El gobierno de México desactivó un elemento de tensión en el meridional estado de Chiapas, asiento de la guerrilla zapatista, al descartar la intervención policial para desalojar a miles de indígenas de un área selvática.
El secretario (ministerio) de Gobernación, Diódoro Carrasco, aseguró que la negociación y el diálogo serán la vía para desocupar decenas de comunidades indígenas ubicadas en los alrededores de la reserva de la biósfera de Montes Azules.
Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente sostienen que unas 26.220 personas ocupan en forma ilegal más de 3.200 hectáreas de la reserva de Montes Azules, parte fundamental de un paraíso natural de clima húmedo y de cristalinos ríos.
Carrasco salió el domingo al paso de la inquietud causada horas antes por Wilfrido Robledo, de la Policía Federal Preventiva, quien afirmó ante senadores que analizaba un pedido del gobierno para trasladar efectivos a la selva Lacandona.
Para rescatar la biósfera de Montes Azules de recurrentes incendios, supuestamente provocados de manera intencional, las fuerzas de seguridad emprenderían el desalojo de los indígenas.
La medida causó alarma entre grupos políticos y sociales ante el riesgo de que se agudizara el conflicto en el corazón de la zona donde hace seis años el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició la lucha armada por los derechos étnicos.
Al menos unos 70.000 indígenas chiapanecos padecen el exilio y la pérdida de sus tierras y posesiones a causa de la violencia que ejercen las tropas del ejército federal desplazadas en el área, según denuncian organizaciones no gubernamentales.
En paralelo, transcurre la disputa por el control de la biodiversidad y los recursos naturales que posee la selva Lacandona, en un territorio de casi dos millones de hectáreas.
Unas 340 familias tojolabales, tzotziles, tzeltales y choles comenzaron a partir de la década de los años 70 a colonizar la última selva tropical de América del Norte
En 1972, la comunidad lacandona fue dotada por decreto presidencial de 614.321 hectáreas, que hasta la fecha no fueron regularizadas.
Las autoridades intentan convencer a los indígenas desde 1995 para que salgan del lugar, con el argumento de que la reserva de la biósfera de Montes Azules y Lacandona está en peligro.
Los asentamientos humanos representan una grave amenaza para las cuencas hidrológicas y la conservación de la biodiversidad. Según datos oficiales, la deforestación de la selva Lacandona es de 33.500 hectáreas anuales.
El gobierno de Chiapas ofrece a los indígenas reubicarlos en terrenos que comprarían a unos 2.000 dólares por hectárea y respetar la decisión de quienes decidan quedarse a la orilla de la reserva.
Una vez que sean reubicados, los indígenas que así lo acepten, estarán obligados a salvaguardar los recursos forestales de Montes Azules y evitar la tala. En caso contrario, será suspendido el trámite de adquisición de la nueva propiedad.
Sin embargo, asociaciones indígenas han denunciado presiones y amenazas de desalojo militar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, como admitió Robledo.
El secretario Carrasco rechazó que los incendios ocurridos en Montes Azules sean un pretexto para expulsar a los indígenas de las comunidades zapatistas.
Por los casi dos millones de hectáreas de la selva Lacandona corre 25 por ciento del agua que cubre la superficie del país y que sirve para generar la mitad de la energía eléctrica que consumen los mexicanos.
La zona alberga más de la mitad de las especies nacionales de árboles tropicales, 3.500 más de plantas, así como cerca de 1.000 animales invertebrados, otros 500 vertebrados y cientos de aves, entre otras riquezas de fauna y flora.
Además de concentrar 20 por ciento de la diversidad biológica de México, la región es asiento de las ruinas de Bonampak y Yaxchilán, pertenecientes a la milenaria cultura maya.
La selva Lacandona integra la nómina de los 10 sitios de gran diversidad de Mesoamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Ese potencial mantenía a la zona hasta 1994 como un punto de atracción de decenas de empresas turísticas extranjeras que ofrecían recorridos a sus clientes.
Las autoridades mexicanas promueven en la actualidad a la selva Lacandona entre empresarios privados, con miras a desarrollar proyectos ecoturísticos mixtos entre gobierno, industriales y campesinos. (FIN/IPS/pf/dm/ip hd/00
