La economía de Cuba muestra tendencias a la reactivación, pero la mayoría de la población aún aguarda que sus ingresos sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias familiares.
La producción de cuatro millones de toneladas de azúcar en la actual zafra ratificó el pronóstico oficial de que el crecimiento del producto interno bruto podría ser este año superior al 4,5 por ciento previsto por las propias autoridades.
Sin embargo, los efectos de esa reactivación no se perciben en la intimidad del hogar, a la hora de distribuir el presupuesto para asegurar el desayuno y al menos una comida diaria.
En pleno año 2000, nadie recuerda la queja generalizada "no hay qué comprar" que se escuchaba en los primeros años de la crisis (1990-1993). "El tema ahora es que no hay salario que resista los precios de los agromercados", dijo María Angélica Marín, una maestra de 30 años, soltera pero responsable de sus ancianos padres.
Marín reconoció las bondades de los agromercados, creados en octubre de 1994 en el marco de un proceso de reformas para sacar al país de la recesión, pero criticó los altos precios de esos establecimientos, regidos por la ley de la oferta y la demanda.
Hasta entonces la comercialización de productos agrícolas correspondía por completo a empresas estatales que compraban a cooperativas agropecuarias o campesinos independientes. Con el nuevo sistema, los campesinos concurren en forma libre a los agromercados, fijan sus precios y pagan impuestos sobre las ventas.
Aquel cambio fue interpretado como una salida estratégica para el grave déficit de alimentos tras la crisis de los balseros de agosto de 1994, durante la cual unos 30.000 cubanos salieron de Cuba en forma ilegal invocando en su mayoría razones económicas.
Los agromercados "resolvieron un gran problema cuando no había casi nada que llevar a la mesa, pero sus precios siguen siendo prohibitivos para la mayoría. Si para mí son altos, imagínese como serán para personas con un salario medio de 217 pesos", explicó.
La pensión de 175 pesos mensuales de su padre y los 400 pesos que Marín recibe cada mes por sus clases en una escuela secundaria redondean ingresos de 575 pesos. "Por más que tratamos de estirarlos, son insuficientes" para una alimentación adecuada, sostuvo la maestra.
La oferta de esos mercados incluye toda clase de vegetales y hortalizas y carne de cerdo, pollo, pavo y carnero, que completan la canasta básica asegurada por el Estado a cada familia cubana con precios subsidiados, mediante la cartilla de racionamiento alimentario.
En los agromercados una lechuga cuesta 5 pesos, un kilogramo de cebolla 44 pesos, un kilogramo de carne de cerdo entre 46 y 55 pesos, un kilogramo de carne de pollo 44 pesos, un kilogramo de arroz entre 8 y 11 pesos, y un kilogramo de frijoles negros entre 17,5 y 22 pesos.
La cotización oficial marca la equivalencia del peso y el dólar, pero la moneda estadounidense se compra en la actualidad a 21 pesos en el mercado paralelo, permitido por el Estado a través de su red de casas de cambio.
Uno de los objetivos de la creación de los mercados agropecuarios fue incentivar la producción, que seis años después sigue siendo modesta e insuficiente para provocar un descenso de los precios.
El nivel de producción agropecuario alcanzado al finalizar 1999 fue aproximadamente 65 por ciento del que existía en 1990-1991, al comienzo de la crisis, de acuerdo con datos oficiales.
Los especialistas piensan sería necesario duplicar la producción actual y lograr que exista mayor competencia entre el sector agrícola estatal y el no estatal para que la ley de la oferta y la demanda produjera un descenso importante y rápido de los precios.
Desde fines de 1998 es posible comprar productos agrícolas y cárnicos en mercados estatales, a precios que por lo general son entre cinco y 12 por ciento menores que los de los agromercados, pero la oferta de los mercados estatales no es estable, y su diversidad y calidad no siempre satisfacen a los consumidores.
Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa agropecuaria, creadas como parte de las reformas económicas de los años 90, son responsables de 47,6 por ciento de la tenencia y el uso de la tierra cultivable, mientras 30,4 por ciento es estatal.
El resto se reparte entre las Cooperativas de Producción Agropecuaria (10,2 por ciento), las Cooperativas de Créditos y Servicios (8,4 por ciento) y campesinos independientes (3,4 por ciento).
Fuentes del sector señalaron que la obsolescencia de algunas tecnologías de producción en uso, la falta de explotación plena del potencial genético y el bajo rendimiento de algunos insumos son causas de la insuficiente productividad agrícola.
Orlando Lugo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la cual agrupa a 160.000 campesinos de todo el país, admitió que es necesario aplicar tecnologías más modernas para obtener un mayor rendimiento de los campos.
Sin embargo, su principal apuesta para potenciar la producción y disminuir los precios en los agromercados apunta al campesino, cuyas "capacidades productivas" considera que no se han explotado en forma plena, y hacia nuevos métodos de comercialización.
En 1999, las familias cubanas destinaron, en promedio, 66 por ciento de sus ingresos a la alimentación. En 1989, con precios más accesibles, ese gasto era sólo 46 por ciento. (FIN/IPS/pg/mp/dv/00
