Una lista de violaciones de derechos denunciadas e impunes se lleva de Brasil la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Mary Robinson.
Un informe sobre violencia en el campo le fue entregado a Robinson en Sao Paulo este miércoles, tercer día de su visita de cuatro días al país.
El documento denuncia que 1.167 trabajadores rurales fueron asesinados en los últimos 10 años en Brasil y sólo 86 casos fueron llevados a juicio, con la condena de siete personas que indujeron a realizar los crímenes.
También señala que aún sigue impune la masacre de Eldorado de Carajás, en el norte del país, donde 19 campesinos murieron ametrallados por la policía en abril de 1997.
El informe del Movimiento de los Sin Tierra (MST), el Centro de Justicia Global y la Comisión Pastoral de la Tierra describe, además, la represión promovida este mes por el gobierno del sureño estado de Paraná, que dejó como saldo una persona muerta y decenas detenidas.
El MST, conocido por sus ocupaciones de predios rurales y sedes gubernamentales en la lucha por la reforma agraria, tiene numerosos militantes entre las víctimas de la violencia, que es seguida desde hace décadas por la Comisión Pastoral, órgano de la Iglesia Católica.
Violaciones e incumplimientos también fueron la tónica de los testimonios recogidos por Robinson en reuniones realizadas el lunes y el martes con organizaciones no gubernamentales en Brasilia.
Los derechos de la mujer están en una situación "crítica" en Brasil, ante su escasa participación en distintas instancias del poder, la discriminación continuada y aún mantenida en las leyes y el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Brasilia, señaló Guacira de Oliveira, coordinadora del Centro Femenino de Estudios y Asesoría (CFEMEA).
Este fue el cuadro presentado por el movimiento femenista a la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya visita "fue muy oportuna" y puede presentar buenos resultados, según Oliveira.
Las presiones "en lengua inglesa tienen mayor repercusión que nuestras denuncias en portugués", comentó.
La declaración de Robinson en favor de una mujer en la Suprema Corte de Justicia, en la reunión que mantuvo con el presidente Fernando Henrique Cardoso, representó un fuerte apoyo al reclamo del movimiento femenino. Hasta hoy, la máxima instancia del Poder Judicial está conformada sólo por jueces varones.
Además, la visitante criticó las violaciones de los derechos humanos en Brasil, en una reunión especial del Consejo Nacional de los Derechos de la Persona Humana, órgano vinculado al Ministerio de Justicia.
Robinson declaró que, "pese los avances", el país presenta una grave situación de abusos policiales, tortura, existencia de escuadrones de la muerte y violencias contra niños, negros, indígenas y campesinos sin tierra.
El testimonio de delegados de organizaciones sociales destacó que las mujeres tienen sólo seis por ciento de la representación en el parlamento nacional y ocupan sólo 13,24 por ciento de las funciones de jefatura en el servicio público, aunque constituyan 44 por ciento del total de funcionarios.
El Código Penal, cuya reforma se viene frustrando hace más de una década, aún mantiene la inferioridad femenina entres sus reglas. Se exime de punir a quienes ejercen violencia contra la "mujer no honesta", ejemplificó De Oliveira.
Además, el Consejo Nacional de Derechos de la Mujer, creado en 1997 para fomentar la igualdad de género, opera en condiciones precarias.
"Queremos una solución antes de junio", cuando tiene lugar en Nueva York la reunión "Beijing más 5", que evaluará los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizda en 1995 en la capital de China, afirmó la femenista.
Brasil viene incumpliendo también sus compromisos de presentar a la ONU informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el país, señalaron las organizaciones no gubernamentales y también Robinson en sus encuentros con las autoridades en Brasilia.
En relación a la Convención por la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer, el gobierno de Brasil debe informes desde 1984, cuando ratificó el documento, comprometiéndose a prestar cuentas de sus medidas en esa área.
También tiene pendiente desde 1984 la presentación de informes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales ante un comité de la ONU.
Por eso una delegación de organizaciones, parlamentarios y fiscales brasileños entregó en abril en Ginebra un documento de la sociedad civil, adelantándose al gobierno, un hecho sin precedentes en el Comité.
El movimiento negro, además de denunciar la discriminación que sigue sufriendo, criticó ante Robinson la decisión gubernamental de retirar la oferta de hacer en Brasil la conferencia regional americana sobre racismo.
Esa reunión regional, preparatoria de la conferencia mundial a realizarse en Sudáfrica en septiembre del 2001, tiene que concretarse este año, recordó Sergio Martins, coordinador de la Oficina Nacional Zumbi dos Palmares, una organización que defiende los derechos de la población negra.
El gobierno de Brasil justificó su resolución en la falta de recursos para promover la reunión continental, además del encuentro nacional que debía realizarse.
Sin embargo, Robinson y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ofrecieron contribuir para cubrir los gastos de la conferencia regional, señaló Martins, quien supone que existen otras razones para la negativa.
La visita de Robinson coincide con una coyuntura desfavorable para el gobierno brasileño respecto de los derechos humanos.
El quinto aniversario de la llegada de los primeros portugueses al territorio que hoy ocupa Brasil se celebró el 22 de abril en medio a un violento ataque policial contra indígenas, negros y campesinos que querían protestar contra su exclusión de la "fiesta".
En los días siguientes fue muerto un campesino "sin tierra" en Paraná por un disparo de la policía y numerosas personas fueron detenidas, algunas de ellas procesadas por violar la ley de Seguridad Nacional, una norma de la dictadura militar (1964-1985).
Mientras Robinson visita Brasil también volvió a ser noticia en el país el Plan Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América de los años 70 y 80.
Las nuevas denuncias al respecto, que involucran a servicios de información y militares brasileños, fueron desatadas por una autorización de la Suprema Corte de Justicia para que Argentina pueda investigar en este país la desaparición de tres argentinos en 1980.
Ese cuadro acentúa las informaciones negativas que está coleccionando Robinson, en un país conocido por su desigualdad social, los millones de niños forzados a trabajos penosos y la violencia que crece en las grandes ciudades. (FIN/IPS/mo/dm/hd/00
