El presidente de Paraguay, Luis González Macchi, ordenó hoy la detención domiciliaria de cuatro diputados partidarios del ex general Lino Oviedo por su supuesta complicidad con la rebelión sofocada en la madrugada.
Tres de los legisladores requeridos, Carlos Maggi, Benjamín Passotti y Miguel Corrales, se hallaban en el Congreso al conocerse la orden de arresto. El parlamento discutía el mensaje del gobierno relativo a la declaración de estado de sitio.
El cuarto, Luis Fernando Talavera, había sido detenido en las primeras horas del día. Los cuatro pertenecen a la Unión Nacional de Colorados Eticos (Unace), el movimiento político del prófugo Oviedo, a quien González Macchi y el mando militar acusaron de promover la insurrección.
Esos parlamentarios fueron vistos por testigos en uno de los regimientos del arma de caballería capturados el jueves de noche por las fuerzas rebeldes.
El presidente y el ministro de Defensa, Nelson Argaña, anunciaron que se perseguirá con rigor a todos los civiles y militares participantes en la tentativa de derrocamiento del gobierno e informaron que 35 personas ya estaban detenidas.
La represión será facilitada por la suspensión de garantías constitucionales inherente al estado de sitio impuesto por González Macchi y que regirá durante 30 días.
El estado de sitio dispuesto a las 01:30 hora local (04:30 GMT) de este viernes regirá por fuerza del decreto presidencial al menos hasta el domingo, de acuerdo con la Constitución, que concede al parlamento un plazo de 48 horas para aprobar el pedido de vigencia por 30 días.
El decreto señaló que el Poder Ejecutivo queda facultado para proceder a la detención o el traslado, sin remisión a la justicia, de personas cuya actividad represente una amenaza al Estado o al orden público.
"Tengo absoluto control de la situación", aseguró este viernes González Macchi en un mensaje al país, tras puntualizar que hablaba en su condición constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "El enemigo está en fuga, sin retorno", agregó.
El mandtario, los ministros y los legisladores de las fuerzas políticas integrantes del gobierno de unidad nacional, coincidieron en identificar a Oviedo como líder del movimiento golpista.
El presidente del Senado, Juan Carlos Galaverna, aseguró que en los vehículos abandonados por los rebeldes fueron hallados documentos que prueban la responsabilidad de Oviedo en la conducción del alzamiento.
Pero el acusado, cuyo paradero se ignora, negó su responsabilidad, en una llamada telefónica a Radio Paraná, de la localidad Itaipúa, realizada a las 03:00 hora local (07:00 GMT).
"Ante las imputaciones hacia mi persona y a la fuerza política del movimiento Unace, cumplo en informar a la comunidad nacional e internacional que desmiento en forma categórica y determinante que Unace y quien se manifiesta estén implicados en levantamiento militar alguno", afirmó Oviedo a la emisora.
El ex general, que permanece oculto desde el 9 de diciembre, tras pasar nueve meses asilado en Argentina, sugirió que los hechos habrían sido producto de "una maniobra de fines inconfesos de parte de quienes están usurpando" el gobierno de Paraguay.
"Si bien desconocemos este gobierno, por ilegítimo y usurpador, confiamos en la soberanía del pueblo, en nuestra fuerza cívica y en el veredicto de las urnas, por lo que llamamos a la sensatez y la cordura", agregó.
"Les habla el presidente de Unace en la clandestinidad y en la resistencia pacífica. Viva la democracia y viva la patria", finalizó Oviedo.
Por su parte, Galaverna aseguró que los insurgentes se proponían asesinar a González Macchi, a varios ministros, y a él mismo. Agregó que, en conversación personal, un jefe policial detenido por participar en la rebelión le reconoció la responsabilidad de Oviedo en el movimiento insurgente.
La crisis comenzó en la noche del jueves en Asunción, cuando un grupo de 60 personas entre militares en actividad, retirados, policías y legisladores seguidores de Oviedo ocuparon la sede del Primer Cuerpo de Ejército y el cuartel de Policía y dispararon ráfagas de ametralladora contra el Congreso.
Los insurgentes informaron en un comunicado su determinación de derrocar al gobierno, disolver los poderes Legislativo y Judicial y convocar a elecciones.
Pero a las 03:20 horas (07:20 gmt), el teniente coronel Wladimiro Woroniecki, uno de los cabecillas del alzamiento, se entregó a las fuerzas leales en la sede del Primer Cuerpo del Ejército.
Tres heridos se contaban cuando los rebeldes se rindieron ante los jefes de las Fuerzas Armadas, que mantuvieron su fidelidad a los poderes constituidos.
Los acontecimientos determinaron una rápida movilización diplomática internacional. Los embajadores de Argentina, Brasil y Uruguay, tres países socios de Paraguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur), firmaron en Asunción junto con los representantes diplomáticos de Bolivia y Chile una declaración contra la tentativa de golpe.
Los cinco embajadores, en un "Comunicado de los países del Mercosur", recordaron la "cláusula democrática" que impone el régimen democrático como condición para la afiliación al bloque.
Esa claúsula, firmada por los gobernantes del Mercosur en la austral ciudad argentina de Ushuaia, tuvo su causa inmediata en el intento de golpe de Estado protagonizado por Oviedo en 1996, cuando Juan Carlos Wasmosy gobernaba Paraguay.
El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, se comunicó de madrugada por González Macchi para reiterarle el compromiso de su país con la democracia paraguaya. También Brasil y Uruguay libraron comunicados de condena de la sublevación y de decidido apoyo al régimen constitucional paraguayo.
Así mismo, la Unión Europea, Estados Unidos, el Vaticano y la Organización de Estados Americanos cerraron filas en defensa de las instituciones en Paraguay. (FIN/IPS/pl/ff/ip/00
