La visita que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, realizará la semana venidera a Brasil, colocará al país sudamericano en una posición ostensible de la agenda humanitaria internacional, como solicitaron en Ginebra activistas brasileños.
Robinson, invitada por Brasilia, discutirá con funcionarios y con organizaciones no gubernamentales (ONG) los temas más candentes de la sociedad brasileña, como los casos de los campesinos sin tierra, de los niños de la calle, del hacinamiento en las cárceles y de la discriminación y el racismo, dijo su portavoz, José Díaz.
En abril, representantes de instituciones de la sociedad civil brasileña procuraron apoyo de organismos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de ONG para "revalorizar la cuestión social y colocar a Brasil en la agenda humanitaria".
La delegación brasileña estuvo integrada por el diputado Nilmário Miranda, del opositor Partido de los Trabajadores, el pastor presbiteriano Romeu Olmar Klich, secretario general del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, y el sacerdote franciscano Rodrigo de Castro Amédé Péret, coordinador de Animación Pastoral y Social en el Medio Rural (APR).
Los activistas entrevistaron a los expertos independientes que integran en la ONU el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo encargado de verificar el cumplimiento, por parte de los estados miembros, del pacto internacional que consagró esos derechos.
Brasil ratificó en 1992 ese convenio, pero todavía no ha presentado al Comité ningún informe sobre la vigencia de tales derechos, pues dejó pasar dos oportunidades de hacerlo, en 1994 y en 1999, sostuvieron los integrantes de la delegación.
Brasil "omite escandalosamente" la presentación del informe, dijo Miranda.
El país figura entre los 10 mayores del mundo y su economía es una de las más importantes, pero en el Vndice de Desarrollo Humano que prepara el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), sólo figura en la posición 63, afirmó.
Las condiciones de vida precarias de grandes sectores de brasileños no son consecuencia de falta de recursos, sino de su injusta distribución.
Datos del PNUD citados por la delegación brasileña consignaron que, de una población de 161 millones en 1996, el 20 por ciento de los más ricos controlaba 64 por ciento de la riqueza nacional, mientras el 20 por ciento de los más pobres sobrevivía con apenas 2,5 por ciento del ingreso.
En ausencia del informe gubernamental sobre la situación económica, social y cultural, las ONG brasileñas decidieron preparar un informe de la sociedad civil, bajo la coordinación de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados.
En el país sudamericano, 26 millones de personas viven en condicioens precarias de salud, educación, instalaciones sanitarias y otros servicios. Se calcula que siete por ciento de los niños brasileños sufren desnutrición.
En su exposición ante los funcionarios de la ONU, los dirigentes brasileños dijeron que las tierras reconocidas a los indígenas son invadidas permanentemente por los terratenientes ("fazendeiros"), que "emplean la violencia y la coerción para intimidar a los pueblos autóctonos y expulsarlos de sus tierras.
Entre 1993 y 1998, aseguraron, fueron asesinados 194 miembros de las comunidades indígenas sometidas a la violencia.
En cuanto a la comunidad de afrobrasileños, las consecuencias de siglos de explotación todavía se sienten de manera desproporcionada entre sus 68 millones de integrantes, declararon los defensores de los derechos humanos del país sudamericano.
El gobierno brasileño, sostuvieron, se preocupa por la reacción de la opinión pública internacional y presenta al país como una "democracia racial". Sin embargo, no hay negros ni indígenas en el parlamento, en las Fuerzas Armadas ni en el sistema financiero. "Sólo están en las favelas y en las cárceles", dijeron.
El informe de la sociedad civil menciona también atrasos en la educación, sufrimientos de las mujeres por violaciones y discriminación y reducción de los derechos sociales de los trabajadores.
El portavoz de la Alta Comisionada dijo que Robinson recibió en abril a la delegación brasileña que le presentó el informe alternativo sobre la realidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el país.
El programa de Robinson en Brasil, del domingo hasta el jueves 18, incluye un encuentro en la capital con ONG que trabajan en el seguimiento de la Cumbre Social realizada en Copenhague en 1995.
En Sao Paulo, entrevistará también a miembros de la sociedad civil ocupados en la lucha contra la discriminación racial y de género. Brasil impulsó inicialmente la realización de la conferencia mundial contra el racismo del 2001 y se había sugerido la posibilidad de que se propusiera como sede. La reunión se hará finalmente en Sudáfrica.
En Río de Janeiro, la funcionaria de la ONU visitará las oficinas de un programa organizado para enfrentar la violencia y la discriminación contra los homosexuales.
Entre las entrevistas programadas, figuran encuentros, en Brasilia, con el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, y en Sao Paulo, con el cardenal católico Paulo Evaristo Arns. (FIN/IPS/pc/ff/hd/00
