad de especies, y en algunos casos talan árboles de menor diámetro", dicen ambas versiones.
Las nuevas inversiones se concentran en países con leyes ambientales y sociales débiles o anticuadas y con escasa fuerza para hacerlas aplicar, añade el informe.
En la mayor parte de los países estudiados, la toma de decisiones está "controlada por un pequeño grupo de personas poderosas o clanes dentro del gobierno que consideran los bosques primarios de su país como una fuente de ingresos personales a corto plazo".
Los programas de conservación forestal promovidos por los donantes (entre ellos el Banco Mundial, Japón, la Unión Europea, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Canadá y Estados Unidos) no incluyen esfuerzos para mejorar la gestión de gobierno, sostiene el estudio.
Así mismo, los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial y el FMI no promueven la capacidad de controlar las actividades para reducir el impacto social y ambiental de los proyectos, agrega.
WWF y WRI exhortaron a todos los gobiernos de Africa, el Caribe y el Pacífico a congelar las nuevas inversiones extranjeras en la expansión de la explotación forestal hasta que se realice un plan adecuado del uso de la tierra y se definan los derechos tradicionales de los habitantes nativos. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/mlm/en/00
