La compra y venta de tierras es legal en Rusia, pero la legislación vigente establece obstáculos casi insalvables para que se desarrolle un auténtico mercado, y las transacciones son muy escasas.
El Código de la Tierra vigente establece que sólo pueden adquirir tierras para la agricultura quienes las hayan arrendado y trabajado durante por lo menos 10 años, y en la última década la mayor parte de los terrenos cultivables ya fueron arrendados a largo plazo o transferidos a propietarios privados.
Sólo la región de Saratov, en el centro del país, aprobó una legislación propia que facilita la venta de tierras para la agricultura, superando las restricciones del código federal.
El ex presidente Boris Yeltsin (1991-1999) recibió presiones para que se aprobara un nuevo código, con libertad ilimitada de compra y venta, pero la oposición comunista en el parlamento arguyó que eso beneficiaría a una elite de especuladores rusos y extranjeros que comprarían para revender.
"Liberalizar la compra y venta de tierras podría ser contraproducente para la agricultura rusa", afirmó Viktor Shevelukha, diputado comunista de la cámara baja del parlamento ruso y experto en asuntos agrícolas.
El nuevo presidente, Vladimir Putin, prometió durante su campaña establecer un mercado de tierras, pero desde que fue elegido maneja con mucha cautela la cuestión de liberalizar la compra y venta de terrenos.
Putin habló el mes pasado de reformar el Código de la Tierra, durante una visita a zonas agrícolas, pero se abstuvo de hacer promesas concretas.
Unos 40 millones de rusos, en una población total de 146 millones, viven en áreas rurales, y alrededor de un tercio de los 455 millones de hectáreas de tierras cultivables del país han sido privatizadas.
El Estado arrienda la mayor parte de sus terrenos agrícolas, unos 320 millones de hectáreas, y más de 90 por ciento de la tierra privatizada está en manos de 12 millones de personas, ex integrantes de granjas colectivas y de otras instituciones para el cultivo de tierra estatal.
Sin embargo, nunca se realizó la separación de acciones correspondientes a esas instituciones de cultivo de la tierra, las cuales se convirtieron formalmente en compañías privadas pero mantuvieron los métodos de administración de la era soviética.
El valor de mercado de las tierras rusas fue estimado en cinco billones de dólares por la Comisión de Tierras Estatales.
Con un impuesto a las tierras de dos por ciento del valor de la propiedad en el mercado, el Estado recaudaría más de 100.000 millones de dólares anuales, una suma cinco veces mayor que el total del presupuesto federal de 1999.
Un proyecto de ley sobre hipotecas de terrenos agrícolas está aún en preparación, y muchos granjeros rusos siguen con grandes dificultades para adaptarse a las políticas de liberalización del mercado.
Se calcula que dos tercios de las empresas agrícolas rusas dan pérdida, y unos 30 millones de hectáreas de tierras cultivables quedaron abandonadas por falta de inversión.
Yeltsin aseguró en 1997 que Rusia estaba en camino de ser "un gran Estado cerealero". Ese año se cosecharon 88 millones de toneladas de cereales, y esa cifra reafirmó una tendencia a la recuperación, tras una fuerte caída.
Las cosechas anteriores habían sido 99 millones de toneladas en 1993, 81 millones en 1994, 63 millones en 1995, y 68 millones de toneladas en 1996.
Sin embargo, en los últimos dos años los granjeros rusos debieron luchar contra una oleada de desastres. La cosecha cerealera del verano (boreal) pasado fue poco más de 50 millones de toneladas, a causa de la sequía y las plagas de langostas, entre otras adversidades.
Yeltsin aprobó decretos para expandir la propiedad privada de la tierra, pero chocó con una fuerte oposición del parlamento y las autoridades locales.
En julio de 1997, el ex presidente vetó un proyecto de Código de la Tierra que había sido aprobado en la Duma estatal (cámara baja del parlamento), dominada por los comunistas, y en el Consejo de la Federación, que incluye a influyentes autoridades regionales.
Yeltsin había asegurado que no aceptaría un nuevo Código de la Tierra que no estableciera con claridad el derecho de comprar y vender terrenos y facilitara el ejercicio de ese derecho.
Ahora Putin cuenta con fuerte apoyo en la Duma, y eso le permite, al menos en teoría, aprobar cualquier nueva legislación sobre la tierra, pero el nuevo presidente prefiere manejar la cuestión con prudencia.
Putin postergó debates acerca del Código de la Tierra que habían sido fijados por la Duma para mediados de marzo, y no ha fijado fecha para que el parlamento reinicie la consideración del asunto.
"Rusia debe afrontar los desafíos de la globalización e integrarse en la economía mundial, por eso necesita un mercado de tierras que funcione", declaró Nikolai Kharitonov, economista y secretario ejecutivo de Seguridad Alimentaria de Rusia, una organización no gubernamental. (FIN/IPS/tra-eng/ab/sm/ego/mp/dv ip/00
