El presente y el futuro de la mayoría de los emigrantes hacia España se debate en estos días entre las muertes en el mar, el lucro de las mafias que los transportan y la intención gubernamental de reformar la Ley de Extranjería.
Este viernes naufragó cerca de la costa española una frágil embarcación proveniente del norte de Africa, cargada de personas que trataban de ingresar a este país como inmigrantes irregulares.
Seis de ellas murieron, incluyendo a una joven mujer, otras siete están desaparecids, 16 fueron detenidas y un número indeterminado logró escapar a la vigilancia policial. Noticias como ésta se han vuelto rutinarias.
Mientras tanto, inmigrantes indocumentados que llevaban por lo menos un año ininterrumpido de permanencia en España el 1 de junio de 1999 regularizan su situación al amparo de la Ley de Extranjería vigente, aprobada en diciembre con la oposición de los parlamentarios del gobernante y centroderechista Partido Popular (PP).
Las autoridades españolas no están preocupadas por esas personas, ni por los jornaleros autorizados a permanecer en el país sólo durante la temporada de la cosecha agrícola, los cuales nunca son más de 40.000 por año.
La situación se complica para quienes llegan sin visas de entrada y traspasan las fronteras por lugares no autorizados. El gobierno los llama inmigrantes "ilegales", y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y humanitarias prefieren considerarlos "irregulares", para indicar que podrían legalizar su situación.
De acuerdo con la Ley de Extranjería, quienes ingresan al país sin visa pueden ser expulsados de inmediato, si provienen de países ajenos a la Unión Europea o con los cuales España no tenga acuerdos bilaterales que hagan innecesario contar con ese documento.
Todos los africanos deben obtener una visa antes de ingresar al país, y el mayor número de irregulares proviene justamente de las costas africanas, la mayoría de ellos transportados por mafias que lucran con su desesperación por trasladarse a Europa, con la esperanza de hallar trabajo y bienestar.
Quienes parten del norte de Marruecos llegan a las costas mediterráneas de la Comunidad Autónoma meridional española de Andalucía, y quienes provienen del noroeste de Africa arriban a las Islas Canarias, ubicadas en el Océano Atlántico frente a la costa africana.
El precio varía según el punto de partida. Quienes realizan el viaje más corto y peligroso, desde el norte de Marruecos, pagan unos mil dólares. Quienes parten de Pakistán o de países de América Latina, por ejemplo Brasil, abonan unas tres veces más.
La mayoría de los inmigrantes irregulares ignoran la situación en la cual se encontrarán al ingresar a España, y a menudo son víctimas de la ilusión o el engaño.
Mustafa el Marabet, portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, afirmó que las mafias engañan a los inmigrantes al asegurarles que su situación será regularizada en forma automática.
Según fuentes policiales, en 1999 fueron desarticuladas 244 organizaciones de transporte de inmigrantes ilegales, 78 por ciento más que en el año anterior.
El presidente del gobierno, José María Aznar, opinó que la Ley de Extranjería vigente produce "un efecto llamada", que incita a emigrar hacia España aunque sea de manera irregular.
Ese enfoque no es compartido por las organizaciones sociales. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras declaró que el gobierno muestra "una visión reduccionista" del problema cuando afirma que "el endurecimiento del control de fronteras y los procedimientos de expulsión" son la solución.
Comisiones Obreras señaló que esa política es la que se aplica desde 1985, cuando se aprobó la Ley de Extranjería reformada en 1999.
Los sindicalistas piensan que con ella sólo se logró "incrementar el crecimiento de las mafias y las muertes, además de facilitar la explotación laboral de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes y abocar a la clandestinidad y a la exclusión social a una parte de este colectivo social".
El Marabet aseguró que la inmigración irregular continuará, con independencia de lo que ocurra con la Ley de Extranjería, y negó que el aumento del flujo inmigratoria se deba a esa norma.
Los comentarios sobre un presunto "efecto llamada" sólo intentan "confundir a la opinión pública y justificar la modificación" de la ley vigente, con la intención de endurecerla, añadió.
El primer vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, insistió el jueves en que se propone reformar la Ley de Extranjería "tan pronto como pueda".
El PP dispone de mayoría parlamentaria suficiente para aprobar una reforma sin contar con aliados, pero Rajoy se anticipó a las críticas de la oposición, las ONG y los sindicatos al señalar que procurará lograr consenso con otros partidos.
El vicepresidente afirmó que la norma vigente es "mala" y que el problema de la inmigración será "el más importante de los próximos años" para España y para toda la Unión Europea. (FIN/IPS/af/mp/pr ip/00)
