Los agentes del Poder Moral de Venezuela tomaron hoy el organismo electoral en busca de explicaciones a la suspensión de los comicios previstos para el domingo pasado, considerada un "bochorno" en una democracia de 42 años que está sometida ahora a un bombardeo de acusaciones y sospechas.
En la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) se informó que tanto la Fiscalía como la Contraloría ya tenían destacados investigadores para aclarar cual fue el motivo del fracaso de la convocatoria.
Este domingo, la Defensoría del Pueblo pidió prohibición de salida del país para los directivos del organismo comicial.
Estos tres organismos forman el Poder Moral o Poder Ciudadano consagrado como un nuevo poder público en la nueva Constitución, cuya entrada en vigencia generó la convocatoria a las elecciones más grandes y complejas que se hayan convocado en Venezuela.
Los 23 millones de habitantes debían tener acceso este lunes al nombre de gran parte de los 6.241 funcionarios cuya elección estaba prevista para el domingo pasado, pero en cambio asisten a un traumático momento político caracterizado por exigencias para atribuir la responsabilidad por la postergación de los comicios.
El vicepresidente del CNE, Eduardo Semtei, apareció este lunes visiblemente afectado por la situación, denunciando "una cacería" y "una campaña feroz" contra el organismo, mientras aseguraba que no sabe quién cometió los errores.
Hace ocho días, cuando era visible que existían graves problemas técnicos para realizar los comicios, un Semtei sonriente pero impaciente con la pregunta de un canal de televisión, aparecía en pantalla garantizando que las elecciones serían "el 28, el 28, el 28" de mayo.
El jueves pasado, el Tribunal Supremo aceptó un recurso de amparo introducido por dos organizaciones de la sociedad civil que denunciaban violaciones de derechos ciudadanos por falta de información y fallas técnicas, lo que ocasionó la suspensión de las elecciones apenas 72 horas antes del inicio de la votación.
En esos comicios, 11,7 millones de venezolanos inscriptos en el registro electoral debía seleccionar entre más de 30.000 candidatos un presidente, parlamentarios, gobernadores, legisladores regionales, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales.
La nueva fecha de las elecciones fue encargada por el Tribunal a la Comisión Legislativa de transición que hace las veces de parlamento mientras se elige la Asamblea Nacional. Se espera que esta semana haya un anuncio definitivo, tras considerar los aspectos técnicos del proceso.
La decisión judicial estuvo precedida por un alud de evidencias sobre problemas técnicos que ponían en peligro la votación. Incluso unas horas antes que se reuniera el Tribunal, el presidente Hugo Chávez ya había admitido la posibilidad de una suspensión.
Una vez conocido el veredicto, el mandatario consideró que la decisión había sido "sabia" y "pedagógica" pues evitaba un problema anunciado.
Chávez no escapa a las acusaciones lanzadas en los últimos días por la oposición, pues las elecciones eran el punto culminante de un proceso de cambios políticos impulsado por su gobierno desde hace 15 meses con el propósito de "refundar" una democracia vigente desde 1958.
Los principales portavoces de la oposición consideran que Chávez tiene responsabilidad, pues el CNE, que fijó una fecha demasiado apresurada para los comicios, es dominado por el oficialismo.
"El responsable tiene un nombre: Hugo Chávez", aseguró su principal retador en la elección de presidente, Francisco Arias.
Tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil han requerido precisar las responsabilidades de la directiva del CNE, que hasta último minuto garantizaba las elecciones. Semtei consideró que "lo único que quieren es el sacrificio nuestro".
La posición oficial del CNE, ratificada en un remitido deplegado este lunes a página completa en los principales diarios, es que la culpa de la suspensión de las elecciones es de la empresa estadounidense ES&S, encargada de habilitar las máquinas para votar.
La compañía reiteró este fin de semana que hubo retrasos en la entrega de bases de datos por parte del CNE, y que por ese motivo hubo problemas para alimentar las máquinas con la información necesaria.
La Fiscalía, que se consideró engañada por los organizadores del proceso electoral, inició la revisión de todos los pasos dados en la organización de esta votación, lo cual podría dar origen incluso a responsabilidades penales.
Por otra parte, se estima que la suspensión de los comicios y la necesidad de afinar todo el procedimiento técnico para repetirlo a la brevedad ocasionará un daño patrimonial millonario al Estado venezolano.
Mientras el mundo político se concentra en digerir el escándalo provocado por el descalabro de los comicios, la campaña electoral en Venezuela cesó abruptamente por mandato del Tribunal Supremo y sólo será reanudada cuando haya certeza sobre el futuro.
Desde hace cuatro días, los carteles de millares de candidatos son mecidos por el viento como si fueran el recuerdo de una elección olvidada. (FIN/IPS/lc/mj/ip/00
