El gobierno de Alberto Fujimori tolera en Perú sin restricciones los periódicos y las radios de oposición, pero es acusado de someter la televisión a sus designios.
La situación de los medios de comunicación peruanos frente al poder político ha despertado el interés de la comunidad internacional en el marco del proyecto reeleccionista de Fujimori y en relación con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, fijado por la Unesco para este miércoles, 3 de mayo.
"El gobierno peruano declara respetar la libertad de prensa y sostiene que los atentados contra ese derecho, así como actos de presión contra medios de información o periodistas, son incidentes aislados, cometidos por autoridades judiciales y sin responsabilidad gubernamental", señaló el periodista Hugo Vélez
"Cuando es denunciado un acto de acoso a un periodista o medio de prensa escrita o radial en provincias, de inmediato el gobierno dicta medidas correctivas que parecen resolver el caso, pero cuando se trata de la prensa televisiva, las intervenciones han resultado permanentes", destacó Vélez.
"Ese manejo selectivo refleja una pragmática concepción sobre la evolución de la capacidad de influencia política de los medios de prensa en un país como Perú, donde hay cada vez menos lectores de diarios y revistas y una creciente dependencia adictiva de la televisión", dijo la socióloga Imelda Vega.
La investigadora social observó que los mecanismos utilizados por el régimen peruano para obtener el sometimiento de la televisión privada no son originales. Se trata de la acción combinada de presiones tributarias y judiciales.
En cambio, "parece ser un aporte a la tecnología de control de los medios de prensa el empleo de los socios minoritarios en algunos medios para despojar a los socios mayoritarios del control de las empresas", agregó.
Teóricamente, en Perú hay una irrestricta libertad de prensa, garantizada por la Constitución. No existen la censura previa ni mecanismos de sanción posterior por opiniones expresadas.
En consecuencia, los órganos periodísticos opositores atacan duramente al gobierno central, a veces utilizando términos injuriosos, sin ser molestados.
La agresiva política opositora de los diarios nacionales de mayor circulación, del semanario político más importante, de uno de los dos canales informativos de televisión por cable y de una red de radioemisoras, es exhibida por el gobierno como prueba de libertad de prensa.
Pero esa afirmación no es compartida por los partidos políticos ni por las misiones de observadores internacionales, que coinciden en exigir la modificación de las actuales condiciones de falta de equidad informativa para lograr la transparencia de la segunda vuelta electoral, prevista para el 28 de este mes.
Las encuestas revelan que incluso entre los electores que votaron a favor de la reelección de Fujimori en la primera ronda, el 9 de abril, prevalece la idea de que no se respeta adecuadamente la libertad de expresión
En efecto, 34 por ciento de las personas encuestadas consideran que no hay libertad de expresión en Perú y 38 por ciento opinan que las autoridades la respetan sólo parcialmente.
Fujimori, que busca su tercer mandato cosecutivo, se enfrentará en la segunda vuelta con el candidato independiente Alejandro Toledo.
El informe preparado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre libertad de prensa identifica al sistema de administración de justicia como el principal instrumento utilizado por el gobierno para presionar y someter a la televisión.
"Como parte del operativo a favor de la reelección (de Fujimori) se han ejercido presiones, lamentablemente exitosas", para hacer de la televisión "el vehículo masivo más importante de propaganda oficialista", advirtió el periodista Jorge Salazar, director del IPYS.
Cuatro de los siete canales de televisión abierta de Lima (es decir, los de señal gratuita), están intervenidos por deudas tributarias, y el quinto es de propiedad estatal.
"El sexto, el de Frecuencia Latina, es el caso más grave, emblemático de la situación, pues su principal accionista fue despojado de la administración de la empresa cuando dejó de apoyar al gobierno y se tornó opositor", dijo Salazar.
El gobierno quitó en 1997 la nacionalidad peruana al popietario de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher, nacido en Israel, por presuntos errores en el trámite de naturalización, realizado 25 años atrás.
Luego le aplicó luego una disposición que prohibe a extranjeros la propiedad de medios de prensa y entregó el canal a los accionistas minoritarios.
A Ivcher no fue autorizado ni para transferir la propiedad del canal a sus hijas, nacidas en Perú, y los hermanos Winter, también de origen israelí, pero partidarios del gobierno, controlan el canal con 46 por ciento de las acciones.
"El Servicio de Inteligencia Nacional se confirmó como el gran y soterrado organizador de las campañas contra el periodismo independiente a través de su control sobre un Poder Judicial sumiso al régimen", afirmó el IPYS
"Después de someter a control a la televisión, deliberadamente se banalizaron sus contenidos para excluir el debate político de ese importante medio informativo", indicó el sociólogo Francisco Loayza, ex asesor de Fujimori y ex miembro del Servicio de Inteligencia Nacional.
"Sin que nadie los prohibiera, y paulatinamente, desaparecieron los espacios de análisis y debate político, como aparente decisión de sus propietarios y en base a las exigencias del 'rating', para privilegiar los 'talk shows' de más bajo nivel y los espectáculos esperpénticos destinados a adormecer la conciencia crítica de los sectores populares", dijo Loayza.
Los partidos opositores añaden que, además de la presión tributaria, "se maneja a las estaciones de televisión con el caramelo de la publicidad estatal, pues el Estado fue el más importante anunciador en 1999, con 62 millones de dólares, dejando atrás a las cervezas, bancos y bebidas gaseosas".
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