Todos los países integrantes de la Unión Europea (UE) toleran paraísos fiscales que "constituyen el semillero más fecundo de la delincuencia económica organizada", aseguró hoy el juez español Baltasar Garzón.
Garzón, conocido internacionalmente por el proceso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, habló en el Club Siglo XXI de esta capital acerca de las dificultades y acciones que se deben encarar para asegurar en la UE un espacio de seguridad, libertad y justicia.
En su exposición analizó el espacio común europeo y lo que calificó de "fenómenos de la delincuencia transnacional organizada, el terrorismo y la inmigración ilegal", así como los medios para combatirlos. Entre esos medios detalló medidas para eliminar el proceso de extradición.
Así como es perfectamente defendible la jurisdicción para juzgar un delito con independencia del lugar de comisión o de la nacionalidad del responsable, "se debería permitir sin restricción la entrega del imputado objeto de una orden de detención", señaló Garzón.
"El espacio europeo se ha convertido en el objetivo para miles de personas que desde el este y desde el sur buscan una expectativa de vida mejor y, en definitiva, (procuran) asegurar la subsistencia, que en sus propios países cada día se torna más difícil", dijo al comenzar su exposición.
Para Garzón, que instruye procesos sobre narcotráfico, terrorismo y guerra sucia, "la existencia de territorios de la UE de opacidad fiscal o de menor riesgo fiscal es inaceptable, cuando éstos se convierten en las causas de la no cooperación judicial, tanto en delitos fiscales como de otro orden".
El lavado de dinero sucio procedente del narcotráfico, la corrupción, la prostitución, el tráfico ilegal de inmigrantes y otros delitos es una realidad que se refleja cotidianamente en la prensa y es motivo de públicos comentarios, aunque se registran muy pocos casos de punición judicial.
En opinión de este juez, "el lavado o blanqueo de dinero constituye la razón y el sentido, y por lo tanto es el centro neurálgico de la criminalidad organizada". La UE, por su ubicación, marco jurídico y prosperidad económica, es un "campo idóneo" para la actuación de esas bandas.
Aunque, aclaró, la mayoría actúa dentro de ese campo idóneo, pero sitúan su centro neurálgico en otras zonas, próximas o lejanas, aunque con menor presión policial y judicial para disponer así de mayor operatividad y eficacia.
Por ello, propuso que las medidas sean adoptadas en coordinación con los demás países bajo el amparo de un tratado todavía inexistente y podría ser, sugirió, un Convenio de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional Organizada.
Otro aspecto que Garzón considera esencial es que se establezca una nueva regulación de la legislación sobre vigilancias electrónicas audiovisuales, como el teléfono, balizas, Internet, comunicaciones vía satélite y radiales.
La jurisprudencia vigente "hace imposible la utilización de estos medios en investigaciones sobre criminalidad organizada o terrorismo".
Además, propuso que se legisle sobre los "arrepentidos", es decir los culpables que confiesan implicando a otros a cambio de obtener una reducción o el perdón de sus propias penas.
Así mismo, consideró que se debe regularizar la actuación de los agentes encubiertos, su control y su incidencia en la eventual provocación de un delito. Y establecer una seguridad efectiva y ayuda económica para esos agentes y para los testigos y peritos que colaboren con la justicia.
En relación con su propuesta de abolir lisa y llanamente los paraísos fiscales, dijo que un primer paso podría ser la eliminación de toda restricción a la cooperación jurídica internacional, "tanto respecto de los responsables penales directos como de las empresas instrumentales o los testaferros".
La asistencia judicial entre países, según Garzón, se debe producir de acuerdo con la legislación del país requirente y no al revés, como le sucedió a él en el caso Pinochet (1998-1999).
Lo mismo le ocurre ahora al juez español en relación con militares argentinos a los que está procesando por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura de aquel país (1976- 1983).
Según Garzón, las comunicaciones entre jueces de distintos países deben ser directas, "sin interferencia de las autoridades políticas", un principio reconocido en el Tratado de Schengen, que regula temas de seguridad en la UE.
Pero, también, enfatizó el juez, se deben incorporar nuevas tecnologías y así "la práctica de las diligencias testificiales, periciales y de imputados se deberían desarrollar bien directamente (con traslados temporales) o a través de sistemas de conferencia, videoconferencia, Internet o vía satélite".
En todo caso, precisó, el examen debe ser hecho por la autoridad requirente, para evitar "el absurdo actual" según el cual esa autoridad es "una mera invitada de piedra", pues los requisitos formales "se han convertido en una muralla insalvable para la cooperación".
Para Garzón, "el terrorismo es una actividad delictiva organizada que en España ofrece una presentación multiforme y diversificada, pero con un esquema ideológico común, cuando se habla de ETA (organización vasca ilegal)".
Por ello, planteó que las investigaciones sobre ETA "deben abarcar no sólo la actividad violenta, incluida la callejera, parte fundamental de la estrategia terrorista, sino la actividad financiera empresarial o económica en general, así como a las estructuras políticas de las que se sirve".
Así mismo, subrayó que "el terrorismo es ajeno a todo tipo de planteamiento de delito político y así lo ha entendido la Unión Europea".
Ese planteamiento debería llevar a "una regulación en un Convenio Internacional que determine con carácter general ese principio, una definición uniforme del fenómeno y las normas para su persecución". Esto también "constituiría el paso previo a la consecución del espacio único universal".
Garzón, quien periódicamente cursa órdenes de extradición, calificó a ese instrumento de polémico y arcaico, constituyendo a veces "la excusa para una ineficaz cooperación, o llanamente para impedirla".
"Entiendo que si los delitos no han respetado fronteras o son de lesa humanidad, no se plantea una cuestión de soberanía ya que no hay un Estado perjudicado, sino unas víctimas que necesitan protección mediante la aplicación de la ley", añadió.
Garzón entiende que una vez iniciado un procedimiento penal, sólo puede y debe terminar por decisión judicial. Siendo esto así en el interior de un país, preguntó, "¿por qué ha de ser diferente cuando resultan afectados varios, al ser el delito transnacional?".
A este respecto, recordó que el problema de la extradición (aludiendo al caso Pinochet) no se resolvió de manera satisfactoria, pues la decisión política "ha sido tomada a espaldas de las normas más avanzadas que marca el Estatuto de la Corte (Tribunal) Penal Internacional".
De esa manera, "se ha perdido una oportunidad histórica para avanzar en la modernización de la figura de la extradición, como un paso previo a su desaparición".
Garzón concluyó que hay que impulsar las soluciones sin esperar a que pasen los años, para que cuando estas lleguen no sea demasiado tarde.
La creación del Tribunal Penal Internacional, que juzgará delitos contra la humanidad como el genocidio y los crímenes de guerra, fue aprobada en julio de 1999, en una conferencia internacional de la Organización de las Naciones Unidas en Roma.
Para su puesta en marcha, el tratado respectivo deberá ser ratificado por al menos 60 estados, pero, hasta hoy, solo ocho de los 95 países firmantes lo ratificaron. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/00
