Mediadores del proceso de paz de Colombia pidieron al gobierno que busque solución al bloqueo de carreteras realizado por campesinos opuestos a la anunciada desmilitarización de tres municipios del nordeste, exigida por el rebelde ELN como condición para el diálogo.
Alejo Vargas, representante del sector académico en la comisión de la sociedad civil que busca el acercamiento entre el gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), atribuyó el bloqueo de rutas a la "falta de canales de comunicación" entre las autoridades y los campesinos movilizados.
Cerca de 5.000 habitantes de los municipios de Yondó, Cantagallo y San Pablo, de la región del Magdalena Medio y el sur del departamento de Bolívar, en el nordeste, ocuparon la Carretera Troncal en cuatro puntos para oponerse a la anunciada desmilitarización.
El cierre de carreteras, realizado en un área de alta presencia de paramilitares de derecha, impide el transporte de pasajeros y alimentos desde el centro al norte del país.
"El gobierno no ha sido ágil" para responder a las demandas de los organizadores de la protesta, que buscan ser escuchados, dijo a IPS Vargas, profesor de la estatal Universidad Nacional.
Hay "desinformación entre los habitantes de la zona" sobre las condiciones en que se efectuaría el retiro del ejército, agregó.
A su juicio, también ha contribuido a la protesta "una especie de leyenda negra" acerca de otra región desmilitarizada, en el sudeste, donde el gobierno negocia la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo insurgente más fuerte.
Organismos de seguridad consideran que las FARC han aprovechado la desmilitarización de cinco municipios (cerca de 42.000 kilómetros cuadrados), para fortalecerse militarmente, planificar ataques a otras localidades y aplicar sus propias leyes.
Los habitantes de los municipios del Magdalena Medio y el sur de Bolívar temen que los guerrilleros ataquen a civiles en el caso de retirarse el ejército de esa zona.
Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización que agrupa a los paramilitares, pidió a los participantes en la protesta levantar el bloqueo y "sentarse a negociar con el gobierno".
Castaño dijo desde la clandestinidad, en un comunicado a la prensa, que considera "legítima la protesta social contra el despeje" militar, y que aboga "por una salida concertada" de "esta delicada situación".
Agregó que respeta las decisiones del presidente Andrés Pastrana "dentro de las facultades que le da la ley" para desmilitarizar una zona del país y facilitar el proceso de negociación con el ELN.
Castaño deslindó toda responsabilidad de las AUC en el cierre de carreteras, que este viernes cumplió 17 días, y comprometió a su organziación a respetar "los acuerdos a que se llegue.
Algunos analistas creen que las AUC han contribuido al bloqueo de carreteras para presionar gobierno en procura de ser reconocidas como grupo político.
Las fuerzas paramilitares, que según Castaño están conformadas por 12.000 hombres, fueron creadas a principios de los años 80 por hacendados y comerciantes apoyados por el ejército, para protegerse de la guerrilla izquierdista.
En 1989 fueron declaradas ilegales por el gobierno, por el asesinato de sindicalistas y activistas sociales y sus vínculos con el narcotráfico.
Alfredo Rangel, ex asesor presidencial de seguridad nacional, dijo a IPS que el bloqueo de carreteras en el Magdalena Medio es "de una explosividad aterradora".
En su opinión, la reacción de los campesinos opuestos a que su zona sea sede del eventual diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla "en algo que nunca antes se había visto".
Los habitantes de esa región sufrieron durante años "tantos abusos y desafueros de las FARC y el ELN, que ahora parecen estar decididos a pasarles la cuenta", agregó.
La posible presencia de paramilitares en la medida de protesta "hace más peligrosa" la situación, pues pone en riesgo el proceso de paz.
Nicolás Rodriguez, conocido como "comandante Gabino" e integrante de la dirección del ELN, afirma que el temor de los campesinos de la zona se debe en parte a "la presión de quienes no están de acuerdo con el proceso de paz".
El ELN pidió la desmilitarización de tres municipios del nordeste para realizar una convención nacional, con participación de la sociedad civil, en la que sería redactada una agenda para la negociación con el gobierno.
Las autoridades solicitaron el jueves a los organizadores del bloque, que ha causado pérdidas por 2,5 millones de dólares, que suspendan su movilización, para conversar sobre las condiciones de la desmilitarización. (FIN/IPS/yf/ff/ip/00) .