La población civil padece asesinatos, violaciones y saqueos en la guerra de República Democrática del Congo (RDC, ex Zaire), denunció hoy el capítulo africano de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El ejército de Ruanda y la opositora Unión Congoleña por la Democracia (UCD) perpetraron masacres y violaciones, según el informe de HRW, que se concentra en el este de RDC y está basado en una misión que la organización estadounidense realizó a la región en marzo.
Ruanda y la UCD son aliadas en su lucha contra el gobierno de Laurent Kabila, quien llegó al poder en 1997 precisamente con la ayuda ruandesa.
Así mismo, milicianos apoyados por Kabila masacraron civiles y realizaron "saqueos y violaciones" generalizadas, según HRW.
"La situación de derechos humanos es desastrosa en el este de RDC. Y los civiles cargan con el mayor peso de los combates", sostuvo Peter Takirambudde, director de HRW Africa.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó enviar 5.500 efectivos para supervisar el último acuerdo de cese del fuego firmado por los principales bandos del conflicto el mes pasado en Kampala.
Además de Ruanda, la UCD y el gobierno de Kabila, en la guerra también participan Angola, Burundi, Namibia, Uganda y Zimbabwe.
Pero el envío del grupo está en duda luego de que la semana pasada cientos de efectivos de la misión de la ONU en Sierra Leona fueran tomados de rehenes. Esa situación generó interrogantes sobre la operación en RDC, donde habría menos efectivos en un territorio mucho más grande.
Así mismo, las fuerzas de Ruanda y Uganda, aunque formalmente aliadas contra Kabila, luchan entre sí por el control de la ciudad de Kisangani.
Miembros del Consejo de Seguridad visitaron la región la semana pasada. Las fuerzas extranjeras, incluso Ruanda, señalaron que están preparadas para retirarse de RDC mientras se aplique íntegramente el acuerdo de paz.
El este de RDC, sobre todo la zona en torno de Goma, padeció las consecuencias del genocidio de 1994 en Ruanda, cuando el gobierno hutu, apoyado por milicias hutus, mató hasta un millón de personas, la mayoría de ellas tutsis.
Cuando rebeldes tutsis avanzaron por Ruanda luego del genocidio, ex soldados y milicias ruandesas, como los Interahamwe, huyeron al este de RDC donde establecieron bases que utilizaron para infiltrarse en su patria.
Pero en 1997, el nuevo gobierno tutsi ordenó a sus tropas que ingresaran a territorio congoleño para expulsar a los combatientes hutus lejos de la frontera.
Desde entonces, Ruanda y sus aliados congoleños ocuparon una gran franja de territorio congoleño en torno de Goma. La invasión, coordinada con grupos rebeldes congoleños dirigidos por Kabila, finalmente condujo a la expulsión del dictador Mobutu Sese Seko.
El gobierno ruandés y Kabila se distanciaron en 1998, y Kigali apoyó a una nueva fuerza rebelde, la UCD, que luego se escindió cuando fuerzas de Angola, Namibia y Zimbabwe, aliadas de Kabila, detuvieron su ofensiva.
Un grupo se convirtió en el Movimiento por la Liberación de Congo, dirigido por Jean Pierre Bemba, cuyo principal apoyo extranjero procede de Uganda y que controla gran parte de la provincia de Equateur.
La principal facción de la UCD tiene el apoyo de Ruanda y de Burundi. Su líder, Emile Ilunga, está basado en Goma. Una tercera facción, dirigida por el ex presidente de la UCD, Wamba-dia-Wamba, tiene el respaldo de Uganda y controla una pequeña zona en el norte.
El informe de HRW se concentra en el territorio controlado por Ruanda y la UCD con base en Goma. "La UCD en Goma y sus aliados ruandeses mataron periódicamente a civiles", sostuvo.
"Cuando la UCD o sus aliados reconocen las matanzas, las justifican como consecuencias no buscadas del combate entre grupos armados, pero en muchos casos parecen haberlas cometido adrede para castigar a los civiles por su presunto apoyo a sus enemigos", dijo.
Las mismas fuerzas detuvieron ilegalmente a cientos de personas, a menudo maltratando o torturándolas, según HRW.
HRW entrevistó a sobrevivientes de varias masacres, así como víctimas de violación. Halló, por ejemplo, que a principios de febrero, la UCD y fuerzas ruandesas atacaron civiles en la aldea de Kilambo, en North Kivu. Ataron a los hombres, violaron a sus esposas y luego mataron a todos.
La organización reunió los nombres de 30 de las víctimas y señaló que el ataque tuvo lugar por una presunta venganza ante ataques anteriores de grupos armados hutus.
HRW habría confirmado la versión de un grupo de derechos humanos congoleño, Heritiers de la Justice, de que soldados de la UCD torturaron sexualmente y enterraron vivas a varias mujeres de Mwenga.
Soldados y policías actúan con impunidad, y las autoridades judiciales no suelen investigar las denuncias contra combatientes de la UCD o Ruanda. En un caso, un hombre fue atacado y asesinado por soldados a los que había denunciado previamente por robo armado.
Organizaciones de derechos humanos y religiosas también son amenazadas y en ocasiones sus representantes detenidos y golpeados por autoridades de la UCD que consideran toda actividad opositora como "incitación étnica".
Bruno Bahati, líder de la Sociedad de Coordinación Civil en South Kivu, fue arrestado por soldados ruandeses en abril y está detenido en Kivali, acusado de llevar órganos de prensa con él desde Kinshasa, según el informe.
El arzobispo de Bukavu, Emmanuel Kataliko, fue acusado de fomentar el odio étnico luego de criticar a las autoridades, declarado persona no grata en febrero y obligado a volver a su aldea natal.
Pero las violaciones a los derechos humanos no se limitan a la UCD o a sus aliados ruandeses, sostiene HRW.
Los grupos armados hutus y sus aliados locales, especialmente los mai mai, también cometieron atrocidades contra la población civil.
Ambos atacan periódicamente las aldeas, obligando a la gente a entregar todas sus pertenencias y matándolos si no lo hacen. Los hutus, especialmente, utilizan la violación como un arma, tomando a las mujeres como esclavas sexuales o perpetrando violaciones colectivas contra las víctimas. (FIN/IPS/tra-en/jl/cr/aq/hd/00
