El trauma que sacudió a Venezuela al suspenderse los comicios generales programados para el domingo pasado aún mantiene en suspenso a la población, pero también ha dado lugar a un imprevisto ambiente de concertación y diálogo político.
La sede del Poder Legislativo fue sede este miércoles de una reunión de diversos actores políticos y sociales que buscan soluciones para recomponer el desprestigiado Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr la celebración de los comicios lo antes posible.
El reto más grande de las organizaciones que participan en el diálogo, alimentado por propuestas, informes técnicos y visiones políticas dispares, es lograr un consenso que permita elecciones de calidad.
El veredicto judicial que el día 25 suspendió las elecciones no fue resistido por ningún actor de la escena política y social del país, ante la evidencia de fallas técnicas graves que podrían haber convertido la votación en un gran fiasco para la democracia.
Aunque las reflexiones sobre lo ocurrido están matizadas de recriminaciones y acusaciones, la postergación tuvo el efecto inmediato de moderar el enfrentamiento político, e incluso ha dado lugar a la reunión de sectores que parecían distanciados irremediablemente, en busca de una solución honorable.
"Ahora debemos proceder a corregir los vicios y las fallas, y debemos tener un CNE confiable", afirmó este miércoles Liliana Ortega, representante de la organización de derechos humanos Cofavic y que participa junto a otros representantes de la sociedad civil en el diálogo generado.
Un recurso de amparo presentado por Cofavic y por la organización Queremos Elegir, para proteger los derechos de los electores frente a la desinformación y las fallas técnicas de las elecciones, determinó el fallo del Tribunal Supremo judicial de suspensión de los comicios.
Las popularmente llamadas "megaelecciones" fueron programadas para que 11,7 millones de votantes eligieran a 6.241 funcionarios entre más de 30.000 candidatos. Estaban en juego desde la Presidencia hasta las juntas parroquiales.
Durante los últimos días los venezolanos asistieron a un cruce de acusaciones y al inicio de investigaciones por parte de autoridades del Estado para determinar responsabilidades, mientras el CNE se desmoronaba por primera vez en la historia de la democracia de este país, nacida en 1958.
Los cuestionados integrantes del CNE esperaron cinco días para presentar su renuncia, en medio de la impaciencia de sus críticos, que los culpaban de la mala organización del proceso comicial.
Este martes, cuando ya habían abandonado sus puestos, un tribunal les prohibió la salida del país.
Aunque se aguarda con expectativa la definición de una nueva fecha electoral y de las condiciones en que se votará, la población reaccionó con tranquilidad frente a la suspensión de los comicios, si se exceptúan algunas escaramuzas frente a la sede del CNE.
La necesidad de buscar una solución al caso determinó la inesperada presencia de la jerarquía de la Iglesia Católica, descalificada por el presidente Hugo Chávez, en la sede de la Comisión Legislativa de transición, dominada por el oficialismo.
También se escuchó la opinión de los gobernadores opositores, que el oficialismo considera restos de los primeros 40 años de democracia, un período constantemente vapuleado por Chávez, cuya llegada al poder desplazó a los partidos hegemónicos en aquel periodo.
La sociedad civil ha planteado la necesidad de transparencia en la selección de un nuevo CNE y de evitar la repetición de errores en la designación de sus integrantes. Los críticos de la organización de las elecciones afirman que los miembros ahora renunciantes del CNE fueron escogidos "a dedo" por el oficialismo.
Además, destacan la importancia de fijar una fecha que permita ejecutar una votación de calidad, respaldada por la resolución de todas las fallas técnicas.
El oficialismo, a través del presidente de la Comisión Legislativa, Luis Miquilena, ha declarado su interés por avanzar en el proceso lo más pronto posible, insinuando que eso debería hacerse incluso si debieran dividirse los comicios, realizando las elecciones locales por separado.
"Es necesario salir de la incertidumbre", advirtió Miquilena. Sectores de la oposición consideran que las elecciones no deben ser divididas, pues creen que esa decisión tendría efectos perversos sobre el mapa político.
"Las elecciones deben ser conjuntas", dijo el presidente de la asociación de alcaldes, Antonio Ledezma.
Ledezma, quien fuera un conocido dirigente socialdemócrata, también participó en el diálogo y sostuvo una reunión con Miquilena que probablemente no hubiera sido posible hace poco más de una semana.
"Vemos una gran disposición a escuchar los planteamientos", aseguró el presidente de la organización empresarial Fedecámaras, Vicente Brito, quien consideró que el proceso "va a permitir lograr acuerdos".
Entre tanto, Chávez mantiene un inusual silencio, que comenzó a ser comentado por medios de comunicación. El presidente se refirió por última vez a las elecciones el jueves 25, tras el veredicto del Tribunal, que consideró una decisión "sabia".
Numerosos portavoces de la oposición responsabilizaron al presidente del fracaso de la convocatoria a elecciones, dado que la influencia de éste fue decisiva para elegir a los miembros del CNE y para fijar la fecha original de la votación.
Las "megaelecciones" fueron previstas para adecuar la institucionalidad a la Constitución vigente desde el 30 de diciembre, pieza clave del proceso de cambios políticos impulsado por Chávez, quien asegura que en Venezuela está en marcha una "revolución pacífica y democrática".
La elección de nuevas autoridades es vista por Chávez como el punto culminante de un proceso de transición. Cuando se realicen los comicios y asuman los candidatos elegidos, estará en plena vigencia la República Bolivariana de Venezuela consagrada en la Constitución. (FIN/IPS/lc/ff/ip/00
