PAKISTAN: Protestas por convalidación judicial de golpe militar

La aprobación del golpe militar de octubre por el tribunal supremo de Pakistán no sorprendió a nadie, pero la airada reacción pública ante esa decisión judicial alentó a los defensores de la democracia.

Partidos políticos, analistas y activistas de los derechos humanos atacaron con dureza la decisión de la Corte Suprema, adoptada el viernes 12.

Los abogados del derrocado primer ministro Nawaz Sharif describieron a Pakistán como una nación "políticamente primitiva" y sin preparación para la democracia.

"Las disposiciones de nuestra Constitución sobre los derechos fundamentales están destinadas a sociedades avanzadas, y no a un país políticamente primitivo como Pakistán", declaró Ijaz Batalvi, uno de los abogados de Sharif.

En su sentencia sobre siete peticiones idénticas que impugnaron el derrocamiento de Sharif por el ejército, el 12 de octubre de 1999, el tribunal supremo concedió a los militares tres años de plazo para aplicar sus programas.

La corte justificó el golpe del general Pervez Musharraf en la "doctrina de la necesidad del Estado" y le pidió que convocara elecciones dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo otorgado, el 12 de octubre de 2002.

Esta es la cuarta vez que el tribunal supremo justifica el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente. El Poder Judicial respaldó el régimen marcial de Ayub Khan a fines de los años 50, y los de Yahya Khan y Zia ul Haq a fines de los 60 y en los 70.

"La Corte Suprema de Pakistán se ganó la dudosa distinción de ser el único tribunal de la historia judicial contemporánea que determina cuánto debe durar un gobierno o una junta militar", escribió Najum Mushtaq en el periódico The News.

"El hecho de que no hubiera ni una sola voz de disentimiento en el cuerpo de 12 miembros es un indicador del tipo de democracia que vendrá", agregó.

Hamid Khan, miembro del Consejo del Colegio de Abogados de Pakistán, señaló que el plazo concedido para la restauración del régimen democrático representativo es demasiado largo.

"Ni siquiera el gobierno militar tenía en mente un período tan largo", comentó. La junta militar programó elecciones locales para dentro de un año, y podría haberlas seguido con comicios provinciales y federales, observó Khan.

Las probabilidades de que el gobierno de facto acelerara el cronograma para la restauración de la democracia parecieron aumentar tras la breve visita a Islamabad del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Musharraf había anunciado la restauración de las instituciones locales elegidas por voto popular el 23 de marzo, en la víspera de la visita de Clinton.

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán criticó a la junta militar por debilitar la independencia del Poder Judicial.

"El gobierno puso en peligro la independencia de la justicia al obligar a los jueces a realizar un nuevo juramento" de fidelidad al régimen militar, observó la Comisión.

El Decreto Constitucional Provisional, emitido cuando la Corte Suprema se disponía a considerar las peticiones contra el gobierno militar, en la segunda semana de enero, prohibió a los jueces tomar cualquier medida contra Musharraf.

Cinco jueces, entre ellos el presidente del cuerpo, renunciaron a su cargo y fueron sustituidos por otros que juraron fidelidad a los líderes militares.

Asma Jehangir, abogada y activista por la democracia, lamentó que el tribunal supremo haya privado a los paquistaníes de sus derechos fundamentales.

Así mismo, varios partidos políticos censuraron la decisión judicial y cuestionaron la independencia de la justicia.

"La sentencia enterró nuestra democracia por tres años", lamentó Zafar Ali Shah, un alto dirigente de la Liga Musulmana del depuesto primer ministro Sharif y uno de los peticionantes.

El Partido del Pueblo de Pakistán, de la ex primera ministra Benazir Bhutto, también expresó su "decepción" ante la convalidación del régimen militar.

"La decisión constituye una gran decepción para los que esperábamos la restauración de la democracia y el régimen representativo", declaró un portavoz partidario.

Varios comentaristas de medios de comunicación también criticaron al sistema judicial por haber "concedido magnánimamente" a los gobernantes militares la libertad de modificar la Constitución.

Pero no todas las voces fueron de protesta por el veredicto. Según el abogado Raza Kazim, de Lahore, "si el pueblo hubiera reaccionado fuertemente contra el golpe militar, la decisión de la corte habría reflejado ese hecho".

Abid Hassan Minto, ex presidente de la Asociación de Jueces de la Corte Suprema, estuvo de acuerdo.

Sin embargo, pasó por alto el hecho de que, pese a la fuerte reacción pública contra el golpe de Zia ul Haq en 1977, el tribunal supremo de ese entonces respaldó plenamente la acción militar. (FIN/IPS/tra-en/mr/mu/mlm/hd/00