Dirigentes de 14 municipios del nordeste de Colombia confirmaron hoy que mantendrán su protesta contra la anunciada desmilitarización de una zona para instalar el diálogo entre el gobierno y el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El comité de paro no aceptó levantar el bloqueo de la carretera Troncal del curso medio del río Magdalena, que cumple este lunes su sexto día, como condición previa para iniciar el diálogo, como pidió el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez.
El ministro de Transporte, Gustavo Canal, afirmó que el corte en cuatro puntos de la ruta Troncal afecta el tránsito de carga y de pasajeros entre el centro y el norte de Colombia, con pérdidas cercanas a los 500.000 dólares diarios.
Tras la frustrada reunión, que se llevó a cabo este lunes en el municipio de Puerto Boyacá, nordeste del país, los manifestantes divulgaron un comunicado en el que reafirman que "se mantendrá la protesta general" hasta que sus demandas sean atendidas.
El gobierno anunció a fines de abril la próxima creación de una "zona de encuentro" desmilitarizada, de 4.727 kilómetros en el nordeste colombiano, donde hay una fuerte presencia de paramilitares de derecha.
El área fue pedida por el ELN, segunda guerrilla del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de realizar una Convención Nacional para definir con representantes de la sociedad civil una agenda de negociación de paz.
Los campesinos, liderados por la Asociación Civil para la Paz y el Comité del NO al Despeje, se oponen a la desmilitarización de la zona, por entender que es devolverle al ELN un territorio del que fueron expulsados por los paramilitares hace más de dos años.
Los campesinos creen que el gobierno de Andrés Pastrana no podrá evitar que el ELN cometa excesos similares a los que han sido denunciados en la zona desmilitarizada desde hace más de un año en el sur del país para el diálogo con las FARC.
Pastrana dijo el sábado a los organizadores del paro que los acuerdos con el ELN garantizan "el respeto absoluto a la población civil".
No obstante, el ex gobernador de Antioquia Jaime Uribe opinó que la desmilitarización de la zona representa "un grave riesgo", por las características económicas de la zona.
La zona donde se prevé el retiro de los militares está localizada en un sector del curso medio del río Magdalena, en el que confluyen cinco departamentos, rica en recursos mineros y centro de disputa territorial entre el ELN y las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia.
El principal centro de actividad económica se encuentra en el municipio de Yondó, al nordeste del departamento de Antioquia, donde está el campo petrolero de Casabe, que produce 7.200 barriles diarios de crudo.
Aunque se trata de una cifra menor comparada con los 700.000 barriles diarios que se producen en el país, expertos consideran que la desmilitarización es una "bomba de tiempo", ya que por la región pasa también la principal red de oleoductos de Colombia.
El ELN declaró en 1985 "objetivo militar" a la infraestructura petrolera, en rechazo a la forma de contratación con las empresas transnacionales, y desde esa fecha ha realizado más de 500 atentados causando pérdidas millonarias.
Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que las decisiones que se tomen en los próximos días respecto del bloqueo de carreteras van a ser decisivas para el proceso de paz colombiano.
El experto entiende que el gobierno está en una encrucijada, pues, si mantiene su posición de desmilitarizar la zona, deberá enfrentar a sus habitantes, y si acepta el reclamo tendría nuevas discusiones con el ELN, que insiste en que el diálogo se haga allí.
Otros analistas consideran que el gobierno podría salir bien librado si lleva a cabo una campaña pedagógica con la que pueda ganar la confianza de los habitantes de la región, que incluya un claro compromiso del ELN de que se respetará la población civil y la infraestructura económica de la región.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Luis Villegas, señaló que los acuerdos con el ELN deben incluir el nombramiento de una comisión de verificación, con presencia internacional, que vele para que los compromisos se cumplan. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
