La sociedad civil de Venezuela se anotó hoy una victoria sin precedentes cuando el Tribunal Supremo de justicia aprobó su petición de suspender las elecciones generales previstas para el domingo, solicitada para defender los derechos de los 11,7 millones de votantes.
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) Queremos Elegir y Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), demostraron en forma irrefutable la imposibilidad de realizar los comicios sin lesionar los intereses de los ciudadanos.
"Fue demoledor", consideró el representante de Queremos Elegir, Elías Santana, mientras esperaba el veredicto del Tribunal Supremo, y después de exponer sus pruebas, confirmadas inesperadamente por organismos del Estado.
"Queremos destacar el triunfo de la sociedad civil, hemos evitado un 'megadesastre", dijo Santana, quien ahora espera la determinación de nueva fecha para las mayores elecciones organizadas en la historia de este país.
Los venezolanos debían elegir el 28 de mayo al presidente, parlamentarios, gobernadores, legisladores regionales, alcaldes, concejales y miembros de las juntas regionales, para adaptar la institucionalidad del país a la Constitución vigente desde el 30 de diciembre.
El proceso comicial tiene dimensiones y complejidad sin precedentes en la historia democrática de Venezuela, y sus preparativos estuvieron enrarecidos por numerosas denuncias de falta de transparencia e ineficiencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las dos ONG decidieron presentar la semana pasada un recurso de amparo para defender los derechos de los electores, por considerar que el CNE no había informado al público de manera adecuada sobre el complicado proceso del sufragio y sobre los candidatos postulados.
En el recurso, introducido el día 22, tras el fracaso del primer intento de simulacro de votación, se pidió al Tribunal Supremo "el aplazamiento de las elecciones hasta que puedan realizarse con calidad y transparencia".
Al aceptar el amparo, el Tribunal dijo que el acto electoral "debe suspenderse íntegramente".
Hasta este viernes no existía definitiva información oficial acerca de los 36.000 aspirantes a los 6.241 cargos en disputa, una deficiencia atribuida a problemas del CNE en la elaboración de una base de datos eficaz.
Tampoco se ha completado la capacitación de unos 180.000 miembros de mesa que deberán orientar a los votantes.
El CNE, árbitro electoral de este país, también fue cuestionado por incapacidad para gerenciar el proceso y evitar las fallas técnicas que se presentaron desde el estrepitoso fracaso del simulacro realizado para probar el voto automatizado, que sería utilizado por más de 90 por ciento de los electores.
"Este es un gran día para la democracia, para los ciudadanos", afirmó la directora de Cofavic, Liliana Ortega, tras obtener la victoria ante el Tribunal Supremo.
Ortega intervino en un acto transmitido en vivo a todos los venezolanos y matizado por los abrazos de felicitación de los representantes de la sociedad civil.
En la instancia de los alegatos, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo coincidieron en la necesidad de aplazar las elecciones. La consultoría jurídica del CNE admitió la proliferación de fallas en el proceso, cuando se dirigió a los magistrados.
"Sale una sociedad civil fortalecida, ellos se han anotado un triunfo importante", dijo el abogado constitucionalista Gerardo Blyde, candidato al parlamento.
"Ganaron todos los venezolanos, porque tras la aceptación de ese amparo, esas dos ONG nos representaron a todos", comentó a la televisión Cecilia Sosa, ex presidenta del Tribunal Supremo.
Analistas jurídicos presentes en la sala del máximo tribunal anticiparon la sentencia de aceptación del recurso de amparo de las ONG antes que se iniciara la deliberación de los magistrados, pues se consideraba que todas las ponencias concordaban en la necesidad de suspender los comicios.
El CNE y el Tribunal Supremo habían sido foco de críticas de grupos políticos opositores y de organizaciones de la sociedad civil, pues se consideraba que sus miembros habían sido elegidos "a dedo" por una comisión legislativa de transición dominada por el oficialismo.
En marzo, el Tribunal fue criticado por no aceptar numerosos recursos que ya pedían la postergación de los comicios para cumplir con el plazo de seis meses establecido en la nueva Constitución, que se cumpliría a fines de junio.
El dirigente oficialista Tarke Williams, candidato al parlamentario, consideró que la decisión adoptada este jueves demuestra que "las instituciones están funcionando".
Tras la suspensión queda pendiente la decisión de una nueva convocatoria a elecciones, y se presume que estas podrían realizarse a fines de junio.
Pero también quedó pendiente el futuro del CNE. Los dirigentes de la sociedad civil que presentaron el recurso de amparo se pronunciaron por la renuncia de los integrantes de ese cuerpo, pues ha quedado en evidencia su ineficacia para realizar los comicios.
"Es indispensable relegitimar a los actores", dijo Ortega, de Cofavic, una ONG creada para defender a los familiares de las víctimas del "Caracazo" del 27 de febrero de 1989, cuando cientos de personas murieron como consecuencia de la represión militar contra una protesta popular que había dado lugar a saqueos.
Queremos Elegir y Cofavic forman parte de un sector de la sociedad civil que ahora concentra su actividad en la defensa de los derechos del ciudadano, plenamente garantizados por la nueva Constitución. (FIN/IPS/lc/ff/ip/00
